Cambiemos presentó su proyecto de blanqueo laboral sin estridencias y desde la banca del senador por San Juan: Roberto Basualdo. Era una de las cartas potentes del oficialismo para avanzar sobre el nuevo escenario que bosqueja hoy con menos expectativa/energía pero confirmando rumbo.

Como anticipó este diario, la CGT ya brindó su visto bueno a los ejes del escrito, según comentó en su momento el adjunto de Azopardo Andrés Rodríguez (UPCN).

"Regularización del empleo no registrado, lucha contra la evasión en la seguridad social y registración laboral", es su título completo. "Presentado luego de las PASO en tierra sanjuanina, lo que se dice precaución política, datos no opinión", ironizó el abogado laboralista Luis Roa, de la agrupación Norberto Centeno, a BAE Negocios. La iniciativa resguarda trazos de la ofensiva optimista que también piloteó el ex jefe de la cartera laboral Jorge Triaca cuando el Ejecutivo se jactaba, en voz baja, de disciplinar a las organizaciones sindicales. En espíritu las premisas apuntan al blanqueo laboral con un universo del 35% de trabajadores en negro, impulsar la creación de nuevos puestos de labor aún en tiempos de récord de pérdida de trabajo registrado y un tópico alto de expectativa empresaria "reducir la litigiosidad". Este último, luz de alerta para sindicatos.

Laboralistas aseguran que es una versión maquillada de otro proyecto similar ya presentado

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Para quienes regularicen personal a corto plazo habrá condonación de deudas por aportes, prevé la iniciativa de Basualdo, como también extinción de acción penal, multas y hasta la baja del "veraz laboral" titulado Registro Público de Empleadores son Sanciones Laborales (Repsal).

El promedio de informalidad que mensura la Casa Rosada llega a 42 meses, respecto a que los trabajadores incluidos en el blanqueo tendrán derecho a computar hasta 5 años de servicio, meses que serán calculados en un monto por mes que equivale al promedio del salario básico inicial de convenio.

"Es un refrito del proyecto presentado en las vísperas del 1° de mayo pasado bajo el numero 1381/18. Lo que no agrega, es algo al respecto del fondo de cese laboral con el que pretenden terminar con las indemnizaciones por despido", fustigó Roa. Respecto a promoción de empleo el artículo 11 establece que quienes incorporen personal en el plazo de un año, desde la reglamentación de la norma, tendrán eximidas sus contribuciones al sistema previsional (SIPA), por dos años a partir del registro, no computan excepción aportes al PAMI, obras sociales y las ART.

Sin aquel entusiasmo pre tormentas económicas en Cambiemos no dan garantizada la aprobación de la carpeta que presentó Basualdo más allá de que resalten que "sindicalistas y hasta opositores saben que habrá cambios más tarde o temprano respecto al ámbito de normativa laboral".

Sí resalta el oficialismo que se incrementarán las multas a empleadores respecto a personal no registrado. También la definición del salario mínimo como unidad de mensura para definir multas. "Es sencillo el cálculo y no tiene posibilidad de dirimir en tribunales", ponderan asesores del Gobierno. Consideran así firme la defensa de los trabajadores con menores salarios y más afectados por el trabajo en negro.

Los dirigentes sindicales de fluido diálogo con el Gobierno coinciden con funcionarios en que se reducen un 55% las contribuciones, bajará la presión tributaria para empresas y de allí podría (potencial en tiempos de crisis) generarse más oxígeno para crear empleo registrado. El oficialismo incluso desliza en tiempo preelectoral que "nos conviene hoy a nosotros o a otros si es que ganan en octubre".