La excepcionalidad de la pandemia llegó también al mundo del trabajo. Así lo admiten empresarios, dirigentes sindicales y abogados laboralistas en la certeza de que no hay antecedentes de que la CGT haya avalado una ola de suspensiones masivas. Alineados con el Gobierno en Azopardo recalcan la necesidad de "mantener los puestos de trabajo cobrando un piso del 75%". Como lo resumió el dirigente mecánico Ricardo Pignanelli, el presente se define como "la pandemia después de la pandemia".

Metalúrgicos, Smata, Gastronómicos, entre otros, ya podaron sueldos. Comercio vuelve este lunes a la mesa con las cámaras para afinar detalles en rango de "perder por poco". La incertidumbre del aislamiento obligatorio hace a lo inédito del acuerdo firmado el martes entre la central obrera y la UIA y da lugar a una serie de interrogantes sobre sus implicancias y su letra chica. Juega su partido un detalle en datos duros, la merma de los aportes sindicales es mucho más que "una punta del iceberg Covid-19"

Como explicó a BAE Negocios el titular de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) Matías Cremonte, las suspensiones a las que habilita el pacto no se relacionan con sanciones disciplinarias sino que se enmarcan en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT): cese de la prestación laboral por causas económicas.

Por ese mismo motivo, añadió Cremonte, el acuerdo rubricado no obliga a una modificación del DNU 320/2020 del 1º de abril que prohibió por 60 días los despidos y suspensiones, ya que este estableció como excepción las suspensiones dadas por el art. 223 bis de la LCT. "No deja de ser contradictorio, porque por otro lado prohíbe las suspensiones por fuerza mayor", aseveró el abogado.

El acuerdo, homologado por el Ministerio de Trabajo, tampoco obliga en lo formal a los sindicatos a aceptar la rebaja salarial. "El gremio que no quiera firmar no lo hará", admitió a este diario Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la UIA y referente de la Copal, quien agregó que sin embargo "en ese caso se podrá pedir al Ministerio que laude" en la situación. En tono de obviedad sindical cualquier rebeldía gremial puede devenir en males mayores 

En cuanto a que para algunos sectores patronales: "toda crisis es oportunidad para una reforma laboral", Funes de Rioja consideró que vislumbrar esa alternativa en medio de la pandemia "es una infamia inaceptable, ningún empresario quiere suspender o despedir".

Por el acuerdo, "el sindicato está obligado a negociar, pero si se niega a reducir el salario no lo puede obligar ni la CGT ni la UIA ni la empresa ni el Ministerio", explica Cremonte.

El acuerdo, al que uno de los titulares de la CGT Héctor Daer ponderó como marco base para todos los rubros de actividad, implica que los empresarios terminarán pagando un porcentaje chico del salario, debido al programa ATP donde el Estado se hace cargo de hasta 2 salarios mínimos por trabajador. "Si el empleado cobra $64.000, el Estado pone $32.000, el empresario $16.000 y el trabajador otros $16.000 (porque acepta reducir su ingreso en un 25%)", ejemplifica el abogado laboralista. Detalle no menor que al ATP recurrió el Sindicato de Comercio (SEC) a fin de abonar el sueldo de los trabajadores que prestan servicio en esa estructura gremial como reseñó este medio el jueves.

Funes de Rioja, sin embargo, opinó que este "no es un acuerdo de rebaja de salario porque los que trabajan lo siguen cobrando". En cambio, para el referente empresario, quienes sean suspendidos "cobran una asignación no remunerativa porque no hay seguro de desempleo". "En la mayoría de los países del mundo esta obligación la afronta directamente el Estado", añade el dirigente industrial.

Ya firmaron

Los acuerdos de emergencia que ya pactaron Smata, los gastronómicos de Luis Barrionuevo, textiles y más sumaron hace algunas horas el arco metalúrgico. El más reciente fue el que la UOM firmó con la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (Camima) que preside José Luis Ammaturo. Por el mismo se pactó, con el visto bueno de la cartera laboral, el pago de un monto no remunerativo y suspensiones por un plazo de vigencia inicial de 120 días, computados desde abril pasado

El jefe de la UOM, Antonio Caló, dijo que esta alternativa no puede interpretarse "como una baja de salario" ya que se evitan despidos por 4 meses y está asegurado el 70% del salario a afiliados que cumplen la cuarentena. El paso a paso salarial incluye una cuestion de fé, que el pico del Covid-19 no llegue, porque no tendrá techo la corrosión del virus sobre el trabajo argentino.