El fiscal de Maldonado, Alejandro Machado, pidió ayer a la Justicia uruguaya 11 años de prisión para el empresario platense Marcelo Balcedo, por hallarlo responsable de lavado de activos, delitos de contrabando, un delito de tráfico internacional de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados.

El ex propietario del diario Hoy, que dejó de publicarse la semana pasada, ya se encuentra cumpliendo prisión preventiva en un centro carcelario de ese departamento uruguayo.

El fiscal también pidió 10 años de cárcel para Paola Fiege, esposa de Balcedo, por lavado de activos y delitos de contrabando.

La mujer, nacionalizada uruguaya, cumple prisión domiciliaria en su mansión El Gran Chaparral ubicada en las proximidades de próxima a Piriápolis.

Además, el fiscal solicitó el decomiso de todos los bienes incautados.

“MANIOBRAS EXTORSIVAS”

En el escrito , la fiscalía señala que “con el producido de su actividad precedente ilícita (proveniente de las maniobras extorsivas de afiliación compulsiva al Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME), apropiación indebida de sumas millonarias por parte de Balcedo. de dicho sindicato así como la vinculación de ambos co-imputados con la organización criminal denominada: “B.L.M.” la cual se dedica al narcotráfico), Balcedo y Fiege compraron bienes inmuebles y muebles de gran valor comercial así como dos aeronaves, entre otros, convirtiendo de este modo el dinero mal habido y otorgándole apariencia de licitud a los bienes por ellos adquiridos”.

Balcedo y Fiege vivían en “El Gran Chaparral”, una lujosa mansión en las cercanías de Piriápolis donde fueron detenidos en enero y donde la mujer cumple prisión domiciliaria.

La fiscalía también señala que “muchas de esas adquisiciones se realizaron a través de múltiples empresas de las que los imputados eran propietarios. Dichas sociedades actuaban mediante testaferros, los que eran allegados y tenían sin lugar a dudas un vínculo con los hoy acusados, prestándose para actuar como representantes legales de las empresas. En tal sentido, las sociedades fueron conformadas para ocultar el verdadero origen y propiedad real de los bienes, productos u otros derechos relativos a los mismos, procedentes de la actividad ilícita que desarrollaran los imputados”, agrega el escrito.

Balcedo era director del diario Hoy y estaba vinculado a empresas periodísticas como Emisiones Platenses y la revista La Tecla.

Balcedo “heredó” el puesto de secretario general del SOEME en 2012 tras la muerte de su padre, Antonio Balcedo y a los pocos meses de estar al frente de ese gremio, el sindicato implementó una estrategia para sumar afiliado: registrar compulsivamente y con planillas falsas a trabajadores en la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

El fiscal Rodrigo Morosoli había imputado en enero de 2018 por tres delitos al sindicalista platense y a su pareja, quienes pasaron 120 días en prisión preventiva como medida cautelar.

En mayo, la jueza de Crimen Organizado, María Elena Mainard, había determinado que la prisión preventiva que fue aplicada a Balcedo fuera extendida por cuatro meses más.

Luego de cumplidos esos 120 días, como medida cautelar, en espera a su extradición, Balcedo y Fiege continuaron en prisión durante 60 días más. La decisión que tomó en ese momento la jueza Mainard se aplicó a la causa que el matrimonio tiene en Argentina. La fiscalía pidió que se mantuviera la prisión para ambos ante el riesgo de fuga.

Durante la audiencia, el fiscal Alejandro Machado había asegurado que “por su poder económico, pueden fugarse”. “Ellos no tienen los mismos valores que la gente de bien, ya que no tuvieron escrúpulos en escapar con el dinero” traído desde Argentina, sostuvo el fiscal. Como parte de las pruebas, la fiscalía presentó audios tomados de intervenciones telefónicas realizadas en enero de este año en el que la pareja comentaba la posibilidad de escapar, aunque Fiege reclamó que en ese momento estaban ya presos.

A principios de marzo, la Justicia de Uruguay aceptó extraditar a Balcedo y a su mujer, pero determinó que su regreso a la Argentina está supeditado al final del proceso judicial en ese país. Según lo dispuso la jueza Mainard, ambos deberán ser juzgados en Uruguay y cumplir con una posible condena, y sus bienes, valuados en 15 millones de dólares, deberán permanecer en el país vecino. El representante de la embajada argentina, el abogado Jorge Rodríguez Pereyra, apeló el fallo para que el patrimonio del sindicalista sea trasladado al país.