Apuntaron especialmente a la Intervención del Sindicato de Petroleros Privados de Santa Cruz, que desde el 2011 está en esa situación legal ante la interna que ocasionó paros extensos que perjudicaron la producción y las regalías de la provincia. También se dirigieron al poder político, en este caso al Ejecutivo provincial.

Víctimas de internas- Estos trabajadores se encuentran desempleados de las operadoras Roch y Petrobrás, y subcontratistas como San Antonio, Glaco, Skanska, H.P., Sodexo, Servicom, Edvesa CGS y Sipetrol.

“Hemos sido injustamente despedidos de dichas operadoras, sin motivo alguno y negándonos sistemáticamente el derecho de trabajo, hemos sido víctimas de las internas intestinas que tiene la Federación Argentina de Trabajadores de Petróleo y Gas Privado, nuestro sindicato local, y la provincia de Santa Cruz”, expresaron.

Asimismo, recordar que al momento de la intervención del gremio se había acordado un acta de paz social que implicaba la continuidad laboral, no a los despidos y también mantener la producción sin efectuar medidas de fuerza.

“Así como se escribió se borró con el codo, y comenzaron los despidos en el petróleo y gas privado. De esa manera cayó la paz social, existiendo conflictos laborales en zona norte y sur”, indicaron los desocupados al tiempo que sostuvieron que quedaron en medio de “estas redes sindicales y políticas”.

El grupo de trabajadores viene realizando distinto tipo de protestas, entre las que se encuentran las continúas concentraciones frente a Petrobrás con quema de cubiertas, y el bloqueo de la planta de Punta Loyola, que motivó entre semana la presencia de la jueza federal Ana Cecilia Alvarez.

Actualmente un grupo sigue en el lugar aunque permitiendo el ingreso y egreso del personal, como así también la carga de combustible.

Ayer, en la carta abierta denunciaron: “No tenemos defensa alguna del sindicato intervenido, donde actualmente está como delegado normalizador Jorge Burgos, que nos dice que ‘ya no somos afiliados’ y se siente ‘atado de pies y manos’ por la Federación”.

Sostuvieron que se presentaron en la Secretaria de Estado de Trabajo y que no les contestaron que no podían hacer nada por ellos, por no tener delegado ni abogado que los represente, y hasta informaron que intentaron hablar con el gobernador Daniel Peralta, pero no fueron atendidos.

“Con esta lucha ya llevamos dos meses sin ningún tipo de respuestas, no se intentó una conciliación o una mesa de diálogo, con representantes de las operadoras, el Gobierno provincial y el sindicato con su delegado normalizador, no hemos sido oídos”, afirmaron entre otras cosas.