El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, solicitó a la justicia de Uruguay que conceda la extradición temporaria del sindicalista Marcelo Balcedo, detenido con prisión domiciliaria en Punta del Este, para poder indagarlo en nuestro país por lavado de activos, entre otros delitos.

El pedido es para que se active esa diligencia. El gremialista está preso desde hace un año y medio en aquella jurisdicción y esa situación no favorecería el avance de las investigaciones en los tribunales platenses.

El requerimiento fue enviado a la jueza uruguaya María Elena Mainard, a cargo de la causa por lavado de dinero. El trámite remite a una entrega temporal de Balcedo y de su pareja, Paola Fiege, ambos detenidos desde enero de 2018.

Existe una previsión: en caso de recibir una respuesta negativa al primer pedido, Kreplak planteó la posibilidad de que con representantes argentinos en Uruguay se le tome declaración indagatoria a Balcedo y a su esposa mediante el sistema de videoconferencia. El magistrado insiste en la premura de esta decisión.

Los pedidos iniciales había sido formulados por los fiscales federales de La Plata Guillermo Ferrara y los de la Procelac -la Unidad Fiscal anti lavado- Mario Villar y Laura Roteta.

Balcedo, ex secretario generales del Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (Soeme) fue apresado en su finca del balneario uruguayo de Piriápolis, con medio millón de dólares en su poder, armas y autos de alta gama que no estaban registrados ni declarados ante los organismos correspondientes.

También fueron secuestrados más de 7 millones de dólares en cajas de seguridad que el propietario del diario HOY tenía en Uruguay.

En marzo 2018, la justicia uruguaya concedió la extradición de la pareja. No obstante, suspendió la entrega de ambos a la Argentina "hasta la conclusión de la causa que se le sigue" a ambos en aquel país.

La resolución fue adoptada por la jueza Mainard, al denegar el pedido de la defensa de Balcedo para que rechazara su extradición. En aquella oportunidad, el argumento fue que el juez Kreplak, tenía "animosidad" contra el sindicalista.

En simultáneo con esas actuaciones, la justicia Federal de La Plata ya había dictado la prisión preventiva y determinado un embargo millonario a Miriam Chávez, madre de Balcedo, procesada también por haber recibido 64 millones de pesos del Soeme, que conducía su hijo hasta 2017.

La medida fue dispuesta por el juez Kreplak. Además, el magistrado mantuvo el beneficio del arresto domiciliario para Chávez, pero tramitó el embargo de bienes por 400 millones de pesos.

A la espera de la determinación de la jueza Mainard, el ex secretario general permanecerá detenido en su chacra. Si hay denegatoria del pedido de Kreplak, Balcedo permanecerá en prisión domiciliaria hasta que reciba condena.

Más temprano, cerca del mediodía, la sala 2 de la Cámara Federal de La Plata había confirmado los procesamientos en la causa Balcedo por lavado de dinero, asociación ilícita y defraudación al Soeme.

En un fallo del 27 de septiembre que se conoció este lunes, el tribunal conformado por César Álvarez, Roberto Agustín Lemos Arias y Andrés Salazar Lea Plaza resolvió "confirmar la resolución apelada" para Myriam René Chávez de Balcedo, Julio César Pecollo, Silvia Hebe Canal, Francisco Alberto De Marco,Hebert Raúl Da Cunha, Pablo Andrés Landini y Mauricio Elías Yebra.

"En definitiva, examinados y desechados los agravios de las partes, sólo cabe, entonces, confirmar la resolución apelada, aclarando que la debida calificación legal que cabe asignar a todos los procesados es la de coautores del delito de asociación ilícita y lavado de activos agravado por haberse realizado con la intervención de una persona de existencia ideal y partícipes necesarios en la defraudación por administración infiel en perjuicio del Soeme", dice el fallo de la Cámara.

Los jueces recordaron que "los diversos informes presentados por el Cuerpo Colegiado de Intervención Judicial dan cuenta de que los débitos efectuados en las distintas cuentas del Soeme entre 2012 y 2017, sin respaldo documental, ascendían aproximadamente al 50% de las operaciones, equivalente a 710 millones de pesos".

Añadieron que "la agrupación criminal se hallaba conformada por varios miembros, entre los cuales mediaba evidentemente un acuerdo tendiente a desviar dinero del Soeme a fines extra-estatutarios".

"Ha existido un claro reparto de roles, coordinados o subordinados al de los demás. Se observa que los miembros de la banda han tomado parte de la asociación con notoria estabilidad en el tiempo, con aportes reiterados en el lapso de varios años", plantearon los camaristas.

Apuntaron que "la pluralidad de planes delictivos también se tiene por configurada, lo cual aquí, en esta causa, se limita a la reiteración del ilícito de administración fraudulenta y del ilícito de lavado de activos, aunque existen otras causas penales conexas sobre extorsión y usura en curso de investigación, como lo ha aclarado el juez en su resolución".

De ese modo, la Cámara ratificó la decisión adoptada por el juez Kreplak.

El magistrado investiga si entre 2012 y 2018 la presunta asociación ilícita obtenía fondos mediante la administración infiel en perjuicio del Soeme, la posible afiliación compulsiva de personas al sindicato, la posible usura en los préstamos que desde esa entidad se otorgaba a los afiliados, posibles maniobras vinculadas con el narcotráfico y posible extorsión de personas.