Piden al ombudsman que accione contra el aumento de Secheep

Piden al ombudsman que accione contra el aumento de Secheep

A través de una nota enviada al defensor del Pueblo Gustavo Corregido, organizaciones sociales y gremiales manifestaron su rechazo a una suba del servicio eléctrico y solicitaron que se tome medidas al respecto. 

La empresa es cuestionada por desmanejos y desfinanciamiento. Ayer la Legislatura trató el llamado a audiencia pública para el incremento de la luz que empezaría a regir a partir del 1 de enero próximo. La propuesta de la oposición no prosperó y finalmente se aprobó un texto modificado por el oficialismo que solicita al Ejecutivo «considere instrumentar los mecanismos para llamar a audiencia pública».

Una decena de organizaciones y movimientos sociales solicitaron la intervención del defensor del pueblo Gustavo Corregido en defensa de los usuarios, frente a lo que consideran «un aumento injusto del 35% de la tarifa eléctrica que Secheep pretende aplicar a partir de enero de 2015, conforme a los comunicados que ha estado enviando a los medios».

En este sentido indicaron: «Consideramos que la determinación del precio justo únicamente debe contemplar los costos fijos y variables necesarios (obtener, mantener y conservar la fuente prestadora) para prestar el servicio, más un margen mínimo de ganancias para realizar el mantenimiento y las inversiones para su correcto y eficiente funcionamiento. El precio no debe contener el mantenimiento de la superestructura de recursos humanos ociosos y no necesarios para la prestación del servicio, ni de funciones ajenas al objeto social. Si el Gobierno quiere mantenerlos debe hacerse cargo a través de rentas generales».

Aumentos sin justificacion

Más adelante estos movimientos indicaron: «Estamos convencidos que se debe determinar fehacientemente la fórmula y conceptos aplicados para su determinación de acuerdo a los ítems correspondientes, y teniendo presente el detalle más abajo realizado por el que no queremos el aumento tarifario, como así también se equipare

nuestra provincia a los valores de otras provincias como Buenos Aires, que paga cuatro veces menos».

Al tiempo que consideraron «injusto, discriminativo y persecutorio que se pretenda aumentar la tarifa y no se investigue las irregularidades con tipificaciones penales detectados en los balances desde 2007 como el del ejercicio 2011, que no obstante ser certificados por fiscales del Tribunal de cuentas y auditores externos igual se lo haya aprobado y ahora pretendan hacernos cargos de los costos a través del incremento de la tarifa».

Por esto instaron al órgano que defiende los derechos afectados de los ciudadanos chaqueños a que «efectúe la denuncia por discriminación atento que somos una de las provincia que más pagamos por un servicio y desde la gestión hace más de una década es administrada por la misma dirigencia y nos ha estado trasladando su ineficiencia al resto de los chaqueños».

Pesima administración

En otro punto aseguran que «todos hemos sido objetos de violencia por parte de la empresa debido a la pésima administración que produce cortes de energía, bajada y subida de tensión, y quemas y/o degradación de equipos electrodomésticos e instalaciones domiciliarias, con el agregado de facturaciones erradas por el mal funcionamiento de los medidores debido a la oscilación de la provisión del servicio eléctrico domiciliario y otras situaciones que bien estudiado e investigado por el defensor del pueblo con las herramientas constitucionales y materiales que posee se puede determinar fehacientemente, de la que debe ser partícipe el usuario, que es lo que en definitiva dará transparencia al acto».

«Es necesario que la información no se parcialice y se escuche y defienda los intereses de los usuarios, ya que Secheep siempre va a intentar imponer el aumento de la tarifa porque pretende que todos paguemos los costos de una administración fraudulenta e irresponsable», apuntaron y reiteraron: «Se debe entender que los usuarios no podemos financiar las actividades ajenas al objeto social, que al ser una empresa monopólica, los administradores y el Gobierno pretenden utilizarlas prebendariamente sin que nosotros los verdaderos dueños tengamos posibilidades de reclamar y exigir el respeto de nuestros derechos y garantías».

Ante lo expuesto consideraron «necesario revertir la ley de modificación del objeto social para que no sea el pueblo que pague las malversaciones de fondos que se producen como consecuencia de esta».

Por último recordaron que «el defensor del pueblo, como lo determina su título, está para defender al pueblo y no a una empresa que se ha comportado como si fuera privada, con privilegios del primer mundo donde los altos funcionarios ganan hasta $150 mil, puede hacer ingresar a toda su familia sin restricciones, mientras que al pueblo se lo discrimina, y termina siendo vilmente saqueados, por lo que peticionamos y decimos no al aumento injusto de la tarifa».

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