El fuego cruzado que desató el apagón del pasado martes en la capital salteña tuvo ayer un impensado punto de inflexión cuando el Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta (Enresp) y los trabajadores de Luz y Fuerza, que siguen en huelga, coincidieron en requerir urgentes intervenciones del Ente Regulador Nacional de la Electricidad (ENRE) para responder a los serios interrogantes abiertos por el sistema que opera Transnoa en la provincia.
Los trabajadores en huelga en la estación transformadora del barrio San José reclamaron idénticas medidas al organismo nacional con competencia sobre la concesión de Transnoa, pero en su caso también requirieron una auditoría técnica, legal y contable a la empresa en la que denunciaron vaciamiento, desinversión crónica e incumplimientos a leyes laborales, convenios colectivos y esenciales normas de seguridad. La propia transportista, en un informe que expuso El Tribuno ayer, señaló que tiene líneas de 40 años, transformadores sobrecargados y otros preocupantes indicadores de un sistema que está al límite, porque las inversiones no acompañaron el crecimiento de la demanda. En su último informe anual a la administradora del mercado eléctrico argentino (Cammesa), Tansnoa asumió que su sistema opera en “condiciones de emergencia” que obligan a disponer “cortes de demanda”, además de definirlo en “un estado de criticidad por demás alarmante”.
Por denunciar el estado de desinversión, vaciamiento y de incumplimientos en Transnoa, fue despedido el delegado electo por los trabajadores, José “Pepe” Barraza, y en medio de la conciliación obligatoria que convocó la cartera de Trabajo, la empresa cesanteó a otros cuatro empleados que también cuestionaron la desatención de las guardias en las estaciones transformadoras con personal capacitado y la falta de elementos de seguridad indispensables.
Una jornada bastante movida
La huelga de trabajadores despedidos por Transnoa sumó ayer adhesiones de personal de otras empresas ligadas a la generación, el transporte y la distribución de energía. Estas se sumaron a la declaración que el Concejo Deliberante de Tartagal comunicó el pasado 4 de julio a la cartera de Trabajo de la Provincia, en reclamo de un acto de justicia e intervención, tras el despido del delegado José Barraza y otros cuatro trabajadores. Ellos, junto a otros compañeros, esperan en la planta de San José que alguna autoridad reciba los informes que tienen para entregar, incluidos los registros de las fallas que originaron el apagón del martes. Esa noche, el titular del Enresp señaló que la manifestación de huelguistas demoró el ingreso de técnicos a esa planta.
Ante la versión de un posible sabotaje, desprendida de esas declaraciones, el fiscal Eduardo Barrionuevo convocó al funcionario a una audiencia informativa. Allí, Isasmendi aclaró que no acusó a trabajadores y que pidió las actuaciones al ENRE.
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