Pidieron la libertad de los detenidos por el caso UTA

Pidieron la libertad de los detenidos por el caso UTA

El abogado Pedroza insiste en que no hay pruebas que demuestren la figura del secuestro coactivo.

Para hoy se aguarda que el fiscal penal N§ 6, Horacio Córdoba Mazuranic, resuelva el pedido de eximisión de prisión de los cuatro detenidos por la violenta toma de la sede de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).En un escrito presentado el viernes por el abogado Santiago Pedroza y que hizo extensivo al juez de Garantías, Ignacio Colombo, solicitó que se disponga la libertad sus clientes sujeta a medidas sustitutivas. También requirió el cambio de carátula de la causa por la que están imputados Omar Pereyra, Daniel Hipólito González, Walter Ignacio Pérez y Oscar Raúl Villa. A partir de la denuncia presentada por el secretario general del sindicato de choferes de colectivo, Jorge Flores, los nombrados fueron acusados de "secuestro coactivo, robo en poblado y en banda y daño simple".Pereyra, González, Pérez y Villa están sindicados como los cabecillas de la toma de la sede gremial de la UTA, el lunes pasado, de la que participaron 32 personas. De acuerdo con la denuncia de Flores los intrusos lo mantuvieron cautivo junto a otros dos miembros de la comisión directiva y que en esas circunstancias lo coaccionaron para que presentara la renuncia. El dirigente refirió que el grupo no solo lo mantuvo cautivo por espacio de siete horas, sino que provocó daños a las instalaciones del sindicato y a su vehículo particular. Además denunció la desaparición de 80 mil pesos de la oficina del secretario de Finanzas de la entidad."La figura del secuestro coactivo no encaja en lo que realmente ocurrió", dijo Pedroza aEl Tribuno. Y agregó: "Tenemos videos y grabaciones que prueban que nada de lo que afirma Flores pasó". El secuestro coactivo prevé penas de 5 a 15 años de prisión y la estrategia del abogado es que la imputación se reduzca a la figura de "privación ilegítima de la libertad simple". En este caso el Código Penal establece penas de seis meses a tres años."Los incidentes del lunes no fueron premeditados ni ocurrieron por casualidad, sino que fueron consecuencia de la interna que impera dentro de la comisión directiva de la UTA y si analizamos esto ni siquiera podemos hablar de una privación de la libertad", señaló Pedroza. Indicó que los que ingresaron al sindicato fueron pedirle explicaciones a Flores acerca de los motivos por los cuales se venía negando a convocar a una asamblea para tratar la problemática de los trabajadores. "El hecho de que hayan trancado la puerta no significa que lo hayan secuestrado, sino que querían que el conductor del gremio les de una respuesta al reclamo".Pedroza también cuestionó la decisión de la Justicia de mantener en prisión solo a cuatro de las 32 personas que participaron de la toma de la sede gremial. "Todos están acusados de secuestro coactivo, pero resulta que el fiscal resolvió mantener en presión a un número reducido y liberar a la mayoría", advirtió el penalista. A su juicio "aquí algo que no cierra", y consideró que "con estos elementos las posibilidades están dadas para que los muchachos recuperen la libertad cuanto antes". Frente a lo expuesto, el abogado sostuvo que "lo primero que queremos lograr es la libertad de los detenidos y luego reforzar la estrategia de defensa para demostrar que no hay elementos que prueben el secuestro coactivo".La conducción nacional de la UTA también está analizando lo ocurrido en el gremio a partir del informe que elaboró el secretario de Interior Jorge Kienner, quien arribó a Salta para interiorizarse de la situación. Todo indica que la comisión directiva quedará en minoría ya que la mayoría de sus miembros están enfrentados a Flores. "A los que estamos en contra, seguramente nos querrán expulsar", advirtió el secretario adjunto, Sixto Tactagi.PEDIDO DE LOS FAMILIARESFamiliares de los detenidos se reunieron el viernes pasado con el juez Colombo. Según el abogado Pedroza, en la ocasión le pidieron al magistrado que se garantice la integridad física de los presos alojados en la alcaidía de Tribunales. También solicitaron una audiencia con el fiscal Córdoba Mazuranic, la que podría concretarse hoy. La familia reclama la libertad, porque todos son trabajadores, padres, y que por esta situación corren el riesgo de ser cesanteados de las empresas donde prestan servicio”, dijo Pedroza.

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