En la presentación realizada ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, el sindicato requirió que se ponga en marcha el procedimiento establecido por la Constitución Provincial y la ley 13.661 contra del juez Gustavo Damián Lullo, titular del Juzgado de Familia Nº5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, por los hechos gravísimos de violencia de género denunciados por sus ex parejas. Asimismo, se solicitó el apartamiento preventivo de su cargo mientras dure el proceso.

Por otra parte, en la presentación realizada ante la Suprema Corte, la AJB exigió al máximo Tribunal que a través de la facultad que les otorga el art. 29 bis de la ley 13.661 dispongan el licenciamiento compulsivo de Lullo, por resultar los hechos denunciados incompatibles con la continuidad del ejercicio de la magistratura, en particular por el fuero en que el juez se desempeña.

La decisión de formalizar el pedido de juicio político contra Lullo fue adoptada de manera unánime por la Comisión Directiva Provincial de la AJB en la reunión del pasado 25 de mayo.

Débora Bertone, secretaria de Géneros e Igualdad de Oportunidades de la AJB expresó que “Es preciso resaltar la circunstancia de que el denunciado es un juez de familia y, por ende, responsable de resguardar los derechos de las personas ante la violencia de género. A su cargo está la escucha activa de las mujeres que sufren violencia, que debe ser practicada ineludiblemente con perspectiva de género. Resulta inconcebible suponer que un juez de familia, acusado de hechos tan graves de violencia contra las mujeres posea la idoneidad requerida para el cumplimiento de su cometido”.

[SOBRE EL CASO]

Cabe resaltar que en las denuncias penales realizadas en 2017 y 2019 por dos de sus ex parejas se ponen claramente de manifiesto los actos brutales de violencia física, psíquica, económica y simbólica ejercidos por Lullo contra ambas, y de manera menos directa contra sus hijos e hijas, incluso cursando una de las mujeres un embarazo y en varias ocasiones en presencia de las y los niños.

En las denuncias penales realizadas en 2017 y 2019 por dos de sus ex parejas se ponen claramente de manifiesto los actos brutales de violencia ejercidos por Lullo contra ambas, y de manera menos directa contra sus hijos e hijas, incluso cursando una de las mujeres un embarazo y en varias ocasiones en presencia de las y los niños. 

Las pericias realizadas dan cuenta de la estructura y prácticas violentas del juez Lullo hacia su familia y particularmente hacia las mujeres con las que convivió, así como del efecto de esta violencia sobre sus hijos e hijas. También se encuentra radicada una causa en el fuero de familia, y pesa sobre el magistrado una denuncia por desobediencia por haber violado una medida de restricción perimetral.

Otro aspecto a resaltar es la llamativa inactividad en cada uno de los procesos, en los que sin perjuicio del dictado de medidas protectorias, luego de meses o años –según el caso- de iniciados los procesos no se ha avanzado aún en la producción de la abundante prueba ofrecida. Al respecto, en la presentación realizada a la Suprema Corte, la AJB requirió que se investigue la conducta de las y los magistrados que por acción u omisión hayan obstaculizado el acceso de las víctimas a la protección a la que tienen derecho.

“Otra prueba de la impunidad de la que goza Lullo entre sus pares, es la demora de la Unión de Magistrados de Lomas de Zamora en desplazar a Lullo de la titularidad de la Comisión de Niñez y Adolescencia de la institución, luego de más de dos años de iniciada la primera denuncia y cuando no podían desconocer la situación existente”, agregó Bertone.

Por su parte, un tema no menor es que el juez Lullo tiene en su contra otro proceso ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados iniciado por la madre protectora Andrea Vázquez, a raíz de decisiones adoptadas en el ejercicio de su cargo que resultan incompatibles con la normativa nacional e internacional vigente en materia de Derechos Humanos. La denuncia sindica a Lullo como uno de los magistrados que sostiene la instalación en el ámbito judicial bonaerense del falso síndrome de alienación parental (falso SAP), utilizado como defensa por pedófilos en causa judiciales de abuso. El expediente lleva alrededor de cuatro años sin que se haya adoptado una decisión.