“El gobierno debe proporcionar información sobre el sistema de previsión y seguridad social en relación con quienes fueron perjudicados con la quita de pensiones y perdieron el derecho de acceder a la salud. La creación en septiembre último y por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 698/17 de la Agencia Nacional de Discapacidad está reñido con los principios de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Ley 26.378 y con jerarquía constitucional según la norma 27.044”, expresó el gremio que lidera Hugo Godoy.

La ATE solicitó al presidente y a Peña a partir del derecho de acceso a la información pública y la Ley 27.275 que el Ejecutivo informe respecto de “la normativa legal y administrativa del ‘Plan Nacional de Discapacidad’ que lo sustenta y su armonización con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, las reformas del Código Civil y Comercial y las observaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas”.

El gremio reclamó conocer quién es la autoridad de aplicación de la iniciativa; qué organismos determina y sus funciones; el presupuesto total proyectado para su ejecución; la forma de implementación en las provincias; los beneficios que garantizará; las medidas de apoyo previstas para incluir en áreas como educación, salud e inclusión laboral en lo público y privado y el respaldo para crear cooperativas sociales.

También demandó conocer las condiciones y garantías que ofrecerá para cumplir con el cupo del 4 por ciento previsto en la Ley 25.689; las medidas de apoyo para incluir la educación común, la integración con las escuelas especiales y su adecuación respecto de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad; la accesibilidad para el ingreso a institutos terciarios y universidades; qué decisiones se adoptarán para generar el derecho igualitario en salud, el acceso irrestricto de prótesis, órtesis y ayudas técnicas que garanticen la autonomía de esos ciudadanos y el transporte de corta, media y larga distancia para asegurar la efectiva movilidad en las grandes urbes y en los lugares más distantes del territorio, puntualizó.

El gremio reclamó también saber “la compatibilidad con los beneficios otorgados por el sistema de previsión y de seguridad social y cómo se restablecerán las pensiones y jubilaciones derivadas que fueron suprimidas o rechazadas de manera arbitraria en los últimos 16 meses”, señaló la misiva de la organización sindical.

El texto, al referirse de forma concreta a la creación de la Agencia Nacional de Discapacidad, demandó que el Ejecutivo informe sobre “los motivos y fundamentos de la inclusión de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales; el criterio utilizado para otorgar pensiones asistenciales; las razones por las que no se consultó a las organizaciones de personas con discapacidad y se incumplió el artículo 35 de la Convención, ya que no se contempló en ningún momento la elaboración del informe al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y tampoco el impacto en los expedientes tramitados en organismos que serán disueltos”.

Por último, la ATE solicitó al gobierno que informe “las funciones de las delegaciones provinciales y municipales de la Comisión de Pensiones Asistenciales; que indique lugares de tramitación de nuevas pensiones y recursos y las partidas involucradas en el presupuesto 2018 para la agencia; que justifique la ausencia de llamado a concurso para el cargo de director y si cumplirá ese cupo del 4 por ciento”, concluyó.