Las reacciones de oficialismo y de parte la oposición respecto del paro de choferes activaron ayer una solapada disputa política.

El intendente Ramón Mestre salió a reclamarles a los choferes que volvieran “rápidamente a sus lugares de trabajo”, y anticipó el riesgo de que se pudieran producir despidos con causa.

Fue la misma línea en la que luego incursionaron las empresas prestatarias mediante intimaciones a sus empleados, una vez que el Ministerio de Trabajo declaró la ilegalidad del paro de choferes.

“Digo basta. Pero basta en serio. Hemos tenido más de 40 acciones que perjudican a los vecinos. No podemos tolerar más que los ciudadanos sean rehenes de estos conflictos”, dijo el intendente.

En paralelo, el bloque de concejales ADN, que lidera Tomás Méndez, anunció, por su cuenta, la puesta en marcha de un servicio de transporte de contingencia para hoy. Adujeron el supuesto cumplimiento “de una responsabilidad ciudadana, frente a la ausencia del Estado municipal”.

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En esa movida, involucraron a la Asociación de Transportistas de Viajes Especiales, representada por Facundo Koriakos; el transportista Gabriel Ramallo; y la Unión de Transportistas Escolares, a través de Alejandro Sella.

Dijeron que los servicios serían gratuitos y hasta brindaron un cronograma con horarios y puntos de partida desde los CPC.

Contrariamente a lo que Méndez sugirió a través de un parte de prensa, su movida no tiene autorización municipal ni aval provincial en cuanto a seguridad.

Efectivamente, ingresó al municipio una nota en la que se pedía autorización para operar un “servicio precario”, en los términos que prevé el marco regulatorio del servicio. Pero no fue respondida.

“Las personas que se mencionan ni siquiera son prestadores registrados. No están autorizados a operar. Si realmente tenían interés en montar un esquema así, hubiera sido bueno que se acercaran con una propuesta para que la evaluemos, pero no dar por hecho algo que es imposible de autorizar”, señaló el secretario de Servicios Públicos, Julio Waisman.

Desde ADN también invocaron al secretario de Seguridad, Diego Hak, como partícipe de su iniciativa. “Nos garantizó la seguridad para los ómnibus y los minibuses en su recorrido”, mencionaron.

Consultado por este diario, Hak lo negó. Admitió que le hicieron una consulta previa y que él comprometió seguridad, pero sólo en el caso de que la prestación fuera autorizada por el municipio.

Esa situación dio para que el concejal Lucas Balian (Juntos por Córdoba) tildara de “oportuno” y demagógico” el planteo de Méndez. “Es de una irresponsabilidad absoluta. Lo que propone no resulta serio ni es aplicable como el pretende”, opinó.

La CGT de Pihen se solidarizó. La CGT regional Córdoba se solidarizó con los choferes del transporte urbano a través de un comunicado. “Total solidaridad con los trabajadores que pelean por la defensa del poder adquisitivo de sus salarios”, expresó José Pihen. “Estas luchas son la consecuencia inevitable de la aplicación, por parte del Gobierno nacional, de políticas económicas y sociales que agreden a los trabajadores formales”, remarcó la entidad.