El Poder Judicial, con más empleados: gana el gremio moyanista

El Consejo de la Magistratura avanzará en un reglamento para reducir el número de tercerizados que prestan servicios en el Poder Judicial. El objetivo principal es el plantel de personal de limpieza y maestranza cuyos reclamos desde hace años dan letra a los gremialistas de los empleados judiciales.
La nueva reglamentación, ya firmada en la comisión de Administración del cuerpo colegiado, es un guiño al moyanista Julio Piumato y que viene con el plus de tener el apoyo de los consejeros del oficialismo, lo cual facilitará la aprobación en el próximo plenario.

La nueva normativa cuenta con el aval del titular de la Magistratura, el juez Alejandro Sánchez Freytes, y de los consejeros Julián Álvarez (representante del Poder Ejecutivo), el diputado Eduardo De Pedro y el senador Marcelo Fuentes. De hecho, el único que se abstuvo de firmar fue el diputado radical Oscar Aguad. El paro nacional de Piumato de hace dos semanas le dio el resultado esperado, no sólo por el proyecto que termina con las tercerizaciones sino con otros reglamentos que serán aprobados en breve y que responden a los reclamos del gremio, especialmente uno referido a la conducta que deben guardar los jueces con sus empleados . Piumato, a diferencia de otros exponentes de la CGT en la cual reporta, está en una buena temporada: la semana pasada su candidato para el Colegio Público de Abogados de la Capital, Roberto López, arrasó en la elección y al día siguiente tuvo la confirmación de que Ricardo Lorenzetti estará en el acto de asunción, el próximo 2 de junio. Ocasiones jolgoriosas que sirven como un anticipo relajado de la que será una discusión un poco más álgida en la Corte: Piumato está recibiendo llamadas de todo el país en las cuales lo apuran a requerir nuevos incrementos salariales para los empleados, asunto que se definirá en el despacho de Lorenzetti. En el gremio crece la idea de que este año los judiciales deberían recibir no tres, sino cuatro incrementos y de no ser posible impulsar medidas más extremas.

El malestar genera preocupación en la Corte y en el gremio de jueces. La semana pasada la vicepresidenta de esta última entidad, María Lilia Gómez Alonso, participó de una cumbre en República Dominicana en la cual se escucharon comentarios de la situación judicial de Perú, donde los empleados ya llevan más de 40 días de paro. Un "shut-down" de efectos devastadores (especialmente en materia penal y civil) que tiene movilizado a medio gabinete presidencial.

En la Corte, en tanto, todas las miradas apuntan a este miércoles, cuando se desarrolle una audiencia pública en el Senado en la cual serán sometidos los pliegos de los conjueces que el kirchnerismo propone para el máximo tribunal. Éste también es un issue económico: los conjueces que requieren del apoyo de la Cámara alta son los únicos en condiciones de pronunciarse al momento de discutir si los jueces deben o no pagar el Impuesto a las Ganancias.

Entre los diez nombres propuestos figuran León Arslanían, Gustavo Ferreyra, Tomás Hutchinson, Ricardo Nissen (quien será fuertemente criticado por la oposición por su paso por la Inspección General de Justicia) y José Chirico, profesor de Filosofía del Derecho y referente académico del viceministro Álvarez. Los ministros de la Corte en general están de acuerdo con el recambio de la lista de conjueces (la que actualmente rige viene de la administración de Eduardo Duhalde) pero hay observaciones respecto de la metodología ya que entienden que la aprobación de los pliegos debería contar, al igual que cuando se propone un supremo, con los 2/3 de la voluntades. Esta semana, en materia económica, la Magistratura espera alguna señal por parte de los jueces respecto de la figura del sub administrador del Poder Judicial, posición que el kirchnerismo desea y que entiende le corresponde antes de que el Tesoro comience a financiar al cuerpo colegiado cuando este deba pagar los salarios de todo el Poder Judicial.

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