Polémica por antecedentes: la CGT y ATE salieron a respaldar a los contratados de Obras Públicas

La CGT solicitará una audiencia con el Gobernador de la provincia, buscando garantizar la estabilidad laboral de los empleados. Mientras que desde ATE se confirmó que saldrán a manifestarse si no hay una solución para estos contratados.
Los 207 empleados con este problema, forman parte del grupo de más de 2 mil contratados que pasarán a planta permanente.

Tras la publicación del diario LA UNIÓN que dio a conocer la situación de 207 empleados de Obras Públicas que no podrían ser pasados a planta en la Administración Pública por tener antecedentes policiales, referentes gremiales salieron al cruce de esa determinación buscando revertir la situación, para que estos trabajadores puedan obtener la estabilidad laboral. En ese sentido, uno de los gremios que se manifestó al respecto fue la Confederación General del Trabajo (CGT), expresando su total repudio a la medida. “Estamos convencidos de que si se toman medidas de este tipo, en Catamarca no va a poder trabajar nadie, no hay gente que no tenga antecedentes, ya que en la policía por cualquier causa se los anota”, opinó Pedro Armando Carrizo, secretario General de la CGT. En ese marco, Carrizo agregó: “Lo que tenemos que hacer es buscar la forma de que trabajen, no marginarlos porque la marginación de esta gente es peligrosa, se los condena para que sigan delinquiendo”. En ese contexto, explicó que un trabajo seguro es indispensable para una persona que busca reconstruir su vida, “hay que buscar incluirlos en la sociedad para que sean útiles y para que de esta forma, con un trabajo seguro, los hombres que tienen antecedentes puedan superar los obstáculos y todos los problemas que vienen acarreando por haber cometido un error que en su momento perjudicó el normal funcionamiento social”.

Asimismo, el gremialista confirmó a LA UNIÓN que se pedirá una audiencia con el gobernador Eduardo Brizuela del Moral, para debatir la problemática y exponer la postura adoptada desde la asociación gremial. “Vamos a buscar la forma de dialogar con el Gobernador, hablando con él y explicándole qué es lo que pensamos de todo esto, las cosas se van a esclarecer”, indicó Carrizo.

“No queremos que pase esto en nuestra provincia y vamos a hacer todo lo posible para que esta orden se revierta. El Estado tiene todo el derecho el mundo a despedir a un empleado si éste no cumple con su función, pero no podemos decir que los excluimos por antecedentes, si no le damos trabajo a esta gente, los marginamos y los mandamos directamente para que sigan siendo delincuentes”, aseveró.

“Vamos a salir a la calle”

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Arnoldo Núñez adelantó que de ser necesario los trabajadores saldrán a la calle a manifestarse, para que la situación se revierta. “Vamos a salir a la calle a pedir por esa pobre gente”, manifestó Núñez, quien además criticó la decisión del gobierno al asegurar que “después de contratarlos durante más de cuatro años recién ahora se acuerdan de investigar a sus empleados”.

Por otra parte, el referente gremial indicó que desde el gremio se están realizando gestiones para solucionar la situación de estos trabajadores, entre ellas se buscó el asesoramiento legal para analizar algún tipo de medida que modifique la situación legal de estos contratados (ver aparte).

“No se puede estigmatizar a una persona”

El profesional que inició los trámites ante la Justicia para conseguir el sobreseimiento de los contratados en las causas penales, dialogó con LA UNION y explicó los alcances legales de la medida. El abogado está buscando revertir la planilla que la policía entregó a los trabajadores que contaban con antecedentes, que suman unos 207 contratados. “Muchos de esos antecedentes no afectan el buen nombre de los trabajadores, ya que se está gestionando y corresponde en muchos casos el sobreseimiento”, indicó. En ese sentido, explicó que se está solucionando la situación de varios empleados a los que les está saliendo el sobreseimiento y algunas constancias. “Si fueron sobreseídos significa que no son culpables, esa planilla en algunos casos marcaba que tenían la imputación de un delito, ni siquiera habían sido procesados, mientras que en otros casos eran personas que ya cumplieron una condena, pero esto no significa que la persona tenga que ser estigmatizada, se tiene que buscar su reinserción”, opinó el profesional. Asimismo explicó que hay que distinguir entre las personas que cumplieron una condena y las que se encuentran en proceso, actualmente en los antecedentes figuran las personas que cumplieron una condena y no se actualiza su situación hasta que pasen 10 años de la causa. “Esto es algo administrativo nada más, hay otros que fueron imputados de un delito pero eso no significa que sean delincuentes, toda persona no es culpable hasta tanto se demuestra lo contrario”, remarcó el abogado.

Por otra parte, en cuanto a la situación legal de los trabajadores, aseguró que de acuerdo a lo que investigó, la mayoría está en condiciones de ser nombrados en la planta estatal, ya que se trata de casos que cuentan con causas que ya prescribieron pero nunca se realizó la tramitación por sobreseimiento.

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