Tras la detención de Marcelo Balcedo y de su segundo en el gremio, Mauricio Yebra, la Policía busca ahora a Guillermo Daniel Chávez, representante legal del Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y Educación (SOEME) y responsable de los números del sindicato. Para la Justicia, Chávez se encuentra en calidad de prófugo.

Chávez, muy cercano a Balcedo, jugó un papel clave durante el conflicto que mantuvo el gremio con el gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal, en marzo de 2016. Sucede que pese a que los gremios docentes habían cerrado paritarias y se habían comprometido a dar clases, personal auxiliar que realizaba tareas de limpieza y respondía a SOEME dejó sin clases a los chicos por una protesta durante casi un mes en varios colegios. El gremio de Balcedo se transformó entonces en una piedra en el zapato para el entonces ministro de Educación bonaerense Alejandro Finocchiaro.

A través de una carta documento firmada por el propio Chávez, el SOEME intimó a Finocchiaro. El ministro de Educación bonaerense le plantó una batalla frontal y tuvo que padecer las consecuencias: un colaborador suyo fue amenazado de muerte y él habría sufrido en persona la extorsión del diario de Balcedo. Poco después, a través de otra carta documento, Chávez intimó al ministro de Trabajo de la Provincia, Marcelo Villegas.

Chavez en una reunión del SOEME junto al titular del gremio, Marcelo Balcedo

Mientras Balcedo fue detenido el jueves en su mansión de Uruguay, Yebra se presentó de manera voluntaria esta tarde en los tribunales de La Plata luego de conocer el pedido de detención firmado por el juez federal Ernesto Kreplak. Ahora se conoce también que la Justicia ordenó la captura de Chávez y que el representante legal del SOEME se encuentra prófugo.

Los tres son investigados por el juez Kreplak por extracciones bancarias de cuentas del SOEME que podrían coincidir con maniobras de lavado de dinero y la adquisición de propiedades y autos de alta gama cuyos titulares no tienen la capacidad contributiva como para afrontarlas. Un informe de la AFIP puso el foco en extracciones de dinero en efectivo sin verificación, entre 2012 y 2013, por más de 53 millones de pesos.