POLICÍA COMUNAL: SCIOLI Y MASSA PUJAN POR EL CONTROL DE LA CAJA Y LA SELECCIÓN REPRESIVA

POLICÍA COMUNAL: SCIOLI Y MASSA PUJAN POR EL CONTROL DE LA CAJA Y LA SELECCIÓN REPRESIVA
Durante la campaña preelectoral hacia las PASO, el tema que instaló la derecha fue la inseguridad pública. Así lo hizo especialmente el denarvaízmo, reclamando una política de seguridad planificada; y el massísmo, declamando el éxito de las labores comunales en ese aspecto, principalmente, en los Partidos de Tigre -por Massa- y Olavarría -por Eseverry-, esencialmente a través de la instalación de cámaras de seguridad.
Pero también instalaron nuevamente la discusión política sobre la "necesidad" de dotar a los jefes comunales de la provincia de una fuerza policial propia. Optativa y bajo la jefatura del intendente, pero dependiente del ahora Ministerio de Seguridad de la Provincia y con apoyo económico de la misma, según el proyecto sciolista. Obligatoria, con la misma jefatura (intendentes), sin dependencia jerárquica y sustentada totalmente por la Provincia, conforme al proyecto massista. Ambos proyectos, que contemplan la coexistencia con la fuerza provincial, están actualmente en discusión en el Senado Provincial y su tratamiento se difiere por picardías de ambas partes.

No es producto de una planificación sesuda de la política de seguridad que Scioli pretenda "desprender" a su gobierno de la obligación de preservar la seguridad de los vecinos. Tampoco es que al oficialismo le convenga desprenderse de lo que constituye nada más ni nada menos que el brazo útil para el control social de la comunidad organizada. Por eso, aún mantiene a la bonaerense en los distritos que opten por la comunal; y se reserva la facultad de elegir a los integrantes de la que organicen los municipios y hasta, en cierta medida, las mantiene en dependencia económica.

La realidad es que a consecuencia de que la seguridad se ha constituido en uno de los principales cuestionamientos a su gobierno, mediante la creación de la policía comunal optativa dirigida por el intendente, Scioli logra que el jefe comunal se convierta en el paragolpes político institucional que lo proteja de la crítica directa.

También lo es que, teniendo en consideración el gran déficit fiscal por el que atraviesa la provincia a consecuencia de su continuo endeudamiento a tasas financieras usurarias -Mozambique emite letras por 500.000.000 de dólares a 25 años al 6,5 % de interés y la provincia lo hace por menos cantidad a menos lapso y a un promedio del 15 % con la complicidad de todos los bloques legislativos que lo autorizan-, económica y financieramente no está en condiciones de solventar adecuadamente una fuerza de seguridad.

Las pruebas fehacientes de ello son varias. Por individualizar algunas: No se implementa la Policía Judicial; las denominadas Patrullas Rurales funcionan con el aporte económico directo de los productores o indirectos de las organizaciones que los nuclean; los gastos de combustible y mantenimiento de los móviles de las cuadrículas urbanas los solventa el municipio; el pésimo estado de la infraestructura edilicia denuncia la falta de presupuesto para su mínima mantención -innumerables dependencias policiales tienen los calabozos clausurados por orden de la Justicia-; el personal debe afrontar de su propio bolsillo la adquisición de prendas, proyectiles y hasta elementos de defensa.

Por eso, su pretensión de derivar parte del servicio a las comunas y poder tener más disponibilidad de fondos para hacer frente al pago de la deuda usuraria.

Massa, Eseverri y otros integrantes del Frente Renovador, aún son intendentes en ejercicio en partidos de la provincia y desde esa realidad actual están más que interesados en disponer exclusivamente de una fuerza de seguridad propia, conformada por integrantes que ellos mismos elijan, esto es, sin injerencia alguna de la gobernación que ahora es opositora. Por eso impulsan el proyecto de policía comunal obligatoria en todos los distritos.

Pero el proyecto del Frente Renovador también tiene un profundo motivo económico. A diferencia de las intenciones del gobernador, el massismo pretende que los municipios no pongan un peso y esa policía comunal sea solventada exclusivamente por el Estado provincial en todos sus aspectos. Una especie de donación gratuita de un instrumento poderosísimo de poder y de caja.

Como se ve, de uno y otro lado -sciolismo y massismo- pujan por su mejor ubicación en el control social y la recaudación que arroja la corrupción sistémica. El sciolismo quiere aires en su presupuesto, pero no perder la caja que le garantiza la mafia policial -narcotráfico, juego clandestino, trata de personas, faltas contravencionales, control del tránsito, etc.-; y el massismo pretende ingresos por la misma vía con gasto cero. Ambos, al mismo tiempo, procuran el dominio absoluto de la selección represiva.

La policía comunal, en ambos proyectos, está llamada a conformarse con los desplazados o retirados que han pertenecido a las mismas fuerzas de seguridad -tendrán a su cargo la formación de los ingresantes- y que en gran parte han sido excluidos de ellas por su participación en el delito, como consecuencia de procesos y condenas penales -el sistema, como se ve, tiene sus fallas-.

A nivel local, es inimaginable que un intendente que ha sido objeto de dos interpelaciones y es investigado por el Concejo Deliberante y por la justicia penal por actos de corrupción pueda dirigir una policía con ese poder y de esas características, sin producir más corrupción y más inseguridad.

El problema no se resuelve con más policía ni con la disminución de la edad de la imputabilidad, como lo propone Insaurralde, el invento de CFK; tampoco con mano dura, sino desmantelando la corrupción sistémica y facturando la crisis a la clase que la produce.

Jorge Moreno y Luz Ramallo

Candidatos a concejal y a senadora provincial por el Frente de Izquierda

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