El Partido Demócrata se sumó a la polémica por un artículo de la reforma del Ministerio Público. La crítica que hicieron organizaciones de periodistas radica en la posibilidad de que se purgue la información de los fiscales y ante la duda, los aliados del oficialismo quieren corregir o eliminar la oración que genera la discordia. 

Muchos suponían que la iniciativa del Ejecutivo iba a recibir media sanción por Diputados la semana pasada. Antes de entrar al recinto, la discusión se postergó y el principal argumento al que ahora adhieren los demócratas es la discusión por el manejo de la información con la prensa. 

El artículo 7 de la actual ley 8.008 establece que los integrantes del Ministerio Público deben dar información salvo que afecte la privacidad o seguridad de las personas, los asuntos públicos que requieran reserva o comprometan eficacia y el trámite de las investigaciones. 

La polémica está en un agregado: “La información se proporcionará a través de las dependencias habilitadas al efecto por la Procuración General”.

Una interpretación es que los fiscales no podrán dar datos a los periodistas ni a la ciudadanía de forma directa. A eso se suma que la seguridad es un tema muy sensible y que según otro artículo el personal podrá recibir sanciones.

Marcos Niven, legislador del PD en Mendoza, explicó que el proyecto en sí era bueno pero que era mejor ser cautelosos ante el punto polémico.

“Es una frase ambigua que deja abierta la posibilidad de perjudicar el diálogo con los fiscales. Si queda esa posibilidad no estaríamos de acuerdo, nuestra iniciativa es modificar esa oración”, detalló el diputado. 

Para ilustrar, Niven comparó que, de haber sido así a nivel nacional, el fiscal Alberto Nisman nunca hubiera hecho sus denuncias ante los medios. “Desde el partido no estamos de acuerdo con cercenar la posibilidad de que los fiscales se comuniquen con los medios. Los fiscales pueden y deben comunicar cosas de investigación dentro de los límites en el resto del articulado”, declaró en medio de una reunión partidaria. 

Desde la UCR, Jorge Albarracín como presidente de una de las comisiones que lo trabaja afirmó en la Legislatura que la crítica era una interpretación y que “la obligación de dar información pública sigue estando, creemos que no se vulnera la información”. 

“Nosotros consideramos que que es una parte importante de la ley, también es oportuno aclarar que llevamos prácticamente un mes de debate en el cual este tema no había surgido”, afirmó el radical. Justo en la entrevista apareció parte del Sindicato de Periodistas de Mendoza y se planteó una discusión. 

 

Distintos colores

Del lado de enfrente, el mayor bloque opositor en la voz de Carina Segovia (PJ) reiteró la propuesta de eliminar la oración ya que para ellos va en contra de una apertura en la información.

“Periodistas nos alertaron de lo que estaba sucediendo, ahí vemos que no se trata solo de una interpretación. Hay que ver cómo lo interpretan quienes buscan la información para darla a conocer al público: los periodistas”, comentó la justicialista. 

Además de la UCR y el PD, la coalición Cambia Mendoza está compuesta en diputados por Pablo Priore del Pro y por Guillermo Pereyra del Frente Renovador. Desde su bloque, se comentó que “los asesores de Pereyra están analizando el tema y mañana (por hoy) dará a conocer su opinión”. 

Sí adelantó su posición Priore, que no comparte la preocupación del sindicato: “Es bueno que el fiscal no sea presionado ni condicionado por los medios. Los periodistas se van a seguir enterando, los off van a seguir”. El legislador además opinó que la información crítica debía ser manejada de la mejor manera y que la ley no iba a contrariar a la Constitución. 

En Diputados hay 48 legisladores y el oficialismo cuenta con mayoría propia sólo si cuentan los aliados. Con el Pro y el FR pero sin el PD tiene 24, a lo que si Niven permite el quórum (la mitad más uno) definirá el desempate el presidente radical Néstor Parés. Hoy en comisiones continuará esta historia que por ahora tiene final abierto. 

 

El Sindicato de Prensa y Fopea plantearon su queja

Por la mañana de ayer, el Sindicato de Prensa Mendoza entregó en la Legislatura una queja formal a miembros del Senado y Diputados.

“Rechazamos limitar la información a la información oficial, pasible de recortes y manipulaciones funcionales a las necesidades oficiales, más aún en la actualidad cuando de cuestiones de seguridad se trata”, reza el comunicado que entregaron. 

Con Marisa Carrizo a la cabeza, expusieron ante Albarracín que esta “ley mordaza” era perjudicial para la sociedad entera.

“Se viene hablando del acceso a la información pública, una medida de esta índole es ir en sentido contrario”, le aseguró la representante.

Por su lado, el diputado contestó que la información sería la misma sólo que en vez de un fiscal la daría una dependencia. Después el sindicato se reunió con Néstor Parés pero no hubo un cambio a la postura oficial. 

Otra reunión se dio entre el procurador Alejandro Gullé, su mano derecha Teresa Day y miembros locales del Foro de Periodismo Argentino (Fopea).

Allí el procurador afirmó que el espíritu de la ley de ninguna forma era limitar la libertad de expresión pero los periodistas reclamaron que se modificara el texto para evitar la posibilidad. 

Fopea había emitido un comunicado expresando su preocupación: “Este ‘cepo judicial’ supone que toda información relacionada con la seguridad y con causas judiciales pasará por el ‘filtro’ de un control político, lo que seguramente ocasionará demoras y distorsiones indebidas al ejercicio del derecho de informar, con perjuicio directo para la ciudadanía en lo que respecta a su derecho de recibir información con celeridad y precisión”.