El debate por el piso formal de ingresos, clave por arrastrar consigo los ingresos de los docentes, los jubilados y los beneficiarios sociales, pasó a ser el eje de la discusión entre empresarios y gremialistas luego de la suspensión del encuentro que este diario anticipó ayer y que debía realizarse este mediodía en la sede de la UIA con la participación de un puñado de dirigentes de ambos espacios. Aunque por la mañana Andrés Rodríguez, adjunto de la CGT, confirmó oficialmente su realización, por la tarde los protagonistas decidieron diferirla ante la atención que había concitado.

No obstante los puentes quedaron tendidos entre dirigentes sindicales y fabriles. En ambos grupos hay consenso para reeditar el Diálogo Argentino, un mecanismo que la Iglesia católica promovió en la crisis de 2001 y que continuó durante la gestión de Eduardo Duhalde, en la cual permitió cristalizar aumentos no remunerativos que apuntalaron los ingresos de los trabajadores formales. De hecho parte de la conversación que estaba agendada para hoy tenía como uno de sus puntos de mayor interés la posibilidad de pactar un bono de condiciones similares como paliativo para el desfasaje de ingresos que causó la última devaluación.

El bono ideado tenía –tiene- como espejo el adicional de $ 5.000 que fijó la administración de Mauricio Macri para los trabajadores estatales y miembros de las fuerzas militares y de seguridad como compensación por la inflación que se espera derivada de la suba del dólar. También estaba previsto avanzar en algún mecanismo –siempre por cuenta y orden de las partes, sin participación del Gobierno- para atenuar el aumento en el precio de los medicamentos con la inspiración nuevamente del Diálogo Argentino, que alumbró en el arranque de la gestión de Duhalde la ley de remedios genéricos.

A la espera de un escenario más despejado y reservado para concretar la cumbre, la UIA y la CGT avanzaron con el Ejecutivo en delinear parámetros para el Consejo del Salario. Mientras el Ministerio de Producción y Trabajo llevaba como premisa impulsar una suba de entre 25 y 30 por ciento, en la central obrera admitieron la posibilidad de llegar a un acuerdo con las cámaras empresarias para un ajuste en torno del 33 por ciento. De prosperar, Macri podría exhibir al menos un acuerdo de partes en el ámbito de negociaciones que durante su gestión culminó siempre con resoluciones unilaterales por parte de la cartera laboral.

Una suba en ese porcentaje, si bien muy distante de la inflación interanual superior al 55%, dejaría al salario mínimo algo arriba del número formal de las paritarias que pautaron incrementos del 28 por ciento con cláusulas de revisión. Creen en la CGT que de ese modo empujarían con ese valor una suba de los sueldos de los docentes estatales, que por resolución del actual Gobierno deben estar como mínimo un 20% por arriba del salario mínimo; de los planes sociales, que automáticamente se ajustan en igual proporción, y de las jubilaciones si quedan desfasadas de la otra variable.

Para el Ejecutivo, que pautaba una suba menor, se trata de la oportunidad que la CGT le ofrece para mostrar iniciativa en su peor momento de la gestión, acosado por la corrida y las dudas en torno del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. A cambio la cúpula de la central sindical espera un guiño para continuar con sus gestiones con la UIA que prometen generar un sendero de diálogo con vistas al próximo gobierno.