La elección de esta fecha no es azarosa. En octubre de 2017, el macrismo anunció la desregulación en el precio de los combustibles, con el objetivo de dejar a merced de las leyes del mercado las variaciones de su precio. Desde ese momento, se registraron cuatro subas en su valor, situación que generó un fuerte impacto en la cadena agroindustrial.

El contexto para el sector agropecuario es delicado en varios frentes. Mientras el sector exportador se frota las manos frente a esta brusca mejora en el tipo de cambio, hay varios frentes abiertos para la Casa Rosada en materia de políticas agropecuarias, en el contexto de una fuerte caída en la producción granaria.

Por un lado, el cimbronazo que representan los despidos de casi 600 empleados entre el ministerio de Agroindustria y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Además del daño en el tejido social que representan, en el caso del organismo sanitario existen serios riesgos de fallas en controles sanitarios en distintas producciones.

En materia de comercio exterior, los desaciertos están a la orden del día. Mientras las exportaciones con valor agregado pierden peso específico, las importaciones no paran de crecer en rubros que impactan de lleno en el sector agroindustrial, como maquinaria agrícola y carne porcina.

El precio de los combustibles no deja de ser un espejo que refleja la situación caótica que se vive a la hora de diagramar los costos de producción. Las entidades que representan a los productores han tomado nota de esta situación, y de acuerdo a la Confederación de Rurales Argentinas (CRA), la última suba del gasoil del 3% significa para la el sector un costo extra de 1.500 millones de pesos.

Para CRA, Argentina ocupa el cuarto puesto de los países de la región en precios de combustible. La situación de mercado desregulado para el combustible lleva poco tiempo de implementación en nuestro país, y los factores de mayor incidencia para la suba de los combustibles son tres: El precio internacional del barril de crudo, la cotización local del dólar y el precio del bioetanol.

Los ruralistas advierten que los impuestos tienen una alta incidencia en el precio final del combustible. Al analizar a fondo una factura de gasoil, los confederados calcularon que el 64% del monto final corresponde a carga impositiva, que incluye conceptos no gravados, IVA e Ingresos Brutos. Para ser claros: De los 1.500 millones de pesos extra mencionados con anterioridad, 960 millones son impuestos.

Por su parte, desde  Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), sostuvieron en su último informe mensual que el costo del transporte registró un aumento del 8,6% en el primer trimestre de 2018. Los principales rubros que impulsaron esta suba fueron seguros, peajes y personal.

En el caso de los peajes, destacaron que aumentaron un 22% en los últimos meses, mientras que los combustibles acumulan una suba del 24% desde octubre del año pasado. En este escenario, destacaron que el sostenido aumento de los costos para transportar mercadería en el país redobla la presión sobre el sector y tiene el agravante de sumar una carga impositiva del orden del 40% que afecta la competitividad y el crecimiento de las empresas.