La situación de YCRT y el complejo de Punta Loyola se problematiza cada vez más. La junta interna de ATE realizó una asamblea en la que se decidió mantenerse en alerta y en asamblea permanente en defensa de los puestos de trabajo y en contra del “plan de ajuste y tercerización laboral” que desde la Intervención de la estatal se busca en el ferroportuario.Ayer por la tarde, el secretario general de ATE Río Turbio, Cristian Oliva, junto al secretario de Asuntos Provinciales del Consejo Directivo Nacional de ATE, Ernesto Contreras, encabezaron una conferencia de prensa en la que se apuntó duramente contra el Gobierno Nacional, la Intervención y al diputado nacional Eduardo Costa.“La empresa ha fundamentado que el ferroportuario no es viable y que la situación de la caliza se estaría viendo para transportarse vía terrestre y no así usando las maquinarias y toda la inversión del ferrocarril que va a Río Turbio”, sostuvo Oliva en primer lugar, y dijo que se argumenta que por la cantidad de trabajadores en Punta Loyola “muchos tendrían que estar en la mina y se dejaría una dotación muy mínima”.“Para nosotros es una idea muy descabellada. Sabemos que el patrimonio de Punta Loyola se tiene que aferrar a este puerto que es por donde tiene que entrar la caliza y moverse el tren” enfatizó, cuestionando que “hay situaciones de achique claramente”.“Hay un gobierno manejado por Macri; después lo tenemos a Costa, operador político que tenemos en YCRT, y asimismo al interventor Zeidán, que aseguró que al tomar iban a hacerla productiva y que se saldría adelante. Hoy en día la empresa está siendo productiva por el trabajo de los compañeros” agregó, al deslizar que “esas inversiones que han dicho que están viniendo, no es así”.Por último, dijo: “la última reunión fue hace seis meses, donde se prometió que se iba a resolver todo esto y se firmaron actas, no solamente a lo que es ATE y a otros sindicatos. Hasta el día de hoy no hay ninguna respuesta”.Por su parte, Contreras apuntó contra “un plan de ajuste del Gobierno Nacional” que “sin dudas cuenta con el acompañamiento y aval del diputado Costa”. En este sentido, argumentó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial “están presionando al Gobierno Nacional para endeudarse y tener créditos internacionales”, y que para ello “necesitan un plan de ajuste”.“Esta es una empresa nacional, por lo tanto hay negociaciones en el ámbito del Ministerio de Trabajo, junto con la empresa y el gremio, donde se nos plantea, de acuerdo a estos organismos internacionales, que se necesitan despedir 2 mil trabajadores y dejar mil nada más” apuntó, al agregar que “a la vez exigen y extorsionan a que los trabajadores y el gremio, aceptemos un convenio colectivo de trabajo a la baja, es decir flexible”.En tanto, subrayó que “las propuestas que han hecho han sido rechazadas porque buscan ampliar la jornada laboral sin tener que contemplar una recomposición, perder derechos como bonificaciones y adicionales y obviamente eso tiene una finalidad”. En este sentido es de recordar que también se rechazan los retiros voluntarios.

NegociadosBajo esta misma lógica, señaló que se ha hecho una inversión en la cuenca para el funcionamiento de una planta carboeléctrica y que “ahora necesitan dejar preparado un gran negocio para una empresa multinacional que se haría cargo. Con pocos trabajadores y esos pocos, flexibles”. “A esto no está excluido el puerto de Loyola, porque no es casual que no quieran hacer las inversiones” agregó.Además, denunció que se detectó otro “gran negocio” en el que se pretendería dejar de transportar el carbón por barco y trenes, para pasar a utilizar camiones. “Vemos la intencionalidad, porque traer la piedra caliza por barco y depositarla por tren, es mucho más barato que contratar 20 o 30 camiones que transportarían todos los días esa piedra, y esto no sólo es un impacto económico, sino implica también cuestiones de accidentes y desgaste de ruta”.