Preocupación por el pasado macrista del escriba del estatuto para regular el trabajo en aplicaciones móviles

Preocupación por el pasado macrista del escriba del estatuto para regular el trabajo en aplicaciones móviles

Eduardo Álvarez es ex fiscal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y forma parte de un "equipo de asesores ad honorem", como él mismo lo define, en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Es uno de los cerebros detrás de la redacción del proyecto de regulación del trabajo en plataformas digitales de reparto de mercaderías.

 

El texto encargado por Claudio Moroni para tratar de regular una situación que se desborda, además de Álvarez, lo suscribieron Pablo Topet y Alejandro Ferrari. Y será la base sobre la que el Congreso empezará a debatir la cuestión que le atañe a una porción muy importante del mercado de trabajo.

 

La peculiaridad del borrador, no menor, que alarmó a los gremios y trabajadores organizados de las aplicaciones móviles fue la idea de que el Estatuto esté por fuera de la Ley de Contrato de Trabajo. De hecho fue lo que generó más ruido al momento de comenzar a abordarlo (discusión que todavía no está ni cerca de saldarse)

Es que el esquema que diseñaron los asesores se encarga de dotar de protección a los repartidores de PedidosYa, Glovo, Rappi y UberEats que trabajan bajo modalidades precarias de contratación vía Monotributo, pero perfora el piso de derechos mínimos que estipula la Ley de Contrato de Trabajo.

En los últimos días Álvarez estuvo hablando con los medios y volvió a levantar polvareda. Allí el ex fiscal salió a defender la prohibición de despidos dispuesta por el Gobierno Nacional y, automáticamente, sus detractores empezaron a viralizar su pasado que lo vincula con el macrismo y hasta lo tiene como "posibilitador" de despidos masivos en el Estado.

Le recuerdan que su pluma fue clave para habilitar los despidos masivos en el AFSCA, punta de lanza de las diferentes tandas de desguace del Estado que sostuvo Cambiemos como política pública durante sus 4 años de gestión, y su guiño jurídico a la cuestionada reforma del la Ley de Riesgos del Trabajo.

Como sea, el lastre macrista de Álvarez lo pone bajo la lupa en el debate que se viene por dotar de derechos a los empleados de aplicaciones móviles.

Un trabajo elaborado el año pasado por CIPPEC, BID Lab, y la OIT, único exhaustivo sobre el tema en el país hasta el momento, relevó que las plataformas empleaban al 1% de los ocupados a escala nacional. Eso hasta mayo del año pasado por lo que se puede inferir que muy probablemente esa cifra haya aumentado en los últimos 12 meses. De ese conjunto de más de 160 mil trabajadores, más 60 mil estaban dedicados estrictamente al reparto.

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