"Se trata de una medida inclusiva que no tiene nada de estigmatizante. Invitamos a gente que está colgada de la luz a ingresar al sistema. Pero no es algo compulsivo ni obligatorio ya que cada persona debe completar y firmar un formulario de adhesión", le explicó Eduardo Mirabelli, vocero de Edenor, a Infobe en una nota publicada en la mañana de este sábado en la que se intenta convencer a los lectores de la buena voluntad de la empresa y de los enormes beneficios de los medidores prepagos.

La verdad es que unos pocos, algún que otro iluso y por supuesto los funcionarios del Estado a quienes solo les importa garantizar las ganancias empresariales, pueden creer semejante verso. Ni la solidaridad, ni la buena voluntad guían la conducta de Edenor, y de otras privatizadas de los servicios públicos, a quienes no le ha temblado el pulso para cortarle la luz a la familia de un niño electrodependiente que falleció por su culpa, solo por citar un ejemplo.

Según le informaron desde Edenor a Infobae, “en el área metropolitana, ya hay 180 mil hogares que tienen instalados estos equipos de medición, la mayoría de ellos están ubicados en el conurbano bonaerense”. Pero, como ya de explicamos en La Izquierda Diario, la empresa planea extender este método e instalar unos 250 mil medidores prepagos en este año. ¿Para ayudar a la población de menos ingresos a acceder a un bajo costo a la electricidad? No, para nada.

El testimonio de Adela Muñiz, una jubilada de la localidad de Moreno, que publicamos en este medio, revela que además de que la instalación de los medidores no es “voluntaria” como afirma el vocero de Edenor, la luz vía esta manera además termina resultando carisima.

“Tenia el legítimo medidor con el que pagaba todos los meses. Pero lo sacaron y pusieron este otro con el que tengo que pagar cada viernes $ 500. A mi a veces no me va a alcanzar todos lo viernes para pagar”, cuenta Adela.

La desesperación y el drama de Adela es la de muchos que hasta llegan a endeudarse para poder pagar los tarifazos constantes en los servicios que se estima representan hasta el 30 % de los ingresos de las familias.

A la electricidad, igual que el resto de los servicios fundamentales para nuestra vida como el gas, el agua; el Estado y las privatizadas la han convertido en un negocio que hasta pone en peligro la vida de las familias. Un bien de lujo al que cada vez es más difícil acceder.

En unos meses habrá elecciones y la campaña electoral ya está en marcha. Sin embargo, ninguna de las fuerzas políticas ni oficialistas ni opositoras, incluida la fórmula Fernández-Fernández cuestiona las privatizaciones ni plantea dar marcha atrás con los tarifazos de toda la gestión macrista que supera el $2.300 %

Solo el Frente de Izquierda propone retrotraer las tarifas y además tiene en su plataforma la única salida real: la anulación de las privatizadas y estatización de todos los servicios públicos bajo el control de los trabajadores, con participación de los usuarios y técnicos y especialistas.

Sin cuestionar las privatizaciones no hay manera de que los servicios vuelvan a ser un derecho y de que exista una verdadera red de servicios públicos de calidad, extendida y accesible a toda la población.