dedicado a prevenir el lavado de activos, decidió presentarse como querellante en la causa en que se investiga a Mauricio Saillén, a Pascual Catrambone y a otras 17 personas por presuntos lavado de activos, usura y defraudación ocurridos alrededor del sindicato de recolectores de residuos Surrbac.

Los funcionarios nacionales se hicieron presentes el martes en el juzgado federal cordobés que dirige Ricardo Bustos Fierro, escanearon el expediente completo del caso y lo llevaron a Buenos Aires, donde comenzó a ser analizado por sus investigadores.

Decomiso de bienes

No pasa inadvertido que uno de los principales intereses de la UIF, además de perseguir a los responsables de los delitos, es intentar el decomiso de todos los activos obtenidos ilegalmente.

En el caso del Surrbac, la Justicia ya identificó o secuestró 55 vehículos, la mayoría de alta gama, millones de pesos y cientos de miles de dólares en efectivo, joyas e inmuebles que, se sospecha, son parte del crecimiento patrimonial que los sindicalistas lograron gracias a las supuestas maniobras ilegales que realizaron en el Surrbac y en otras instituciones vinculadas al gremio.

De esta manera el caso del Surrbac se suma a la lista de resonantes causas nacionales en las que la UIF interviene como querellante. Entre otras, se encuentran la causa de los cuadernos de la corrupción kirchnerista y la de los bolsos de José López. En Córdoba, la UIF es querellante en el caso de la financiera CBI, que en junio arrojó la primera condena judicial argentina por el delito de intermediación financiera.

El organismo presidido por Mariano Federici ya había intervenido en el caso del Surrbac, ya que es autor de un extenso y detallado informe de inteligencia sobre los movimientos económicos y financieros de los principales dirigentes del sindicato, que fue agregado a la causa judicial.

Algunos detalles de ese informe, publicados por La Voz, muestran que entre 2009 y 2018 Saillén y Catrambone pusieron sus firmas en centenares de cheques, en su carácter de apoderados del sindicato, de la mutual y de la obra social. A través de esos cheques, según la UIF, se produjo el 89 por ciento de los egresos de esas instituciones.

La modalidad que usaban los sindicalistas, siempre según UIF, era endosarlos a sus familiares o terceras personas que luego los usaban para comprar vehículos de alta gama y otros bienes, pese a que se trataba de personas que carecían de sueldos o de ingresos como para poder afrontar esas adquisiciones. De esa manera fue que compraron buena parte de los 55 autos, por valor de 80 millones de pesos, que inhibió el juez Ricardo Bustos Fierro.

Fue imposible para los investigadores y contadores enviados por la Justicia saber cuál fue el motivo de centenares de pagos que los sindicalistas hicieron a través de la entrega de cheques.

Esto, debido a la enorme desprolijidad contable que, comprobaron, existía en el sindicato. Según el informe, algunos préstamos y adelantos de sueldo que se realizaban a afiliados se acordaban “de palabra” y no tenían registro en los libros contables.

Seguirán en Bouwer

Saillén y Catrambone, los máximos dirigentes del Surrbac, se encuentran detenidos en la cárcel de Bouwer hace siete semanas, y las últimas señales provenientes de los tribunales federales indican que, por ahora, no están cerca de conseguir su libertad.

Sus abogados Ricardo Moreno y Jorge Sánchez del Bianco presentaron por tercera vez un pedido de excarcelación, pero fuentes judiciales consideran que es muy improbable que obtengan una respuesta positiva de la Cámara Federal de Apelaciones.

Recién esta semana el juzgado de Bustos Fierro tendrá a su disposición toda la documentación secuestrada en los 16 allanamientos realizados a fines de agosto, luego de que fue revisada por los técnicos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) de Córdoba.

En contra de la libertad de Saillén y Catrambone pesan no sólo que falta revisar la documentación, que podría arrojar nuevos elementos que hagan necesaria la continuidad de su detención.

La Justicia también considera que su libertad incrementaría la peligrosidad procesal de ambos, ya que el día que los detuvieron hicieron rodear sus viviendas con camiones del servicio de recolección para obstruir el operativo, y además ocurrió una agresión contra un camarógrafo de El Doce.

También se aguarda conocer cómo podría quedar reestructurada la causa judicial cuando Bustos Fierro comience a unir los pedazos con las otras investigaciones judiciales que se unificaron a esta.

El fiscal provincial Raúl Garzón remitió una causa en la que pidió que se investigaran por presunto lavado de dinero las últimas licitaciones de basura organizadas por la Municipalidad de Córdoba, que podría trasladar el interés judicial hacia la conducta que tuvieron en los últimos años funcionarios de la gestión de Ramón Mestre.