Lo planteó en esos términos incluso antes de que Alberto Fernández sea presidente, en aquel encuentro furtivo en el búnker de campaña de San Telmo, después del triunfo del candidato kirchnerista en las PASO. En ese primer cara a cara, además de haber reconocido su apoyo a la gestión de Mauricio Macri, el exitoso empresario planteó una preocupación casi corporativa: el poder de Hugo Moyano.

Desde entonces hasta la actualidad, tal vez envalentonado por el regreso de un gobierno aliado, Moyano reforzó su presión para avanzar con el encuadre sindical de los operarios de Mercado Libre que se desempeñan en un centro de logística ubicado en los predios del Mercado Central, en Villa Madero. El Gobierno no impulsó el reclamo, pero tampoco hizo esfuerzos para detenerlo. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, tiene hoy la llave para avalar o desestimar la resolución ministerial que dio luz verde al convenio 1591/2019 que selló Galperin con la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga, y que fue objetado por el jefe camionero.

Moyano impugnó ese trato, que se aplica de manera exclusiva en el centro logístico y que fue avalado en un trámite exprés por el exministro macrista Dante Sica. Inicialmente, el nuevo convenio se aplicó a 80 operarios; alcanza hoy a 740, según Carga y Descarga. El jefe camionero considera que ese acuerdo es un primer paso hacia la flexibilización laboral. Entre las grandes reformas se destacan las modificaciones en lo relativo a la jornada laboral, la creación de un banco de horas (192 mensuales), la polifuncionalidad de tareas, la eliminación de los delegados por turno y la atenuación del derecho a huelga, casi al estilo Vaca Muerta.

Sin una respuesta favorable con Sica, y por ahora tampoco con Moroni, Moyano recurrió a la Justicia federal para impedir el avance del acuerdo entre Galperin y Daniel Vila, el jefe de Carga y Descarga. Vila es un gremialista de perfil bajo que en la CGT se sienta en un sillón clave: es miembro del Comité Arbitral, el tribunal que interviene en las disputas entre sindicatos por temas de encuadramiento. Suena casi una ironía.

El 5 de noviembre de 2019, ya con Fernández como presidente electo y Macri en retirada, Moyano denunció en la Justicia "un pacto fraudulento y espurio entre el Ministerio de la Producción y Trabajo, una empresa fantasmática y un sindicato sin representación". La acusación principal apunta contra Sica por haber avalado el apretón de manos entre Galperin y Vila, pero el objetivo es poner un pie en el gigante del comercio electrónico. El expediente cayó en el juzgado federal N°3, a cargo de Daniel Rafecas. El juez citó en dos ocasiones a Moyano para ratificar la denuncia, pero el sindicalista nunca apareció. En febrero, la causa se archivó, aunque ahora resurgiría tras una gestión de Daniel Llermanos, uno de los abogados de mayor confianza de Moyano. Es muy probable que el jefe camionero sea citado nuevamente el mes próximo, según confiaron fuentes judiciales. El caso, mientras tanto, es solo fuego retórico.

El jefe del gremio de los bancarios, Sergio Palazzo, se tomó mucho más personal que Moyano su disputa con Galperin. "Vamos a ir por todos los trabajadores del sector financiero, si Galperin está ahí, le tocará ajustarse a la ley. Vamos a intentar afiliar a los trabajadores de Mercado Pago porque tienen regulaciones financieras como cualquier banco. Si no, es competencia desleal", desafió Palazzo el año pasado durante una entrevista en FM Futurock.

Hoy la pulseada continúa. Con la sensación de tener el apoyo del Gobierno, Palazzo presiona por la representación de unos 5000 trabajadores que se desempeñarían en el sistema financiero tecnológico (fintech) y que considera que deberían estar encuadrados en su gremio. Pidió además a los hombres más cercanos a Fernández revisar los beneficios impositivos que la Ley de Economía del Conocimiento les facilitaba a las grandes compañías, como Mercado Libre. Finalmente, algunas modificaciones en la norma, como cierto límite a las excenciones, se conocieron el miércoles pasado.

Palazzo integra la comisión directiva del club Independiente, que preside Moyano. Sus lazos son aún más fuertes: en tiempos de Macri fueron los primeros sindicalistas en desmarcarse de la CGT para confrontar con el Gobierno. También fueron los impulsores desde la primera hora de la candidatura de Fernández, ya que se habían acomodado entre el kirchnerismo duro. Durante la campaña, Palazzo fue dos veces anfitrión de Fernández y Cristina Kirchner en la Asociación Bancaria. El respaldo dio sus frutos: dos dirigentes jerárquicos del gremio (Claudia Ormaechea y Carlos Cisneros) accedieron a una banca de diputado nacional por el Frente de Todos.

Palazzo es de los que cree que Galperin no soportó las presiones políticas, sindicales y judiciales, y que por eso volvió a irse a Uruguay. En Mercado libre aseguran que la decisión de su CEO nada tiene que ver con eso.

Otro actor sindical en este ajedrez es Armando Cavalieri. Con un perfil más bajo y menos combativo, el legendario jefe mercantil considera que su convenio debe ser el que riga en algunos ámbitos de Mercado Libre. Pidió por carta afiliar a todo el personal del área administrativa. Por ahora no tuvo suerte. Cavalieri, que tiene 83 años, está preocupado por cómo los avances tecnológicos perforaron su gremio. Entre 2018 y 2019 perdió 62.000 puestos de trabajo, sobre todo en cadenas de electrodomésticos y supermercados. Las compras on-line es uno de los motivos de la sangría.

Sin mediar jamás de manera directa entre los sindicalistas y Galperin, Alberto Fernández había fijado el año pasado una postura sobre las peleas de encuadramiento. "Lo que sea por vía convencional es una decisión de las empresas y los trabajadores. Lo que no quiero es poner reglas generales de flexibilización", sentó posición ante una consulta de LA NACION sobre lo que él llama la "uberización" de las relaciones laborales.

La postura del Presidente no tranquilizó nunca a la cúpula de Mercado Libre, pero tampoco a Moyano y a los otros sindicalistas interesados en poner un pie en la compañía de Galperin. Para algunos gremios "la guerra" sigue abierta: prevén en el corto plazo cuestionar en bloque el contrato de alquiler del predio en el Mercado Central, que habría sido sellado por 30 años a un precio de remate. Son por ahora habladurías tras la abrupta mudanza a Uruguay de unos de los empresarios más exitosos del país.