La primavera de la criminalización de la protesta

Para los gremios, la citación a indagatoria de dos sindicalistas tucumanos desnuda que el oficialismo quiere un modelo con salarios bajos.
La criminalización de la protesta parece vivir una suerte de primavera en América. Claro que con bemoles según las latitudes.

Que los bancos disfruten de enormes beneficios, mientras los estadounidenses medios sufren altísimas tasas de desempleo e inseguridad laboral, ha hecho que en EE.UU. explote un movimiento de indignados, exportado desde España: "Ocupar Wall Street". Las manifestaciones contra el sistema financiero y el aumento de la desigualdad económica en Norteamérica fueron reprimidas por la Policía de Nueva York, que arrestó a casi un centenar de personas.

La cuestión toma ribetes diferentes en el Cono Sur, cordillera mediante. Los estudiantes chilenos reclaman masivamente una reforma educativa inclusiva. Los secundarios demandan mayor financiación para la educación pública acoge al 90% de los 3,5 millones de escolares chilenos-, a través de beneficios como la gratuidad del transporte público. Los universitarios, en tanto, exigen mayor aporte del Estado para las casas de altos estudios, financiadas en su mayoría por recursos propios y altos aranceles, pagados a través de créditos con intereses de mercado. Pero el Gobierno de Sebastián Piñera ha contestado no sólo con detenciones a centenares de jóvenes por "desórdenes y daños a vehículos de la policía". Según los manifestantes, suspendió becas alimentarias a 10.000 universitarios.

En la Argentina, la criminalización de la protesta ha tenido otros actores. De un lado los sindicatos, del otro el Poder Judicial.

Dos escenarios

El capítulo nacional se escribió con la detención de cinco sindicalistas de la Unión Ferroviaria. El giro que dio el caso, con la liberación de los apresados, el reconocimiento de que hubo errores en la pesquisa y la separación de la Policía Federal de la investigación, potenció las denuncias de la CTA y la CGT respecto de que el poder político estaba usando a la Justicia para "apretar" a los gremios. Que el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, declarase que el juez federal de San Martín, Juan Manuel Yalj, tenía pruebas sobre la presunta participación de los ferroviarios en la quema de vagones de la línea Sarmiento, a pesar del secreto de sumario, fue nafta para las llamas.

En Tucumán, este reverdecer de la judicialización de los reclamos gremiales también tiene su capítulo. Concretamente, en la citación a declaración indagatoria de Adriana Bueno, titular del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud, y de Vicente Ruiz, de la Corriente Clasista y Combativa, en la causa por la que la Justicia Federal investiga si hubo un corte de ruta el 24 de mayo pasado.

LA GACETA no pudo contactar al juez federal Nº 1, Daniel Bejas (disertó de unas jornadas de derecho en Santiago del Estero), pero fuentes judiciales consideran que esta misma semana archivarían el expediente. "Pero como cualquier causa, debe seguir un trámite previo", justifican cerca del magistrado. (Ver "Contravención")

Dos lecturas

Los sindicatos tienen otra lectura. Para Bueno, el Gobierno tucumano está detrás de la denuncia y busca acallar al movimiento que siempre renegó de las paritarias que alperovichismo acordó con los gremios de la sanidad. Para Ruiz, buscan amedrentar a los sectores que enfrentan al oficialismo.

De ambas lectura sindicales surgen dos aspectos clave del escenario nacional y local. Por un lado, la denuncia de que el oficialismo busca instaurar un "modelo" con sueldos bajos. Especialmente, frente a un escenario de crisis financiera global, que ya hizo caer en U$S 100 el precio de la tonelada de soja, vedette de los commodities argentinos: representa el 35% de los ingresos del Estado nacional.

Por otro, se observa una reacción de los gobiernos ante el crecimiento de los gremios durante la década pasada, gracias al apoyo del kirchnerismo y a sus políticas antagónicas a las nefastas flexibilizaciones laborales de los 90.

Dos inquietudes

También dos cuestiones se asoman con independencia de la pelea entre gobierno y sindicatos.

Por un lado, la situación de los terceros, los ciudadanos, que repudian ser rehenes de esa pelea, cuando padecen desde la parálisis del transporte público hasta la interrupción del tránsito.

Por otro, una pregunta para la Justicia, sin distinción de distritos: ¿por qué no hay una criminalización de la corrupción?

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