El objetivo histórico es declinar la medida si existen concesiones, aún cuando se sabe que el tema central está ligado a los fondos de las obras sociales pendientes de devolución del Fondo Nacional de Redistribución a las entidades sindicales que son sus administradoras, y una suerte de reparación de los efectos negativos de la inflación por algún medio, entre los cuales se prevé la reapertura de paritarias, aún cuando podría ser viable una compensación general por vía de un acuerdo social.

Obviamente, los dirigentes gremiales atribuyen al Gobierno acciones que a pesar de ser necesarias, afectaron especialmente a los sectores más vulnerables, a propósito de la devaluación, la remarcación de los productos de primera necesidad, la salida del cepo, y el tarifazo de los servicios públicos de energía y de transporte.

En ese contexto, la inflación real gira en torno del 40%, y el impacto se produjo desde los comienzos del año, afectando a los productos de la canasta familiar en más del doble del resto de los aumentos de precios.

Ya lograron los gremios activar a una comisión de crisis, que tiene a su cargo formalizar contactos con distintos dirigentes, para buscar alternativas de salida. La integran los ministros Jorge Triaca (Trabajo), Jorge Lemus (Salud), Francisco Cabrera (Producción), Carolina Stanley (Desarrollo Social), y Rogelio Frigerio (Interior).

Algunos errores en la negociación quemando algunas promesas que pueden ser válidas en un contexto mayor, como fue el de ofrecer empleo y reactivación en la construcción a la UOCRA que aún no llega en momentos en los cuales el paro ya estaba resuelto con el voto a favor del mismo de Gerardo Martínez, o un plan de salud con la participación de las obras sociales en el 2017, que no es tangible a la hora de colocar los elementos de intercambio en la mesa de las negociaciones.

Otros errores tienen que ver con el lugar que se le debe dar a cada negociador, y haberles brindado un espacio a la CTA y a ATE que no integran la CGT y que se los considera socios circunstanciales

Pero si analizamos la problemática que presenta la CGT desde el ángulo de observación del Gobierno Nacional, ha habido sin dudas una clara subestimación del rol de la central obrera, y con ello, no se diseñó -como sí ocurrió en otros ámbitos- una estrategia integral de relacionamiento y de negociación preventivos.

Por efecto de los silencios, las omisiones, y ahora, por vía de los distintos errores de negociación, se ha perdido la iniciativa, y se ha dejado en manos de la CGT las decisiones que conforman la agenda laboral colectiva.

El éxito de un paro general, en estos momentos, depende de la poderosa CATT liderada por Juan Carlos Schmid que agrupa a todos los gremios del transporte, pueden paralizar el país, sencillamente, porque pueden bloquear el acceso al trabajo de los que no adhieran. La presencia de Schmid en el triunvirato de la CGT, junto a Héctor Daer (massista) que representa a los grandes gremios, y Carlos Acuña que es el brazo presente de Luis Barrionuevo, aseguran este frente. Los gremios independientes como Sergio Palazzo de bancarios, SADOP, los pilotos, el sindicato de personal jerárquico de energía, de la Corriente Federal, seguramente adherirán.

El paro general no forma parte de la huelga según reza el art. 14 bis de la Constitución Nacional, ya que se trata de una medida de solidaridad con fundamentos políticos, que es abiertamente inconstitucional, y por ende, el Ministerio de Trabajo la puede declarar ilegal. Sin embargo, esto no es lo más grave. Al día siguiente tendremos un paro inútil, pérdidas, incertidumbre, inactividad y ningún triunfo, ni para los trabajadores supuestamente representados ni para las empresas, y en particular, para el Gobierno Nacional.