La reciente reforma de la ley jubilatoria provincial ya cosechó el primer recurso judicial para frenarla.

Mientras los gremios estatales marchaban ayer hacia el Centro Cívico, el abogado Roberto Olmedo presentó en el fuero Contencioso Administrativo una acción de amparo.

El planteo, patrocinado por el estudio jurídico Olmedo-Príncipe, lo realizó un jubilado que se desempeñó como funcionario del Poder Judicial, y recayó en la Cámara Contencioso Administrativa de 1ª Nominación, integrada por Pilar Suárez Ábalos y Leonardo Massimino.

“La demanda es contra la Caja de Jubilaciones, como órgano de aplicación, y el planteo es la inconstitucionalidad de la ley (10.333), porque avanza sobre jubilaciones otorgadas con anterioridad”, explicó Olmedo.

Esa norma, aprobada el miércoles pasado en la Legislatura provincial, modificó la manera en la que se calculan los haberes, lo que implica alejarse del 82 por ciento móvil del salario bruto de los activos.

El tribunal debería dar a conocer hoy si admite el amparo. Olmedo admitió que tanto él como otros abogados tienen en gateras otras presentaciones, pero esperan conocer la respuesta de la Justicia, por lo que este primer recurso funcionará como un caso testigo.

Argumentos

En el texto que acompaña la presentación, además del planteo de inconstitucionalidad, se apunta a una suerte de cronología de ajustes.

“Cuando uno advierte cuánto se le descuenta ahora, el 11 por ciento parece que no fuera grave, pero en la demanda se explica que desde 1995 se han venido produciendo recortes de diferentes tenor: estuvo el decreto 1.777 (promovido por el exgobernador Ramón Mestre), la emergencia de 2008 con títulos de cancelación, el diferimiento (en 2012) y ahora esta quita”, argumentó Olmedo.

También señaló que, a raíz de la armonización que la Provincia realizó con el sistema nacional para las jubilaciones del Poder Judicial, la reforma viola el régimen de movilidad de ese sector.

El recurso no fue acompañado por una medida cautelar (estrategia que quitaría argumentos a la Justicia para rechazarlo), herramienta que, según explicó Olmedo, se reserva para cuando se produzca el cobro y quede explicitado el impacto. Aunque el abogado no ofreció detalles, trascendió que el demandante percibiría más de 40 mil pesos mensuales.

Además, ya había accionado contra la Caja tras la emergencia de 2008, que implicó el pago con títulos de parte de sus haberes. Su caso, como los de otros jubilados, se saldó con el fallo del Tribunal Superior de Justicia en la causa Bossio, cuando se fijó frontera inviolable al 82 por ciento del sueldo en mano, núcleo al que se aferra el Gobierno provincial para sostener la legalidad de la reforma.

Pago. Los pasivos provinciales cobran hoy sus haberes de diciembre, mientras que mañana estará depositado en las cuentas de 63.061 beneficiarios el proporcional del fin del diferimiento y medio aguinaldo (ocho días), que implica una suma promedio de 145 pesos, según informó anoche la Caja de Jubilaciones.

60.800 pesos en promedio

Magistrados. El sector que nuclea a los exfuncionarios y exmagistrados del Poder Judicial reflejó, en la liquidación de haberes de noviembre pasado, el pago de un haber jubilatorio promedio de 60.842 pesos.

Picos. En ese segmento se registran los mayores picos de haberes, limitados de forma parcial por el tope jubilatorio. Uno de los casos más sorprendentes es el de una exjueza que, además de su jubilación, también percibe la pensión de su marido, quien había sido autoridad en el Tribunal de Cuentas provincial. Entre ambas liquidaciones, en septiembre de este año cobró unos 170 mil pesos.