Por primera vez, un ex funcionario del gobierno kirchnerista reconoció ante la Justicia un presunto sobreprecio en el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, la obra de la constructora brasileña Odebrecht y de Iecsa, entonces propiedad de Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri. Ese supuesto sobreprecio podría explicar el origen de los fondos que la empresa de Brasil admitió haber destinado al pago de sobornos a funcionarios argentinos por US$ 35 millones y a funcionarios brasileños.

El testimonio confirma un informe oficial de la Unidad Ejecutora de la obra del soterramiento realizado durante el kirchnerismo y testimonios recolectados por PERFIL que dejan en evidencia que los técnicos del propio gobierno de Cristina Fernández de Kirchner detectaron que las empresas impusieron un precio de la obra un 30% superior al valor estimado por los propios ingenieros oficiales, y que las compañías manejaban a su antojo el presupuesto. También revela que el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social (BNDES) de Brasil –un banco estatal que el gobierno brasileño utilizó para financiar a empresas como Odebrecht– aprobó un crédito para financiar la obra que incluía esos valores sobredimensionados.

“No se logró arribar a un acuerdo sobre el valor actualizado del contrato, existiendo un significativo desfasaje entre lo pretendido por la contratista y lo que la Unidad Ejecutora podría considerar admisible”, dice el informe al que accedió este medio. Ese “desfasaje” equivale, según el ex titular de esa unidad, Ernesto Selzer, a mil millones de dólares.

El soterramiento fue adjudicado a las empresas en 2008. Pero en 2013 la obra pasó a estar a cargo de la Unidad Ejecutora, integrada por miembros del Ministerio de Economía, la Secretaría de Transporte y la Secretaría de Obras Públicas.

En su declaración como testigo ante el fiscal federal Federico Delgado, Selzer, un técnico que respondía a Axel Kicillof, aseguró: “Yo nunca había visto un contrato así. El proyecto lo hace la UTE y te dice cómo”. El consorcio de empresas “pretendía US$ 3 mil millones cuando nuestros ingenieros demostraban que el precio actualizado era de US$ 2 mil millones”. Declaró que “el anticipo financiero –para las empresas– estaba duplicado”. El contrato con Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa, miembros de la Unión Transitoria de Empresas que ganó la licitación, “estaba planteado de tal manera que le daba discrecionalidad a la UTE para fijar el costo final de la obra”, agregó.

Selzer declaró en el marco de la causa contra el ex secretario de Obras Públicas José López, a quien le adjudicó un rol clave en las negociaciones con Odebrecht. El informe critica la licitación que el propio kirchnerismo entregó a Odebrecht y a la empresa de Calcaterra, abarca el período 2013-2015 y fue presentado a las autoridades el 26 de noviembre de 2015, pocos días antes de que CFK dejara el poder. Sin embargo, según fuentes del propio kirchnerismo, Selzer advirtió sobre sus sospechas a Kicillof, tiempo antes, alrededor de 2013. Kicillof, en plena puja de poder con el entonces ministro de Planificación, Julio De Vido, habría advertido a CFK sobre el reporte de los técnicos. Esa información interna, que el gobierno nunca denunció ante la Justicia, habría sido una alerta que puso un nuevo freno a la obra del soterramiento.

El crédito de Brasil. Una serie de emails en poder de la Justicia brasileña reveló que Odebrecht y el ex ministro de Hacienda de Brasil Antonio Palocci negociaban los créditos del BNDES a cambio de pagos indebidos. En Brasil, los créditos que el banco estatal les daba a empresas como Odebrecht terminaron en un círculo negro: los brasileños financiaron obras públicas en Argentina y otros países donde la empresa está admitiendo haber pagado coimas.

El testimonio de Selzer y el informe de la Unidad Ejecutora también ponen en la mira al BNDES. La entidad está siendo investigada en varios países por su financiamiento en América Latina a empresas brasileñas sospechadas de corrupción. En esos casos, la hipótesis se repite: el BNDES financió obras con sobreprecios acordados entre las brasileñas y los gobiernos, y esos sobreprecios se usaron en parte para pagar sobornos a funcionarios públicos de Brasil –que otorgaron los créditos– y a los funcionarios que entregaron las obras en sus países.

De acuerdo con el informe de la Unidad Ejecutora, el BNDES calculó el crédito para la obra basado en “una estimación preliminar” realizada por las empresas en julio de 2013. El crédito equivaldría entonces al “50% del monto de los trabajos faltantes hasta el momento”, igual a US$ 1.500 millones. Los técnicos también se quejaron de que “la contratista pretende incrementos” de los valores “derivados del financiamiento del BNDES”.