La detención de los cuatro imputados por la toma de rehenes ocurrida el 12 de septiembre pasado, en la delegación Salta de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), se convirtió hoy en prisión preventiva, por decisión del juez de Garantías 2, Ignacio Colombo, que entiende en la causa.

Así se informó desde el Poder Judicial de Salta, y se detalló que los detenidos están provisoriamente imputados de los delitos de secuestro coactivo, robo en poblado y en banda, y daños.

Asimismo, se precisó que el juez no hizo lugar a los pedidos de libertad y de cambio de calificación legal presentados por la defensa de los imputados Omar Pereyra, Walter Ignacio Pérez, Daniel González y Oscar Raúl Villa, y todos deberán continuar alojados en la Alcaidía General de la ciudad de Salta, a disposición del juzgado.

Para ello, Colombo tuvo por acreditada, dentro del nivel de certeza que esta etapa exige, la existencia del hecho y la probable participación de los acusados como autores. 

En tanto, tuvo en cuenta la naturaleza de los hechos denunciados, que demostró la peligrosidad de los supuestos causantes, y el agravio causado a las víctimas, secuestradas durante varias horas.

El 12 de septiembre pasado, por la mañana, un grupo de personas ingresó a la sede de la UTA en Salta, donde mantuvo de rehén al secretario general, Jorge Flores, y a otros dos dirigentes, por diferencias gremiales, con la amenaza de quemar el edificio ante la intervención policial.

La toma se extendió durante varias, con la intervención de personal del Grupo de Operaciones Policiales de Alto Riesgo (Gopar) y otras dependencias de la fuerza provincial.

Cerca de las 17, Flores fue liberado, y dos horas más tardes, los protagonistas de la medida depusieron la actitud y se entregaron a las autoridades policiales, que esa noche detuvieron a 32 personas de las cuales 28 fueron liberadas horas después, y cuatro quedaron detenidas.

El juez consideró que, de encontrarse en libertad, los imputados, podrían eludir la acción de la justicia, poniendo en riesgo la investigación fiscal en esta instancia del proceso.

Además, destacó “la existencia de una actitud evasiva” demostrada por los causantes, quienes desobedecieron por varias horas las directivas policiales destinadas a mantener la situación bajo control, y más aún, desoyeron una intimación efectuada por la Fiscalía y ratificada luego por el juez.

Para el magistrado, la declaración de la prisión preventiva responde a “la posible aplicación de una condena de cumplimiento efectivo”, sumado a “las conductas demostradas por los imputados”, que constituyen “elementos indicativos de una cierta peligrosidad procesal”.

En este sentido, agregó que “ante el peligro de fuga ya referido, y teniendo en cuenta la etapa inicial en que se encuentra la investigación fiscal, las medidas pendientes de producción podrían verse frustradas en caso de ordenarse la libertad de los acusados.