Ante un conflicto laboral con la Legislatura, el secretario gremial de la Agremiación Tucumana de Empleados Legislativos y Deliberativos (Atelyd), Tomás Mauricio Maciel Alderete, sostuvo que todavía no se cumplió con lo resuelto por la Justicia que le dio la razón en un planteo en contra de la Cámara.

El trabajador fue despedido en abril del 2015 e inició un juicio contra el Poder Legislativo, aduciendo que estaba bajo la tutela de la ley de Asociaciones Sindicales, por gozar del carácter de representante gremial. Al momento del despido, Maciel Alderete se desempeñaba como asesor de la legisladora Nancy Bulacio, bajo el régimen de personal “temporario de bloque”.

Los abogados de la Legislatura argumentaron que la inestabilidad del cargo es un rasgo esencial de los empleados de bloques políticos, y que su remoción podía concretarse sin requisito alguno. Sin embargo, el Juzgado de Conciliación y Trámite de la 2° Nominación a cargo del magistrado Rodolfo Eugenio Torres, priorizó la protección de las garantías sindicales. En su sentencia sostuvo que, a pesar del carácter temporario de Maciel Alderete, como secretario gremial estaba a salvo de suspensiones o despidos sin resolución judicial previa. Por lo tanto, en agosto del 2016 se dictó el fallo que dispone que la Legislatura debe reinstalar al trabajador.

El sindicalista asegura que no fue reintegrado a su puesto y que pidió en la Justicia que se sancione al organismo por su incumplimiento. “Estamos esperando la resolución para avanzar con una denuncia penal en la Justicia Federal, por discriminación y persecución”, concluyó Maciel Alderete, que afirma que fue víctima de aprietes y amenazas.