Los procesamientos de esta semana y el futuro del SUTEF

Los procesamientos de esta semana y el futuro del SUTEF
El procesamiento a los afiliados de los gremios de camioneros y municipal, cayó como un balde de agua fría sobre los dirigentes del SUTEF que se imaginan correr con la misma suerte. "Si procesaron a los camioneros por tirar basura frente a la Casa de Gobierno, ¿Qué le queda a los dirigentes y gremialistas que "usurparon" la misma durante 4 día, destrozaron y robaron muchas cosas"?, dijo una fuente judicial a este medio, como anticipo lo que viene. Además, agregó que "el gobierno no quiso la mediación y sentó un precedente de cara a los juicios del SUTEF", sostuvo.

Lo cierto es que por el momento existe una profunda preocupación en la dirigencia gremial. La estrategia de la defensa es pedir casi suplicar "la mediación". Mientras que desde el gobierno se mantiene un alinea dura. "La gobernadora no va a negociar ni un solo centímetro con el gremio del SUTEF", le dijo un Ministro a este medio, exhibiendo una nota por la cual se rechazó el pedido de "mediación" hecho por los camioneros que ahora están procesados.

Los procesamientos

Son 19 afiliados al gremio de Camioneros, seis municipales y un jubilado. La jueza María Cristina Barrionuevo los considera responsables del delito de daños por la rotura de vidrios en Casa de Gobierno y la destrucción del pavimento de la calle San Martín. Otras seis personas fueron sobreseídas. Las defensas adelantaron que recurrirán el fallo ante la Cámara de Apelaciones. Fracasó la instancia de mediación porque el Gobierno se opuso. Los hechos ocurrieron en medio del conflicto institucional por el intento de recorte de fondos a los municipios.

La jueza de instrucción de Segunda Nominación de Ushuaia, María Cristina Barrionuevo, dictó el auto de procesamiento de veintiséis manifestantes por los incidentes registrados en la ciudad el 17 de diciembre de 2012, cuando se produjo una protesta sindical en las calles contra la posibilidad de recortes de fondos a los municipios por el llamado conflicto de la ley 648.

El pronunciamiento judicial considera como presuntos responsables del delito de “daños” a diecinueve afiliados al Sindicato de Camioneros, entre ellos su secretario de organización y máximo referente en Ushuaia, Daniel Capdevila.

También fueron procesados seis trabajadores municipales y un jubilado que participó de las manifestaciones callejeras en distintos puntos de la ciudad, según precisaron fuentes ligadas al caso.

La resolución de la jueza Barrionuevo aún no está firme, y será recurrida por las defensas de los acusados ante la sala penal de la Cámara de Apelaciones de la Provincia.

Por su parte, el abogado Dante Pellegrino, representante legal de los camioneros, confirmó que aún no había sido notificado de la medida (seguramente lo será hoy) y adelantó que ni bien se cumpla ese trámite comenzará a trabajar en las apelaciones.

En el mismo sentido la abogada Marisa González, del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) señaló que sus tres asistidos fueron alcanzados por el auto de procesamiento y que también recurrirá el fallo.

Barrionuevo también dictó el sobreseimiento de al menos seis personas (entre gremialistas camioneros y municipales) por no haberse hallado elementos de prueba que los vincularan con la rotura de vidrios y el deterioro del pavimento de la calle San Martín, los dos puntos principales en que se centra la investigación.

Según trascendió, en la causa está demostrada la destrucción de ocho paneles vidriados de la Casa de Gobierno, valuados en algo más de once mil pesos, más la destrucción del asfalto por la quema de maderas y neumáticos que realizaron ese día los manifestantes.

El caso comenzó a gestarse tras la denuncia que presentó el entonces secretario general de la Gobernación (hoy ministro de Economía) Osvaldo Monti.

El NO del Gobierno a la mediación

Las defensas de los acusados intentaron poner en funcionamiento el mecanismo de mediación para casos penales, que fija el artículo 24 de la ley provincial 804.

Allí se establece que “en aquellas causas que tramitan en el fuero penal, y que sean susceptibles de aplicación del instituto de suspensión del juicio a prueba” podrá solicitarse la mediación a pedido de los imputados, el fiscal o el juez.

El objeto de este instituto es “pacificar el conflicto, procurar la reconciliación entre las partes, posibilitar la reparación voluntaria del daño causado, evitar la revictimización, promover la auto composición en un marco jurisdiccional y con pleno respeto de las garantías constitucionales”, señala la normativa.

Sin embargo, para que opere la mediación hace falta el acuerdo de las partes. Y ello no sucedió en el caso de los incidentes de diciembre de 2012.

El municipio de Ushuaia, como uno de los damnificados por los daños, prestó consentimiento, a través de un dictamen emitido por la secretaria legal y Técnica, Patricia Bertolín.

En cambio, el Gobierno provincial se opuso, luego de consultas realizadas al Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, y a la Secretaría Legal y Técnica.

Con ello, el fiscal Daniel Curtale (que interviene en las actuaciones) dio por finalizado el intento de mediación y la jueza Barrionuevo dictó los procesamientos.

Al parecer el pronunciamiento utiliza como evidencias las filmaciones de los hechos aportadas por personal policial, muchas de las cuales corresponden a las cámaras de seguridad ubicadas en los edificios públicos.

Aun así, los gremios sostienen que la autoría de los supuestos daños no está comprobada e intentarán demostrarlo ante la Cámara de Apelaciones.

Comentá la nota