El juez penal de Ushuaia Javier De Gamas Soler dictó ayer el procesamiento de seis gremialistas acusados de participar de varios hechos de violencia ocurridos durante el conflicto entre el gobierno provincial y sindicatos estatales por la reforma del sistema previsional, entre ellos la agresión sufrida por el vicegobernador Juan Carlos Arcando, un escrache en el domicilio de la gobernadora Rosana Bertone, y la resistencia al desalojo del acampe instalado frente al edificio gubernamental.

Por el ataque a Arcando, ocurrido el pasado 2 de mayo tras la finalización de un acto en homenaje de las víctimas del Crucero General Belgrano, durante la guerra de Malvinas, De Gamas Soler procesó a cinco sindicalistas.

Se trata de Roberto Camacho, Juan Manuel Stefoni, Antonio Gallegos, José Gómez y Alejandro Gómez, quienes habían sido detenidos poco después del incidente y luego fueron liberados bajo reglas de conducta.

La Justicia les atribuyó a todos ellos los delitos de “atentado a la autoridad agravado por haber puesto mano sobre un funcionario, en concurso ideal con lesiones, y con resistencia a la autoridad y lesiones reiteradas (seis hechos) agravadas por haber sido cometidas contra miembros de las fuerzas policiales”, según indica la resolución.

Por su parte, el juez procesó a José y Alejandro Gómez por presunta “resistencia a la autoridad”, en relación con el incidente ocurrido cuando escracharon el domicilio particular de la gobernadora Bertone, el pasado 1 de abril.

A su vez, el magistrado dictó el procesamiento del actual secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (Sutef) Horacio Catena, por “resistencia a la autoridad”, en función de los hechos que protagonizó cuando la policía desalojó el acampe instalado durante semanas frente a la Casa de Gobierno fueguina, el 31 de mayo último a la madrugada. Por este hecho lo acusaron de “arrojar contra la policía un tacho que contenía fuego”.

Además, Catena fue procesado por el delito de “lesiones”, al comprobarse mediante un video (en esta instancia del proceso) cómo le pegó una patada en la mano al ex paritario del gobierno Nicolás Grafigna, durante otro violento episodio ocurrido el 26 de marzo de 2015, en la gestión de la ex gobernadora Fabiana Ríos.

De este modo, el juez de Instrucción resolvió en un solo pronunciamiento varias causas que habían sido acumuladas porque involucraban a las mismas personas en hechos similares.

La resolución judicial también les impuso a los sindicalistas el cumplimiento de reglas de conducta, como la prohibición de acercarse a menos de 100 metros de la gobernadora Bertone y del vicegobernador Arcando, bajo apercibimiento de quedar detenidos.

Tampoco podrán “tomar parte de actos públicos en los que se susciten hechos de violencia de cualquier índole o en los que se realicen actos de hostigamiento a funcionarios”, y tendrán prohibido “acercarse a organismos públicos dependientes del Estado provincial, sin previa autorización del tribunal”.

El mismo fallo sobreseyó a gremialista por otros hechos sujetos a investigación, como amenazas a funcionarios.

Arcando y Bertone

De Gamas Soler dio por probado que un grupo de manifestantes, entre ellos los procesados, increpó al vicegobernador en la vía pública, luego del acto en conmemoración de las víctimas del Crucero General Belgrano, y que después de exigirle en forma agresiva una reunión, “se abalanzaron sobre la humanidad del funcionario, comenzando a forcejear con el personal policial que lo custodiaba”.

Según obra en el expediente, Arcando sufrió lesiones en su pierna izquierda producto de varias patadas, y además “lo tomaron de sus prendas de vestir y lo tironearon, produciéndole la rotura de la ropa en su parte superior”.

Como consecuencia de la refriega también hubo seis policías con lesiones, como fracturas, escoriaciones, traumatismos de rodilla y de cabeza.

“La repentización del acontecimiento, la inusitada violencia desplegada, el importante número de manifestantes y la escasa cantidad de uniformados que protegían en un primer momento al vicegobernador, provocó que en esta oportunidad su integridad física no pudiera ser resguardada”, valoró el juez.

El pronunciamiento también agregó que “la acción que desplegaron los imputados estaba dirigida en contra del vicegobernador, a sabiendas de su investidura, y en el marco de un conflicto en el que los manifestantes se mostraban cada vez más violentos”.

En relación al escrache en el domicilio de Bertone, el fallo determinó que un grupo de manifestantes que acudió a protestar frente a la vivienda de la gobernadora, traspasó el cordón policial cuando advirtió que la mandataria se retiraba de la casa, produciéndose “empujones y agravios”.

“Es evidente que la conducta de los imputados excedió claramente el ámbito de una protesta legítima y pacífica (…) y de ninguna manera puede justificarse la realización de una manifestación en el lugar de residencia de una persona, más aún si se trata de la propia gobernadora provincial”, escribió el magistrado en los considerandos de la decisión judicial.

Código Penal a la basura

El juez también contestó con argumentos las presentaciones que en forma de “amigos de la corte” realizaron organismos de derechos humanos, en favor de los sindicalistas involucrados y en contra de la llamada “criminalización de la protesta social”.

En ese sentido, consideró que las imputaciones penales solo se realizaron “ante la sospecha del despliegue de actos concretos que resultaron adecuados para afectar bienes jurídicos caros a la sociedad y, en consecuencia, merecedores de tutela penal”.

“Se desplegaron diversas acciones sumamente violentas y se afectó en forma inconmensurable al conjunto de la población, aun cuando aquello que estaba en tela de juicio eran leyes sancionadas por la propia legislatura provincial”, resumió el magistrado, y concluyó que sería “un dislate jurídico equiparar la disconformidad a ciertas leyes con el mal mayor o la agresión ilegítima”.

“En otras palabras -afirmó el juez en una de las partes más categóricas del fallo- atender a la pretensión (de no juzgar estos hechos) importaría la derogación pretoriana del propio Código Penal”.