El SEP profundiza las medidas de fuerza

Ante la negativa de reabrir la discusión salarial, el plenario provincial del Sindicato de Empleados Públicos aprobó realizar el miércoles próximo abandono de tareas a las 10.
Ante la negativa del Gobierno de reabrir la discusión salarial, el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) ratificó ayer el estado de conflicto en todas las áreas de la administración pública y en los hospitales y resolvió para el miércoles próximo una concentración frente al Ministerio de Salud.

El miércoles pasado el gremio que conduce José Pihen, realizó otro paro parcial con una movilización por las calles céntricas, que contó con la participación de los cuerpos orgánicos del gremio docente y el titular de la CGT Unificada, Omar Dragún.

“Si no hay respuesta, vamos a duplicar esta apuesta”, advirtió en el acto el también legislador electo por el oficialismo.

Pihen cumplió con su advertencia y el nuevo paro parcial y la continuidad de otras medidas de fuerza fueron aprobadas ayer por unanimidad por el plenario provincial que deliberó en el salón de avenida Maipú al 300.

Según precisó el secretario de Salud del SEP, Marcelo Soria, el próximo miércoles se realizará un abandono de tareas a las 10, con una posterior concentración y acto a las 11, frente a la cartera de Salud, que funciona en el edificio del Pablo Pizzurno, ubicado sobre avenida Vélez Sársfield.

El plenario general de delegados de Capital e interior volvió a reclamar la reapertura de la negociación salarial para la totalidad de la administración provincial.

Ratificó además las asambleas sin límite de duración 
en toda la administración y 
en los hospitales públicos que ayer continuaron con la atención resentida.

También el plenario dispuso otra jornada de protesta para el viernes próximo en todas las reparticiones públicas, con la modalidad que fijen los delegados en cada dependencia.

Al retomar su función de responsable de la negociación salarial con el sector público, el secretario general de la Gobernación, Ricardo Sosa, ratificó la postura del Gobierno de hacer respetar el acuerdo firmado el 11 de marzo pasado, que vence el 31 de enero de 2012.

El funcionario recordó que el acuerdo salarial implicó para el sector de la salud incrementos de hasta el 35 por ciento al básico y señaló que la suba promedio para toda la administración rondó el 27,5 por ciento. Justificó la suba a los obstetras por ser un recurso humano crítico para la salud. Los obstetras que trabajan en el sector público provincial no superan los 300 y recibieron un incremento salarial de 1.200 pesos mensuales hasta fin de año y tendrán otra suba similar a partir de marzo de 2012. El costo fiscal de esa mejora hasta fin de año no supera el millón de pesos.

Sosa remarcó que cada punto de aumento porcentual para la totalidad de los agentes públicos tiene un costo fiscal de 110 millones de pesos.

Aunque el funcionario habló de aplicar “la ley” para normalizar la prestación de salud en los hospitales, ayer en la Secretaría de Trabajo no tenían previsto tomar ninguna resolución, según aseguró un vocero de ese organismo.

Trabajo descarta decretar la conciliación obligatoria, ya que como el Gobierno no está dispuesto a discutir salarios, no existe la posibilidad de abrir un diálogo entre las partes, que es uno de los objetivos que tiene esa medida.

Por otra parte, la cartera laboral no quiere reconocer como interlocutor válido a la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS), que lidera Carlos Altamirano. La UTS es la que lleva adelante el paro por tiempo indeterminado en los hospitales.

Lo que si se baraja es rea­lizar una nueva intimación a los equipos de salud, fijándole un plazo para que normalicen la prestación de los servicios, y en caso que no sea acatado dictar la ilegalidad de las medidas de fuerza.

En algunos sectores especulan que si la Provincia recibe la ayuda prometida de la Nación para fin de mes, podría analizar otorgar un monto no remunerativo por única vez para poner fin al conflicto.

27,5% de aumento

Acuerdo. En marzo pasado, el SEP y el Gobierno firmaron un acuerdo por el cual los agentes públicos recibieron ese aumento promedio.

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