Prometen destrabar fondos gremiales

El Gobierno les ofrecerá a los antimoyanistas $ 340 millones de los 2000 que les debe por programas de salud; reunión con Tomada

Por Nicolas Balinotti |

En la cruzada para aislar a Hugo Moyano, la Casa Rosada prometió a los gremios opositores al camionero liberar unos 340 millones de pesos de la deuda de 2000 millones que mantiene con las obras sociales sindicales por los reintegros no abonados por la desaparecida Administración de Programas Especiales (APE).

La APE era un organismo clave que administraba el dinero de las obras sociales sindicales y que desde el 19 de julio pasado fue absorbido por la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), un ente colonizado desde marzo por la santacruceña Liliana Beatriz Korenfeld.

El Gobierno quiere evitar a toda costa que los sindicatos judicialicen la disputa por los fondos. Por eso, la presidenta Cristina Kirchner ordenó a Korenfeld resolver el conflicto e intentar moderar las insistentes solicitudes gremiales.

Así fue que Korenfeld recibió durante las últimas semanas a los referentes del antimoyanismo y les garantizó acordar un mecanismo de pago de los compromisos pendientes que mantiene la APE con los gremios. En una de sus reuniones, hace casi un mes, se entrevistó en el despacho del tercer piso de la Superintendencia con el metalúrgico Antonio Caló, el candidato a liderar la CGT alineada con el Gobierno. También conversó, pero por separado, con Andrés Rodríguez (UPCN) y con José Luis Lingeri (Obras Sanitarias).

De los 2000 millones de pesos de deuda que reconoce la APE, Korenfeld ofreció un pago del 17% (unos 340 millones) para anular el total del pasivo. La propuesta fue elaborada entre ella y el director del PAMI, Luciano Di Césare, aunque todavía quedan cabos por atar, ya que no todos los sindicatos aceptarán esta cifra. Apuestan a negociar mano a mano con cada obra social.

"No creo que los muchachos acuerden por esa cifra. Nos deben mucha plata. En mi caso particular, no lo aceptaría", se plantó uno de los líderes del antimoyanismo ante la consulta de LA NACION.

Desde la reciente disolución de la APE, la Superintendencia tomó su presupuesto anual de 1500 millones de pesos (con posibilidad de ampliarlo a 2000) y se hizo cargo de cubrir los gastos de tratamientos médicos de alta complejidad que prestan las obras sociales sindicales.

Pero los cambios no modificaron el panorama ni calmó la embestida de los gremios. Todo lo contrario. En los sindicatos, tanto los moyanistas como los opositores, el malestar es general. "No nos dan un mango, y mucho menos a nuestra CGT", dijo, casi rendido, un moyanista.

A todos los gremios les alarma la deuda de $ 2000 millones de la APE residual, pero también la preocupación se acrecentó por el notable retraso de los reintegros de este año. "Hasta julio de 2012 no se había ejecutado ni la tercera parte del presupuesto", comentó a LA NACION un funcionario que conoce a la perfección el sistema. Y detalló: "Para cumplir con las obligaciones presupuestarias se debería pagar 110 millones por mes y actualmente no supera los 50".

La APE supo estar administrada por dirigentes designados por Moyano y luego por funcionarios tucumanos que respondían al ministro de Salud, Juan Manzur. Hoy todo quedó bajo la órbita de Korenfeld y Di Césare, quienes neutralizaron hasta a Donato Spaccavento, un médico de la confianza de los Kirchner desde la primera hora.

Además de los 2000 millones de pesos por los reintegros de la APE, los sindicatos exigen de manera unánime una deuda de unos $ 10.000 millones, que proviene del aporte obligatorio que se les retiene a los trabajadores de sus respectivos salarios y que va al Fondo Solidario de Redistribución.

"En la salud se terminó creando una bestia burocrática perversa que perjudica a los afiliados", le escribió hace unos meses Hugo Moyano a Cristina Kirchner, en una carta con las exigencias de la CGT.

Asignaciones familiares

Otro guiño exclusivo que recibieron los rivales de Moyano fue la invitación del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, para debatir sobre las posibles medidas vinculadas a la bonificación de las asignaciones familiares. Al igual que el camionero, sus opositores pidieron la universalización del beneficio (la perciben los que cobran un salario inferior a los $ 5200). El encuentro con Tomada estaba previsto para pasado mañana, pero finalmente será el jueves próximo, en la cartera laboral.

Los gremialistas piensan insistir con una definición sobre el Impuesto a las Ganancias (quieren elevar el umbral del mínimo no imponible). Por su parte, Tomada intentará anticiparse a la negociación por el aumento del salario mínimo, cuya porcentaje de suba ya generó diferencias entre Moyano y sus rivales..

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