Habida cuenta de la situación actual de nuestro país, el acuerdo social propuesto por nuestro presidente electo se vislumbra como una condición necesaria para que la reconstrucción social y económica se materialice con la velocidad que se requiere.

En tal sentido la participación en el mismo de todas las actividades de producción y de servicios resulta imprescindible para ir fijando las prioridades que cada sector debe establecer en aras del objetivo propuesto y específicamente el sector seguros debe contar con una propuesta en tal sentido.

En primer término, resulta necesario el fortalecimiento institucional de la Superintendencia de Seguros para que la misma pueda reasumir no solo su función tradicional como Órgano de Control, sino como interlocutor y facilitador del debate que el sector tiene que brindar para el desarrollo de las políticas públicas prioritarias a llevar adelante.

Entre las prioridades que pueden establecerse como inmediatas, la Superintendencia deberá abocarse a la autorización definitiva de coberturas existentes puesto que en la actualidad muchas aseguradoras hacen uso de condiciones de pólizas no autorizadas ante el silencio de la autoridad y también deberá propender a la adecuación de sus contenidos a las disposiciones del Código Civil y Comercial y Ley de Defensa del Consumidor; como así también propender a la homogenización del condicionado de póliza para la totalidad de los ramos con el fin de transparentar los alcances de los mismos.

No menos imprescindible resulta establecer junto con la totalidad de los actores del sector, las condiciones necesarias para propiciar el mejoramiento de los indicadores técnicos de las aseguradoras para lo que se deberán consensuar políticas de suscripción y elaboración de tarifas, que posibilitará no sólo los resultados técnicos positivos, sino que propiciara la generación de nuevas coberturas que la sociedad demanda tales como las de ciberriesgos, seguros financieros, robo de dentidad y el desarrollo de un Seguro de planificación de retiro que permita la obtención de un complemento previsional a la jubilación tradicional.

En aras de apalancar el crecimiento con desarrollo que se intenta poner en marcha, resultaría adecuado que los créditos para reactivar la economía que se vayan a otorgar incluyan la contratación de microseguros de forma tal que se asegure la capacidad productiva de las empresas y emprendimientos permitiendo el restablecimiento inmediato de la actividad ante la ocurrencia de un siniestro.

Así también es imprescindible la optimización del control de salida de divisas en concepto de pago de primas de contratos de reaseguros, los cuales muchas veces resultan ser un puente de plata para “justificar” los egresos de capital.

Estas medidas no pueden estar aisladas, ni son exclusivas del Órgano de Control, sino que además para transparentar la relación con la sociedad se impone la elaboración de un código de buenas prácticas en materia aseguradora y la elaboración de un Plan de Responsabilidad Social Empresaria para todas las actividades del sector.

En este orden de ideas es tiempo de incluir en el debate la creación de Fondos de Garantías de Intereses Sociales tales como resultan ser las coberturas catastróficas, accidentes de tránsito para hechos sin cobertura, etc.; la creación del Registro de beneficiarios de pólizas de seguros de personas; y el establecimiento de políticas antifraude concretas consistentes en la investigación y desbaratamiento de distintas operatorias que perjudican al sector, la creación de un registro de seguros patrimoniales vigentes para evitar la duplicidad de indemnizaciones y la generación de una base de datos de siniestros no limitada a automóviles.

Desde el ámbito formativo, es necesario promover el desarrollo y la capacitación de los recursos humanos del sector y la profesionalización de la totalidad de los auxiliares de la actividad aseguradora extendiendo la obligatoriedad de la capacitación continua a los liquidadores de siniestros y averías; además de difundir en distintos establecimientos educativos la importancia del seguro como mecanismo de previsión económica individual y colectiva, a través de la prevención, protección, servicio y ahorro.

Por último, también resultará conveniente de actualizar las leyes de la actividad, las que exigen una adecuación acorde al desarrollo, evolución y circunstancias actuales y futuras; para que se propicie un mejor desenvolvimiento de la actividad.