En el Ministerio de Hacienda evalúan poner fin a la participación del Colegio de Agrimensores en la recaudación de Catastro. Con ello lograría plenas facultades en la administración de dichos fondos, que tendrían como destino distintas mejoras en el organismo estatal.
El Gobierno provincial estudia por estas horas la desvinculación entre el Colegio de Agrimensores y la Dirección General de Catastro, como alternativa más potable para recuperar el control sobre la recaudación generada por esta última dependencia estatal. Con ello se apunta a despejar inquietudes del personal en materia salarial y laboral.
El subsecretario de Hacienda de la Provincia, Marcelo Rivas Piasentini, confirmó ayer la intención de “derogar la ley N´5217” - que permite participar al Colegio de Agrimensores en la recaudación por tasas y servicios que realiza la Dirección General de Catastro y Cartografía provincial - para “tener absoluto manejo de las tasas por los servicios que allí se prestan, ordenar el sistema que establece esta norma y transparentar y clarificar la sobreasignación con que se beneficia al personal del organismo”, explicó.
Se trata de una iniciativa surgida en el marco de reclamos emergentes por parte del personal de Catastro, pese a que “sus salarios están al día” y “son beneficiados con una sobre asignación salarial producto de la aplicación de la Ley N´5.217”, remarcó el funcionario.
En efecto, consideró que “la ley convenio ha cumplido un ciclo” y que “no debería continuar”. Por ello “estamos trabajando para la derogación de la Ley 5217 que vincula a la Dirección con el Colegio de Agrimensores porque entendemos que el Estado debe tener la potestad, plena y absoluta, del manejo de los fondos que hoy no tiene respecto de los servicios que presta”, dijo, porque actualmente, “encontramos un Estado garantizando los servicios, afrontando los costos, pero los ingresos siendo manejados por un Colegio de Agrimensores que no es un órgano estatal”, fundamentó.
A su vez, señaló que el esquema actual “genera incertidumbre en el personal respecto de la continuidad de esa sobreasignación que, de igual manera, se abona de manera regular y de acuerdo a lo que establece la norma”.
Por otra parte, indicó que en la mentada dependencia “no hay ningún tipo de inconveniente, más allá de algunas cuestiones puntuales que por alguna suerte de capricho sindical absolutamente sin sustento se intenta llevar adelante para promocionar un caos que no existe”. Por ello, solicitó a los trabajadores que “no se dejen llevar por cuestiones sin sustento y con alto contenido político que generan incertidumbre y malestar en el personal”.
Al detallar la iniciativa, Rivas Piasentini comentó que “con la derogación de la Ley 5217 el Estado debe tomar absoluto control en el manejo de las tasas por los servicios que allí se prestan”, lo cual “no quiere decir que se les vaya a sacar al personal la sobreasignación; es más, hay ejemplos claros en otros sectores del Gobierno provincial que existen estos esquemas de sobreasignación, funcionando de manera normal y regular”, aclaró.
Ello permitirá “establecer políticas de inversión más sustentables en el tiempo, y que la sobreasignación al personal sea de una manera más clara y transparente”, sostuvo el funcionario, para quien “este modelo no tiene razón de ser cuando nos encontramos en presencia de un Colegio de Agrimensores que muchas veces, con extrema dificultad, cumple con la información de la rendición de esos fondos”, concluyó.
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Un esquema que multiplica incógnitas
José Almirón, delegado gremial de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) en la Dirección General de Catastro, explicó a época detalles clave de la distribución de ingresos entre dicha dependencia y el Colegio de Agrimensores, que Provincia busca poner coto.
Al respecto, Almirón precisó que con la normativa vigente “el Colegio de Agrimensores se queda con un 20% de la recaudación de Catastro”, y agregó que “desde hace un tiempo a esta parte no observamos que esos fondos vuelvan a la repartición en forma de inversiones”.
Ello, porque “cualquiera que ingrese al edificio de calle 9 de Julio notará al igual que nosotros el deterioro permanente de las instalaciones de Catastro”, remarcó Almirón.
Por otra parte, explicó que “ese no es el único reclamo que sostenemos por estos días”, y comentó que “también cuestionamos la falta de actualización tarifaria”.
En ese sentido, manifestó que “hace dos años y medio que no se renueva el cuadro tarifario por servicios” al punto que “hay aranceles que por los valores de hoy perdieron vigencia”.
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