Las autoridades bonaerenses tomaron la decisión de insistir en un control más riguroso de sus empleados. De acuerdo a un estudio privado ordenado desde la cúpula de la Gobernación, las distorsiones aun son muchas. Acorde a los datos arrojados, un número no menor de trabajadores marca la entrada y luego se vuelve a su casa o utiliza el tiempo de oficina para dedicarse a un emprendimiento alternativo. “El sistema no funciona, cada uno hace lo que quiere en el tiempo que les pagamos para que trabajen acá”, afirmaron.

Desde la oficina de Administración de Capital Humano se tomó la decisión de avanzar en la intensificación de los controles hacia los trabajadores. Acorde al pliego de la licitación pública número 405-0135-LPU18, se buscará una “solución integral para el control de acceso y presentismo” que le demandará a la provincia una inversión de 56.7 millones de pesos”.

La misma no deja nada librado al azar. Controles de acceso con lectores de datos biométricos, huellas dactilares, tarjetas de entrada y molinetes de acero de 3 aspas, antenas satelitales, escanners, displays de cristal líquido, cámaras de seguridad y software de entrecruzamiento de datos, todo un arsenal tecnológico a merced del control de personal.

La alternativa sugerida inicialmente por los analistas fue la de aplicar todo ese dinero en un aumento salarial. “Los empleados no buscan escaparse de sus trabajos. Es complicado e implica asumir un riesgo laboral que la mayoría de ellos desearían no correr. El problema pareciera radicar en los salarios estatales, que al ser tan magros obligan a que una persona, especialmente si tiene hijos, tenga que buscarse un segundo ingreso, que en la mayoría de los casos es informal y se superpone con los horarios de oficina”, indicaría el reporte entregado hace tan solo unas semanas. De acuerdo al documento, la mayoría de los trabajadores ministeriales que deciden lanzar un emprendimiento como un segundo ingreso, incurren en el mundo de la comida casera o la reventa de ropa que traen de Flores o el barrio de Once y que luego le venden a sus propios compañeros en horario de oficina.

Nada de esto cambió la postura del gobierno bonaerense, que decidió avanzar en la licitación. La misma contará con un supervisor y 3 evaluadores del proceso de compra y será concretada el próximo 1 de noviembre, cuando se celebre el acto de apertura de sobres.