El combo explosivo de la macroeconomía, con un dólar demasiado volátil, tasas de interés por las nubes y la inesperada y resistida vuelta a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), centran la política económica del gobierno de Mauricio Macri. Pero todo tiene una repercusión directa en las provincias, y el territorio bonaerense ya comienza a sufrir las consecuencias de una economía que no logra es-tabilizarse, acosada, además, por una inflación que no se detiene. 

En el gobierno de María Eugenia Vidal intentan minimizar los efectos de la crisis, pero la suba del dólar afecta a los cálculos presupuestarios respecto de los servicios de la deuda pública provincial, igual que el au-mento de las tasas de interés perjudica las salidas al mercado de las letras bonaerenses. De todos modos, las consecuencias más severas sobrevendrán tras el acuerdo con el FMI, y las exigencias innegociables del organismo de crédito para soltar los dólares del nuevo blindaje. Y desde organizaciones que nuclean a actividades privadas se asegura que ya hay medidas que las perjudican. 

Las últimas incursiones del Fondo Monetario Internacional en Argentina fueron en los años 90, y en el período 2004-2005. Durante el gobierno de Carlos Menem, el país accedió a programas Stand By (como el que se negocia ahora) con metas a cumplir. Una de las condiciones clásicas del FMI, puesta a todos los países, incluso a los que han tomado deuda recientemente, es achicar el déficit fiscal, para lo cual se debe reducir el gasto. Menem, para demostrar una mejoría en la posición fiscal, transfirió la educación y la salud a las provincias; entonces, Nación pudo exhibir equilibrio fiscal. Por entonces no se miraba con tanta rigurosidad el gasto de las provincias. 

La mirada hacia las administraciones descentralizadas por parte del Fondo ya se notó en 2005, aunque allí el contexto era otro, y la lupa se posó sobre las cuasimonedas, como el Patacón, que sostuvo financieramente a la caja bonaerense. Esa circunstancia cambió, y ahora habría rigurosidad en la auditoría de las cuentas provinciales que hará el organismo presidido por Christine Lagarde. Las exigencias a Nación se replicarán para los gobernadores. 

Ajuste en el gasto público para morigerar el déficit será el punto de partida para los responsables de los estados provinciales. En el caso de Buenos Aires puede haber una implicancia directa en la obra pública, que deberá agregarse al anuncio del Gobierno nacional de reducir la inversión en ese rubro en 30.000 millones de pesos, que para el caso de los bonaerenses significaría un falta de obras proyectadas por alrededor de 7.500 millones (no se conoce aún el número con exactitud). Deberá sumársele la prohibición del FMI de recurrir al crecimiento en infraestructura con Proyectos Públicos Privados (PPP), que requieren de endeudamiento por parte del Estado.

No sólo a quienes ocupan mano de obra con las construcciones estatales perjudicará el acuerdo con el Fondo; otras actividades privadas relacionadas con la administración pública ya advierten consecuencias directas. Desde la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) se culpa a las negociaciones en Estados Unidos por la prohibición de cambiar cheques y facturas certificadas en los bancos (ver aparte), con lo cual muchas empresas sufrirán ahogos financieros. En tanto, preocupa a la industria y al campo la promoción del libre comercio total que hace el FMI, con lo que podría subir el flujo de importaciones de productos que en sus países de origen están subsidiados.

La suba del dólar también empieza a ser un dolor de cabeza para los gobernadores que deben afrontar pagos de la deuda. Para Buenos Aires, la devaluación es un impacto cuyo costo asciende a medida que el pe-so pierde valor frente a la moneda norteamericana, sobre todo porque los principales vencimientos operan en el todavía lejano mes de septiembre. Nadie se anima a dilucidar con precisión hoy a cuánto cotizarán los billetes verdes cuando florezca la primavera.

“Es evidente que los servicios de la deuda empiezan a tener cada vez más peso en el Presupuesto de la Provincia, que está en pesos. Por lo tanto, eso te saca recursos para hacer otra cosa. Los servicios de la deuda te encorsetan tu presupuesto porque te sacan recursos para tener que aplicarlos a eso obligatoriamente”, aseguró la exministra de Economía bonaerense Silvina Batakis.

Argentina se quedó sin flujo de dólares por los vencimientos extraordinarios de Lebacs (una solución en su momento que ha mutado a problema de dificilísima resolución); además se achican las formas de obtener moneda extranjera para pagar el flujo financiero y el flujo de importaciones, que se calcula en 12 mil millones. 

Pese a todo, funcionarios del gobierno de Vidal prefieren tener una visión optimista del acuerdo con el Fondo, y esquivan hablar de las consecuencias que la crisis tendría para la administración bonaerense. “Nosotros teníamos dos opciones. Una era la que venía, que íbamos a un proceso de desabastecimiento, sin producción local, a ser Venezuela. Y la otra, que era lo que nos pedía el mercado, era ha-cer un shock de ajuste. Pero no podíamos hacerlo, no estaba el clima social ni político, y por eso optamos por este gradualismo. Pero esto es nada más que un sobresalto; hoy, Argentina tiene solvencia, que hace que esta crisis no im-pacte”, aseguró a La Tecla un ministro. 

Agregó que “nosotros (por el Gobierno nacional) tenemos que buscar financiamiento externo para este gradualismo, y podemos hacerlo en parte por la solvencia y la confianza. El otro gobierno no se endeudó porque no podía, le daban tasas a 16 por ciento; nosotros conseguimos a 4 por ciento”.

Desde calle 6 aseveraron que “con la inercia que tomó la Provincia, el impacto no se va a sentir. Hoy estamos funcionando bien, las obras que están en marcha no van a bajarse, ni a perder ritmo. Lo que va frenarse son las que están proyectadas, pero ni siquiera están en proceso de licitación, son obras que nosotros queríamos empezar a hacer”.

Insisten cerca de Vidal que, por ahora, se trata sólo de un “sobresalto”, pese a que el combo explosivo en el cual se ha metido la macroeconomía argentina trastocará de ma-nera directa e indirecta las proyecciones provinciales. Desde la oposición, obviamente, son menos optimistas, y remarcan que el acuerdo con el FMI tendrá un impacto in-mensamente mayor que el que el Gobierno quiere transmitir. En la calle, la sensación se acerca mucho más a la visión opositora, que ve al Fondo como un diablo desafiante e insensible. 

Las situaciones que eran malas pasaron a ser dramáticas (por Silvina Batakis)

El Presupuesto nacional tenía previsto un crecimiento de la actividad económica dado por el aumento de las inversiones, que iban a venir, la mayoría, por el proyecto de inversión público privada (PPP), pero el Fondo Monetario ya dijo que ese sistema no se puede aplicar, porque la obra pública es endeudamiento, y si es endeudamiento, aumenta el déficit. 

A la caída de los PPP debe sumarse que el Gobierno ya anunció un recorte en la obra pública de 30.000 millones de pesos.

Según el Presupuesto, los PPP y la construcción llevarían a un crecimiento de la inversión en un 18 por ciento para Argentina este año. Si eso no va a estar, el producto bruto del país, prácticamente no va a crecer, y si eso pasa, la provincia de Buenos Aires no va a tener una mayor recaudación. Está todo conectado y, ob-viamente, la Provincia va a ser afectada, más que nada la gente.

Yo no digo que dejamos una provincia de Buenos Aires brillante, no era Disney, pero las situaciones que eran malas pasaron a ser dramáticas, y las que estaban en el borde pasaron a ser malas. Hay mucha gente que está viviendo situaciones complicadas, porque el Estado se va ausentando de los servicios que te debe brindar, porque la deuda hay que pagarla sí o sí. 

Concurrir al Fondo es una decisión muy mala. Que no haya financiamiento en el sector privado para Argentina revela el fracaso de las políticas del Gobierno, que hoy estaría pagando tasas del 12 o 13 por ciento, porque el Riesgo País aumentó. 

Y el Gobierno no quiere exponerse y mostrar que paga esas tasas. Por otra parte, también dijeron que iban a dejar librado al mercado el precio del dólar. Pero claudicaron en esa idea original, empezaron a intervenir fuertemente y perdieron ocho mil millones de dólares en dos meses. Esa pérdida implica más de lo que les sacaron a los jubilados, que significan 4.500 millones de dólares. También podría compararse con los subsidios que les sacaron a las familias en las tarifas. 

En el mundo, también se usan trabas burocráticas, que en Argentina mal llamaron cepo. Por ejemplo, no vas a Inglaterra y comprás dólares libremente sin justificar cómo los podés comprar. También se le pueden poner trabas a la importación, para evitar un déficit comercial de 12 mil millones de dólares, que no hay cómo pagarlo. Entonces, toda-vía quedan opciones antes de llegar al Fondo Monetario Internacional.

Efecto devaluación

El gobierno de María Eugenia Vidal tiene pagos de deuda en 2018 por 1.210 millones de dólares, con la mayoría de los vencimientos en septiembre. En el Presupuesto se calculó un dólar promedio en el año de 21 pesos (en enero cotizaba a 18,40), por lo que la administración bonaerense calculaba pagar unos 25.410 millones de pesos.

Pero si se toma como referencia el precio con el que cerró el lunes, de 25,51 pesos, con ese costo la Provincia debería desembolsar unos 30.867 millones de pesos para cubrir sus obligaciones, es decir, un 21 por ciento más de lo que calculaba presupuestariamente y un 38 por ciento más respecto de la cotización del dólar cuando inició el año.

Si bien desde el Estado provincial calculan que el impacto se compensa en parte con mayores ingresos por la liquidación de exportaciones vinculadas al agro, en rigor, las provincias no tienen reservas en dólares, y deben comprarlos cada vez que afrontan vencimientos. Incluso, cuando emiten deuda en moneda extranjera, esa moneda queda en poder del Banco Central, que gira a las arcas provinciales su equivalente en pesos argentinos.

Efecto Fondo Monetario

Economistas consultados por La Tecla coincidieron en que ahora, el Fondo Monetario Internacional también les pedirá a las provincias achicar su déficit y solicitará las reformas habituales que exigen a nivel nacional. Entre ellas: reducir el gasto, que las jubilaciones bajen, que haya reforma laboral, se achique la asistencia social y 

se realicen privatizaciones. 

Otra de las consecuencias de la negociación con el FMI es que se frenaron los Proyectos Públicos Privados (PPP) con los cuales el Gobierno pensaba financiar obra pública, mucha de ella en territorio bonaerense. Los PPP requieren de endeudamientos, y eso es, precisamente, lo que el organismo de crédito al que acudió Argentina rechaza. El gasto debe bajarse en todos los aspectos. Más aún, la administración de María Eugenia Vidal también tiene su propio programa de PPP, cuyas obras todavía no estaban delineadas, pero deberá ir 

en sintonía con la determinación de Nación, y seguramente tendrá que desechar esa iniciativa con la cual el PRO insiste desde hace tiempo como una de las innovaciones más importantes de su gestión. 

Efecto tasas de interés

Un mecanismo del Gobierno nacional para frenar la escalada del dólar es subir y mantener muy altas las tasas de interés, para quitar la atención de los inversores en el billete verde. Esto obliga a que quienes pongan bonos en el mercado, también, deban modificar sus utilidades hacia el alza. 

Es el caso de las Letras de Tesorería con las que la provincia de Buenos Aires sale al mercado interno el segundo miércoles de cada mes, las licitaciones se hacen so-bre la base de la tasa Badlar (dispuesta por el Banco Central) más un spread (margen de utilidad).

La última colocación de la Provincia, en abril, se hizo sobre tasa de 25% para las letras a 64 días, 25,25% para las letras a 91 días y 25,60% para las letras a 182 días.

Estas utilidades subirán sustancialmente esta semana, porque la tasa Badlar (de variación diaria) estuvo muy por encima del 25% la semana pasada, alcanzando el 28,68% el miércoles 9. 

A eso debe sumársele el spread, que suele estar habitualmente entre 3,5% y 4,5%. Por lo cual, la recuperación de las Letras de Tesorería que licite la Provincia en mayo significarán un costo más alto para el erario bonaerense. 

La Provincia, caja de resonancia

La Provincia es por excelencia el corazón productivo del país. En sus 307,6 mil Km.2 concentra el 39% de la población y el 36% del PBI Nacional (2013, a precios de 1993, último disponible). El castigo a la producción que impone el modelo de Cambiemos se refleja en mayores índices de desempleo (9,2% en el Conurbano versus 7,2% en el promedio país); mayor informalidad laboral (38%), dada la fuerte presencia de los sectores “perdedores”.

Es que transcurridos 29 meses del inicio de la actual gestión de gobierno, y habiéndose profundizado el rumbo elegido, la devaluación, apertura comercial, altas tasas de interés y aumento de las tarifas trazaron una clara línea divisoria de sectores económicos ganadores y perdedores.

Dentro del grupo de los vencedores se en-cuentran la exportación de granos, la mine-ría y el sector energético, que generan poco empleo en la Provincia, no suman el 8% del PIB provincial, y pese a su elevada rentabilidad, ésta se gira al exterior o no ingresa, porque son divisas.

En cambio, los perdedores son generadores de gran cantidad de mano de obra en la Provincia, tienen alta participación en el PBI provincial (34% del PBG corresponde a la industria) y generan valor agregado en origen.

La Provincia no es ajena a la dinámica perversa del endeudamiento serial y la entrega de su mercado interno: su endeudamiento externo es explosivamente creciente, aun con los ingresos extras tanto por la reparación del Fondo del Conurbano (indebida e injustamente resuelto sacando a los jubilados parte de sus ingresos) como por las transferencias directas del gobierno.

A pesar de esos ingresos extras, la gestión de MEV cierra escuelas, salas sanitarias, y re-duce el sueldo de docentes, médicos, policías, ofreciendo paritarias al menos 10 puntos por debajo de la inflación esperada. Tampoco muestra interés en otorgar líneas de financiamiento blando para inversiones y capital de trabajo, a través del BAPRO, proponer una ley de promoción industrial, incentivar los parques industriales, contemplar la segmentación en los aumentos de tarifas para las Pymes, monitorear las importaciones desleales, ni ha salido en defensa de los aumentos de impuestos internos que generaron despidos en la industria bonaerense. La producción agropecuaria de pequeños productores, la periurbana, las economías regionales, la industria y el comercio no cuentan con agenda en la Provincia.

Alberto Kahale: “El primer problema para las Pymes llegó antes del acuerdo” 

-¿Cómo puede afectar a las Pymes de la Provincia el acuerdo con el FMI?

-El primer problema del acuerdo con el FMI ya llegó, incluso antes de la firma; pues el Banco Central y el Nación cerraron toda posibilidad de cambio de cheques. Era parte de la financiación que tenían las Pymes. Es una situación que nos preocupa muchísimo. Va a haber Pymes que no van a poder vender y cobrar. 

-Y después del acuerdo, transcurrido un tiempo, ¿ve una solución?

-Hay economistas, como (Martín) Redrado que dicen que no haría falta hacer un acuerdo de esta naturaleza. Pero el Gobierno sabe lo que hace. Por ahí volvemos a lo que era antes, al endeudamiento para obras, para producción. Lo cierto es que estamos preocupados. A simple vista, el crédito que va a llegar es con achique del Estado y con más enfriamiento de la economía. Si no reactivamos el mercado interno, no vamos a ir para adelante. Creí que este primer cuatrimestre iba a ser bueno; siempre trato de pensar en positivo, pero las estadísticas indican otra cosa. Estamos abajo con respecto al año anterior, que fue malo.

-¿Cómo les fue a las Pymes cuando el Gobierno nacional se abrazó al Fondo en oportunidades anteriores?

-Las Pymes vienen sufriendo desde siempre una gran presión tributaria, y cada día tienen menos rentabilidad. Debido a los vaivenes que sufrimos cada diez años, algunas desaparecieron, y otras sufrieron pero lograron sobrevivir. En 2001, por ejemplo, las Pymes no necesitaban crédito, y a partir de 2003 empezaron a crecer con capitales propios. Hubo mucha movilidad. Entonces necesitaron de acompañamiento financiero. Uno de esos acompañamientos pasa por el descuento en cheques y facturas. Hoy no estamos contando con esa posibilidad. 

-¿Hoy están preparados para uno de esos vaivenes de cada diez años?

-No, no estamos preparados. Las pequeñas empresas e industrias se financian con la venta por cheques. Nos tomó por sorpresa la determinación de acabar con el canje. No podemos ir a una cueva a pedir plata al ciento por ciento de interés. Lamentablemente tendríamos que cerrar la industria, el comercio. Si bien no están endeudadas, las industrias necesitan de esa financiación. En el interior de la Provincia y el primer cordón del Conurbano, la preocupación es muy grande. Ya sacamos un comunicado pidiendo al Banco Central y al Nación que sigan co-mo hasta ahora, con las tasas que crean convenientes, pero sin dar de baja esa herramienta que permitía a las industrias seguir trabajando. 

Jorge Solmi: “Habrá que ver qué hace el Gobierno para evitar los efectos no deseados del acuerdo con el FMI”

-¿Qué impresión le causó el anuncio del acuerdo con el FMI? ¿Esas temidas condiciones de las que se habla pueden afectar de manera directa o indirecta al sector? 

-Normalmente, las vinculaciones con el Fondo Monetario Internacional establecen algunas condiciones. Por ejemplo, la libertad de comercio irrestricta y la libertad financiera irrestricta. Esto les trae a los productores dos consecuencias. Una es el encarecimiento del crédito, que es un insumo básico. Estos créditos tienen que ser intervenidos por el Estado. La producción agropecuaria es de gran inversión y poco volumen de renta. Es una producción de capital intensivo. Por lo tanto, la tasa tiene que ser adecuada a ese tipo de negocios. Y eso se da con intervención del Estado, si no es imposible. Por otro lado, el libre comercio 

permite la incorporación de bienes que son más baratos en el exterior. El mundo, Europa, Estados Unidos, Canadá, subsidia al productor agropecuario, porque entiende que es la base de la red social de cada uno de sus países. Ese subsidio que reciben desvirtúa la producción. No viven de lo que producen, sino del dinero que cobran del Estado; por lo tanto, lo que producen lo pueden vender al precio que se les ocurra. Por eso, las distorsiones. A veces abundan los lácteos; otra veces, la carne de cerdo, como hoy; y otras veces, alguna producción frutícola. Se les dan condiciones especiales a productores de ese tipo de productos y se termina sobreproduciendo. 

-¿Los precios hacen más dificultosa la situación?

-Estas producciones van a competir en la Argentina con productores locales que estamos atados al precio del gasoil, por ejemplo. Es mucho más caro en la Argentina que en Estados Unidos, que es un competidor. El gasoil que sale del surtidor de Estados Unidos vale la mitad del que sale del surtidor argentino. Por si fuera poco, los productores norteamericanos tienen un gasoil especial, más barato que el del surtidor. Las competencias son desleales.

-¿Qué esperan que suceda?

-Frente a este escenario habrá que ver cuál es el papel del Gobierno como para poder contar con medidas de equilibrio frente a las distorsiones que seguramente se producirán por los requerimientos de los organismos internacionales. Serán el Gobierno nacional 

y, también, los provinciales y municipales los que tendrán que adoptar medidas compensatorias para evitar los efectos no deseados.