De acuerdo a la letra del decreto, la ayuda financiera estará destinada a "financiar total o parcialmente proyectos de mantenimiento y/u obras nuevas, paralizadas o pendientes de ejecución" en municipios.

En tanto, se aclara también que la ayuda no podrá usarse para financiamiento de gastos corrientes y que las obras para las que se pide el régimen no podrán superponerse con otros proyectos en ejecución o en procesos de ser ejecutados por la provincia de Buenos Aires.

Por otro lado, el decreto también establece que las comunas interesadas en recibir la ayuda deberán presentar el proyecto de obra a financiar y el presupuesto necesario para su ejecución y dispone que la Autoridad de Aplicación (el ministro de Infraestructura, Roberto Gigante) decidirá el otorgamiento de las ayudas de acuerdo a la conveniencia y a la no superposición con otros proyectos en ejecución o en procesos de ser ejecutados.

Además, de recibir la ayuda, cada municipio en cuestión “deberá presentar a través del intendente y con carácter de declaración jurada la documentación que respalde la correcta ejecución de los proyectos".

Por último, el decreto – que lleva las firmas de la gobernadora Vidal; su jefe de Gabinete, Federico Salvai; y los ministros Gigante, Hernán Lacunza (Economía), y Joaquín De La Torre (Gobierno) – señala que el control estará en manos del Tribunal de Cuentas.