Cuando se vieron por última vez antes del receso de enero, estaban exultantes. Después de semanas de espadeo con Mauricio Macri habían logrado una reforma de Ganancias que los dejaba tranquilos. Y se despidieron con una idea común: hacer lo posible para que el envíon que les dio aquella discusión no se diluyera durante el primer mes del año.

Sin embargo, los gobernadores peronistas, que volverán a encontrarse esta semana para empezar a discutir la paritaria docente, llegan a la cita con otra prioridad. Más que reforzar aquella liga de jefes provinciales buscarán, antes que nada, cuidar sus cuentas.

El razonamiento es sencillo. Si logran acuerdos que ronden el 18% de aumento -en línea con el que María Eugenia Vidal selló con los estatales bonaerenses-, respirarán tranquilos. La idea es que, además, el porcentaje que se acuerde con los docentes funcione como caso testigo para el resto de los estatales.

La Casa Rosada, que sigue de cerca el proceso, persigue el mismo objetivo. Quiere que la paritaria docente se convierta en el molde del resto de las negociaciones salariales y quede alineada con el 17% de inflación plasmada en el presupuesto. Un dato clave: por primera vez en años el gobierno nacional no será el pivot de la puja con los maestros. Ya no se fijará un porcentaje que guíe la discusión en las provincias, sino que cada distrito pactará con los gremios locales por su cuenta.

El cambio libera a Macri de cometer errores como el del año pasado, cuando cerró un aumento del 32% (que incluyendo el aporte del Fondo Nacional de Incentivo Docente trepó a 40%), después de haber querido imponer el 25% como tope para las paritarias. Aquel acuerdo elevó de movida el techo de las negociaciones del resto de los gremios.

El año pasado, el Gobierno creó un mecanismo de actualización automática por el que el maestro ingresante no puede cobrar menos de un salario mínimo más el 20%. Esa cifra quedó fijada en enero en $ 9672. De todos modos, la Casa Rosada ya no participará de la paritaria definiendo un porcentaje.

Si como pretende él y la mayoría de los gobernadores, el arreglo con los maestros no se aleja del 18%, Macri podría anotarse un triunfo crucial en la puja con la CGT, que la semana pasada volvió a plantar bandera contra los despidos y a advertir que no aceptará el corset que pretende imponer la Casa Rosada.

Menos aún, negociar los aumentos hacia adelante, es decir, sin compensar las pérdidas por la brecha entre el promedio en el que cerraron las paritarias del año pasado (33%) y la inflación (41%).

Como antesala de la negociación entre los caciques provinciales que comenzará el jueves, el Gobierno aprovechó enero para dejar en claro que el ajuste de las finanzas de las provincias será uno de los ejes de su política de contención del gasto público para este año.

En ese escenario, los gobernadores peronistas se reencontrarán para empezar a ponerle números a una paritaria que, en la mayoría de los casos, se lleva una porción importante de los presupuestos provinciales. Por caso, en Chubut, el salario de los docentes insume el 45,6% de todo el gasto en sueldos.

"No vamos a ofrecer nada que no podamos pagar ni que ponga en riesgo nuestras finanzas. Tenemos que ser muy cuidadosos. El año pasado fue muy complicado y este no viene fácil", graficaron ante LA NACION cerca de uno de los gobernadores que tuvo que endedudarse fuerte en 2016.

La situación es crítica para provincias como Tierra del Fuego, que viene de un año con casi 90 días sin clases y que hoy mismo tiene dificultades para pagar salarios. "Para nosotros, cualquier aumento es económicamente inviable. Sin asistencia de la Nación no podemos ofrecer absolutamente nada", admitió ante LA NACION un funcionario provincial.

En Santa Cruz, Alicia Kirchner sigue atrasada con el pago de sueldos, prevé un déficit de $ 6700 millones y gestiona un bono externo por $ 350 millones. En esas condiciones deberá acordar los aumentos.

Como todo los años, y aun sin paritaria nacional, será crucial lo que ocurra en Buenos Aires, que concentra el 40% de la matrícula nacional. Los gremios ya advirtieron que un aumento de 18% es insuficiente y que no van a aceptar ninguna oferta que no contemple recuperar el 10% de poder adquisitivo que, calculan, perdieron el año pasado.

Pauta bonaerense

El gobierno de Vidal intentará calcar el acuerdo con los estatales: una suba de 18% (4,5% por trimestre) y una cláusula gatillo que obligue a revisar los números si la inflación supera esa previsión. El comienzo de la negociación no tiene fecha fija, aunque se espera para los próximos días. En un año electoral en el que todo lo que ocurra en la provincia será determinante, la puja promete ser tensa.

Más allá de la voluntad de los gobernadores de ponerse de acuerdo en un porcentaje cercano al que empuja la Casa Rosada, una vez que estén sentados y lápiz en mano, cada uno tendrá en mente su planilla de ingresos y gastos.

Es probable que repitan la asistencia de la última vez en el Savoy. Aquel día de diciembre eran una docena, incluyendo al gobernador de Santa Fe, el socialista Miguel Lifschitz.

No faltarán los que pretenden liderar la "renovación" del PJ de cara a octubre ni los más alineados con el Gobierno. En el primer grupo están Gustavo Bordet (Entre Ríos), Domingo Peppo (Chaco) y Rosana Bertone (Tierra del Fuego). En el segundo, el cordobés Juan Schiaretti y el salteño Juan Manuel Urtubey, que el año pasado evitaron casi todos los encuentros con espíritu de liga con sus pares.

Tampoco el chubutense Mario Das Neves y el puntano Alberto Rodríguez Saá comulgan con la idea de "coalición", pero estarán en el Savoy de todos modos. También se espera a los decanos Carlos Verna (La Pampa) y Gildo Insfrán (Formosa), que defenestran a Macri.

Entre todos, empezarán a dibujar el mapa de los aumentos salariales en un año determinante, tanto para Macri como para el PJ.

Acuerdo por la emergencia

El Gobierno acordó anteanoche con las organizaciones sociales la puesta en marcha de la ley de emergencia social. Funcionarios de Desarrollo Social se comprometieron a que a mediados de febrero se reunirá por primera vez el Consejo de la Economía Popular y la ley quedará reglamentada a fines de mes.