Proyecto de Lissalde pone en alerta a los gremios. Interviene el Ministerio de Trabajo

Proyecto de Lissalde pone en alerta a los gremios. Interviene el Ministerio de Trabajo
Tras el paso de las elecciones internas, la Provincia se enfrentará a un conflicto con los sindicatos estatales si no frena el tratamiento en el Senado de un proyecto que desfavorece a los gremios.
Este viernes los representantes gremiales se reunieron con el ministro de Trabajo y amenazaron con una medida de fuerza. Cuartango señaló que no se avanzará en el proyecto mientras se dialoga con los gremios. En tanto, el autor del pliego acusó a los sindicalistas de “usureros” y señaló que la iniciativa reunió a todo el sector gremial porque “afecta intereses multimillonarios que hay a través de los códigos de descuentos”. Las tres posturas de un mismo problema.

Los sindicatos pusieron “el grito en el cielo”

Este viernes, como pocas veces se recuerda, representantes de la Agremiación Médica Platense; AMRA; ATE; UPCN; FEGEPBA; SOEME; Sindicato Salud Pública; Sindicato Obras Sanitaria De La Provincia; Gráficos Platenses; APOC; AERI; Sindicato De Prensa Bonaerense; Mensuales De Hipódromo; AEMOPBA; Agremiación por Reunión; FEB y SUTEBA; indicaron que rechazan de forma unánime el proyecto de Ricardo Lissalde

Argumentaron que la propuesta prevé “aumentar la banda de descuentos a los salarios de los trabajadores, atenta contra la libertad sindical de las organizaciones, limitándolo financieramente a partir de decidir si se aporta a la cuota sindical o no partir de la retención”. Además señalaron que “se quiere concentrar desde la Jefatura de Gabinete ese operativo de disciplinar a las asociaciones gremiales que venimos trabajando para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores”

Oscar De Isasi, secretario General de ATE Provincia, resaltó que “más allá de las diferencias todas las organizaciones sindicales del estado provincial, vinimos aquí a mostrar voluntad de diálogo y a decir que ese proyecto de ley no puede ser aprobado, tiene que ser archivado definitivamente”.

Miguel Zubieta, secretario General del Sindicato de Salud Pública, señaló que “hemos resuelto extremar todas las medidas que sean necesarias para que el día jueves si no tenemos respuesta, la cámara de Senadores no va a poder sesionar”.

“Es inconstitucional de todos los puntos que lo mires. Es violatorio de todos los principios que marcan la Constitución hacia las asociaciones sindicales y los trabajadores, es violatorio de la ley de asociaciones sindicales, específicamente de la ley de paritaria docente como del personal estatal”, agregó.

El Ministerio en el medio

Por su parte, el ministro de Trabajo, Oscar Cuartango, antes de dar alguna apreciación advirtió que “había leído una parte del proyecto” y reveló que ante pedido de los gremialistas de frenar la iniciativa se pone “en juego el principio constitucional de división de poderes. Nosotros no podemos imponerle al Senado el no tratamiento o el archivo, simplemente le podíamos sugerir”.

En tanto, agregó que desde su punto de vista “un proyecto de esa naturaleza merece ser consensuado con los trabajadores y no puede resolverse unilateralmente”.

Sobre una posible violación de normativa existente indicó que “la ley de asociación sindicales es nacional, la ley 23551, y establece la obligatoriedad de retención de la cuota sindical a los gremios con personería gremial. Esa ley no puede ser modificada por una ley provincial. Si altera el contenido de la ley, es inconstitucional”, manifestó.

Además indicó que el Ministerio de Trabajo no fue informado cuando se trató este proyecto. “A mí no me consultaron sobre el proyecto, cuando es común que las comisiones me consulten sobre temas laborales”. En tanto, señaló que “hoy estamos de acuerdo en no avanzar con el proyecto, en parar y en abrir una instancia de dialogo con los gremios

El que está en la mira de los reclamos: el autor del proyecto

Ricardo Lissalde, autor de la iniciativa que ya tiene media sanción en la Cámara Baja señaló, al ser consultado por NOVA, que “como profesional del derecho, como escribano y legislador, no voy a decir que un proyecto de ley que he presentado es inconstitucional porque sería ignorante de mi parte presentar una cosa de este tipo”.

Sobre el pliego cuestionado indicó que prevé ponerle “un límite a los prestamistas y a los abusos en torno a los prestamos personales a través de los códigos de descuentos, que le garantizan a quienes lo detentan el riesgo cero, es decir, la absoluta cobrabilidad de lo que prestan”.

En este sentido, detalló que el proyecto tiene cuatro ejes: ponerle un límite en el tiempo a los prestamos personales (no más de 48 cuotas); bancarizar el pago, es decir que el dinero que le prestan a la gente, tal como el sueldo, se deposite en la cuenta sueldo “para acreditar que lo prestado se lo dieron y no que le hacen firma por 10 y le dan 8, por ejemplo”; el préstamo tiene que ser a una tasa de interés con un techo (la del Banco Provincia más 5) “para que no haya usura” y no puede afectarse a ningún trabajador más del 30 por ciento.

Sobre este último punto, con ánimo de dar más claridad, el legislador dio como ejemplo que “un juez no puede embargar a un trabajador, para alimentar a sus hijos, más del 30 por ciento de su sueldo y yo no entiendo cómo los prestamistas pueden embargar el 100 por ciento del sueldo. ¿Cómo tienen más derechos los prestamistas que los hijos?”.

Sobre los cuestionamientos por parte de los sindicalistas, el diputado argumentó que la medida “afecta intereses multimillonarios que hay a través de los códigos de descuentos que son efectivamente realizados a través de los mismos sindicatos”, entidades que según el legislador “tienen convenidos con agencias de prestamistas o casas de cambio, que otorgan dinero y se lo descuentan después del sueldo”.

“Vamos a reglamentar el código de descuento con un uso razonable. El trabajador va a poder pagar lo que debe de acuerdo a sus prioridades de todas las obligaciones que haya contraído”, agregó.

Y denunció: “Los que se han enriquecido con todo esto son los gremialistas que son usureros. Los gremialistas deberían estar defendiendo los intereses de los trabajadores”.

“Yo legislo para evitar que la especulación sea mayor a la producción y estoy conciente que hemos tocado intereses muy poderosas”, manifestó.

En tanto, sobre la denuncia de los gremios que indican que no fueron consultados para elaborar el proyecto sostuvo: “En ninguna parte dice que yo como legislador, para presentar una iniciativa parlamentaria, debo consultar a quienes voy a afectar en sus intereses para legislar. Yo legislo para la gente y he consultado a las victimas, a los trabajadores. No voy a consultar a los sindicatos, porque es a quienes debo ponerle un límite”

Y agregó: “La autoridad para legislar somos los legisladores y cualquier norma que parezca ilegítima, cualquiera la puede impugnar recurriendo a la Corte. Las leyes no la interpretan quienes deben acatarla. Que yo sepa los gremialistas de la Argentina no son quienes para interpretar la Constitución y decir qué es constitucional y qué no”.

Finalmente, sobre la convocatoria de todos los gremios de la Provincia en torno a la problemática, señaló: “Fíjese como toda la usura de la provincia de Buenos Aires se junta en contra del proyecto. Yo me vanaglorio de tener como rivales a los gremialistas, que en vez de estar consiguiendo derechos e incluyendo a los trabajadores cada vez más para que recuperen el poder adquisitivo, le prestan a tasas de usura para que cada vez ganen menos y los endeuden por décadas”.

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