Un proyecto de ley tensó la relación entre la UIA y la CGT

El diputado Recalde propone repartir las ganancias de las empresas entre los trabajadores
La relación ya estaba tensa por los bloqueos del sindicato de camioneros a las plantas de Siderar y los corralones de Rabe. Pero la decisión de la Confederación General del Trabajo (CGT) de presentar en los próximos días un proyecto de ley para que las empresas participen de sus ganancias a los trabajadores terminó de formar el escenario para un duro duelo de acusaciones cruzadas con la Unión Industrial Argentina (UIA).

El diputado kirchnerista y abogado de la CGT, Héctor Recalde, confirmó que ayer avanzó en la elaboración del anteproyecto junto con el secretario general de la central obrera, Hugo Moyano, y que la iniciativa será presentada el martes próximo ante el consejo directivo de la central sindical, y luego será ingresado en el Congreso para su tratamiento. Desde el Gobierno, hubo algunas señales de acompañamiento hacia el proyecto.

Pero la polémica estalló cuando el presidente de la UIA, Héctor Méndez, dijo -en declaraciones reproducidas por el diario El Cronista - que esa iniciativa haría que la Argentina se parezca a Cuba. No es la primera vez que Méndez vincula el proyecto de Recalde con las políticas de Fidel Castro: hace tres meses, le recomendó al diputado que se fuera a vivir a Cuba.

El jefe de los industriales también pidió que el Gobierno ponga límites a la "avanzada del apriete" sindical, en referencia a los bloqueos que llevan adelante los camioneros enrolados en el gremio que comandan el secretario general de la CGT y su hijo Pablo Moyano. Ayer, el Sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca) se declaró en estado de alerta y movilización por la falta de avances en las negociaciones por el conflicto en las plantas de Siderar (ver aparte). El miércoles próximo vence la conciliación obligatoria y, en caso de que regresen los bloqueos, podría volver a ponerse en riesgo el abastecimiento de acero para la industria.

La comparación con Cuba despertó la reacción inmediata de Moyano, Recalde y el jefe de los empleados judiciales, Julio Piumato. "Está absolutamente desubicado porque no conoce las políticas internacionales", dijo Moyano, y luego confirmó: "Se trata de un proyecto interesante, porque es el principio del justicialismo y por eso lo vamos a tratar en consejo directivo". Piumato, por su parte, fustigó: "Algunos sectores empresarios siguen manejando la lógica de la dictadura". Para Recalde, "el fondo de la cuestión es que [Méndez] no quiere distribuir".

En la Constitución

La CGT argumenta que el proyecto está enmarcado en el artículo 14° bis de la Constitución nacional, que sostiene que las leyes deben garantizar a los trabajadores, entre otras cosas, "participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección". Según anticipó Recalde, a los efectos de distribuir las ganancias se tomará el rédito neto y no se considerarán los ingresos "que el empresario reinvierta en la empresa". También mencionó que está prevista la constitución de un consejo tripartito (empresarios, trabajadores y Gobierno) para su instrumentación. El legislador indicó que quedarán exceptuadas de la iniciativa las empresas sin fines de lucro y las sociedades cooperativas. Y propuso crear un fondo solidario destinado a los trabajadores en negro.

Si bien desde el Gobierno se adoptó un bajo perfil, hubo algunas señales en favor del proyecto. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, dijo ayer en el canal Metro que es "indispensable introducir el concepto de productividad", aunque indicó que la "negociación colectiva" debería ser el instrumento. Su viceministra, Noemí Rial, fue más directa: en una entrevista con Tiempo Argentino dijo que el Gobierno no duda en "acompañar" la iniciativa de Recalde.

La polémica se produce pocos días después de que la presidenta Cristina Kirchner anunciara que concurrirá a la conferencia anual que organiza la UIA en noviembre, un gesto de distensión luego del faltazo que protagonizaron los industriales en el acto de presentación del informe sobre Papel Prensa. Aunque no hubo empresarios que respaldaran la referencia a Cuba que hizo Méndez, varios hombres de negocios coincidieron en la preocupación por el clima generado a partir de las protestas de los camioneros. "Del proyecto de Recalde no puedo opinar porque no lo conozco, lo que no quiere decir que no deba expresar mi profunda preocupación por la manera en la que se han acentuado, en el sector sindical argentino, los métodos de acción directa que se aplican para la resolución de los conflictos", dijo Carlos de la Vega, presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), uno de los pocos que aceptaron hablar sin reserva de su nombre.

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