Luego del acuerdo salarial alcanzado la semana pasada entre la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), que conduce Gerardo Martínez, y la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), que estipula un aumento del 17 por ciento para el semestre septiembre-abril (cerrando una paritaria anualizada no acumulativa del 39 por ciento), se comenzó a barajar la posibilidad de un bono de fin de año para todo el sector de la construcción.

El titular de la UOCRA en Tucumán, en dialogo con PrimeraFuente, se mostró conforme con el acuerdo alcanzado por los directivos a nivel nacional pero rechazó de lleno el llamado bono de fin de año que sus pares debaten con el Gobierno de Mauricio Macri. “No estoy de acuerdo con un bono navideño. No queremos un bono lo que si queremos es trabajo y que haya estabilidad laboral para todos nuestros compañeros”, sostuvo.

El dirigente tucumano consideró que en lugar de hablar de un bono (suma fija que desde varios gremios exigen al Estado como paliativo a la caída del poder adquisitivo), el Estado debe presupuestar las obras que están paralizadas para generar puestos de trabajo. “El gran problema es que no hay fondos. Ni la provincia ni la Nación ponen fondos”, remarcó.

“La cantidad de obreros y de compañeros trabajadores de la zafra que están fuera del sistema se verán en una situación muy complicada si el gobernador Juan Manzur no empieza a pelear por fondos para que se reabran las obras”, sentenció.

En la actualidad, la cantidad de obreros activos cayó por debajo de los 9.500, lo que significa una retracción del campo laboral de por encima del 20% en comparación con el año pasado.

El problema radicaría en un conflicto entre el gobierno provincial y las empresas constructoras. Según explicó Santillán: “desde Nación se fijó un costo unificado del metro cuadrado para todo el NOA y la provincia se niega a pagar ese precio a las empresas. Ofrecen mucho menos de lo pautado con Nación y por eso las constructoras se niegan a trabajar”.

Esta situación, sumado a que el financiamiento del Estado nacional para inversiones en las provincias registró una retracción de 19,6 por ciento interanual en los primeros siete meses de 2016, una contracción inédita en la última década, produjo una parálisis en la obra pública.

Cabe destacar que en la provincia el 75% de los obreros en actividad se desempeña en obras financiadas por el Estado, por lo que el conflicto entre el gobierno y las constructoras despertó el alerta de la UOCRA, desde donde ya analizan concretar la primera medida de fuerza en contra del gobierno de Juan Manzur.