La UTA reclama la continuidad laboral

El pedido es por las futuras concesiones del transporte urbano de Bariloche.
La UTA consiguió ayer el compromiso expreso de los concejales de que en las futuras concesiones del transporte urbano quedará garantizada la estabilidad y la antigüedad de los actuales trabajadores.

El Ejecutivo prometió licitar el servicio en octubre próximo, si bien todavía no envió los pliegos que debe analizar el Concejo. Lo dirigentes de UTA se anticiparon al debate y ayer se presentaron en el Concejo para mantener un encuentro "sin las empresas" y reclamar definiciones. Aseguraron haber enviado notas con el reclamo al Ejecutivo y a las dos prestadoras" sin tener respuesta".

Una cláusula similar sobre la obligación de mantener los puestos de trabajo ya había sido incluida en el frustrado proyecto de licitación de 2010, que quedó trunco cuando las empresas forzaron una nueva prórroga.

Actualmente el servicio de transporte urbano emplea en esta ciudad a unos 350 trabajadores.

Las concesionarias Codao y Tres de Mayo deberán competir con otros oferentes si quieren continuar con la prestación del servicio.

Algunos ediles advirtieron que la segunda de las firmas, al menos hasta hoy, no podría participar de la licitación porque arrastra una convocatoria de acreedores y demandas judiciales contra el municipio.

Los concejales decidieron reunir ayer en forma extraordinaria a la comisión de Tránsito y Transporte a fin de analizar el tema. Hubo adhesión de todos los bloques al criterio de asegurar sin condiciones la fuente laboral y también el compromiso de que no habrá atajos como los exámenes de salud para justificar reducciones o cesantías.

En la reunión se escucharon criticas a las actuales condiciones de trabajo en las empresas. El edil Alejandro Ramos Mejía (FpV) dijo que podría corresponder alguna sanción como la clausura parcial de dependencias si las fallas persisten. Su par Ramón Chiocconi señaló que "esto pasa desde hace años" debido a la falta de fiscalización.

Ramos Mejía, Mauro González (PVC) y Carmen Giménez (PS) pusieron el acento en la necesidad de "incorporar la fiscalización en los futuros contratos".

En relación con la continuidad laboral, Alfredo Martín (FG) dijo que los trabajadores deben quedarse tranquilos porque van a mantener su empleo.

La UTA también manifestó su queja por el maltrato y las agresiones físicas que debieron soportar algunos choferes por ejemplo en la línea 60, debido al a reducción de frecuencias.

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