La incertidumbre económica y los vaivenes propios de un año electoral impactarán en la paritaria de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que arrancará esta semana con un planteo de firmar acuerdos trimestrales o semestrales que prepara el gremio que encabeza Antonio Caló. El reclamo incluirá, además, una compensación por la pérdida de poder adquisitivo entre el convenio de 2018 con las cámaras del rubro, que alcanzó 40%, y la inflación de 47,6% en el período. Se trata de la negociación con mayor peso referencial para el resto del sindicalismo en la ronda de discusiones salariales en el sector privado.

El primer contacto en el año de la UOM con las entidades patronales por el ítem salarial se concretará este miércoles a las 15 en la sede del principal sindicato fabril. Los dirigentes se tomarán hasta entonces para definir un número de aumento para la discusión aunque existe ya un consenso interno para evitar un entendimiento anual, como se estila en la Argentina desde hace años en el grueso de las actividades.

De prosperar esta alternativa el gremio imitará la modalidad aplicada desde 2012 por el Sindicato de Mecánicos (Smata), los “primos” de la UOM, que pactaron con la cámara de fabricantes de automóviles (Adefa) firmar acuerdos trimestrales ajustados por la inflación del período inmediatamente anterior. Tanto la administración de Mauricio Macri como los gobiernos kirchneristas intentaron evitar paritarias por plazos menores al año por entender que restan capacidad de planificación para las empresas.

La posibilidad de un “acuerdo corto” es una de las alternativas de cobertura por la aceleración inflacionaria y la incertidumbre electoral que evalúan los sindicatos. La otra, que el Gobierno no definió todavía si aceptará, es la plena vigencia de la cláusula gatillo, que permite actualizar los salarios una vez firmada la paritaria en caso de que la canasta básica medida por el INDEC registrara una suba por encima de los parámetros pactados. Esa herramienta destrabó la ronda de negociaciones de 2017 y fue suprimida por el propio Ejecutivo al año siguiente, que la reemplazó por “cláusulas de revisión” de aplicación no automática.

A diferencia de otros años, en los que surgió con mayor o menor rigidez una pauta salarial sugerida por el Gobierno, en lo que va de 2019 sólo hubo intentos aislados que por ahora no fijaron referencia alguna. En diciembre el Ministerio de Producción y Trabajo logró que se firmaran en parámetros del 23% con cláusula de revisión las paritarias de los encargados de edificios (Suterh) y de los empleados de entidades civiles y deportivas (Utedyc), en dos y cuatro cuotas, respectivamente.

Aquel 23% respondía a la pauta inflacionaria plasmada en el Presupuesto 2019 pero tres meses después, la semana pasada, ya había sido superada por un acuerdo que firmaron los petroleros de Neuquén, Río Negro y La Pampa por una suba del 30 por ciento también con cláusula de revisión. Ese entendimiento es clave por regir en el área del yacimiento de Vaca Muerta. Aunque la inflación proyectada para este año ya supera ese valor, el sindicato que lidera Guillermo Pereyra cuenta con el antecedente de haber empatado con sus aumentos los valores del año pasado hasta completar una suba para ese período cercana al 50 por ciento.

En el caso de la UOM, en 2018 firmó una serie de acuerdos durante el año que totalizaron poco más de 40% al final del período. En el gremio calculan, sin embargo, que entre el valor de la inflación del año y las subas registradas entre enero y febrero el desfasaje es de al menos diez puntos porcentuales, lo que constituirá el primer reclamo para la actual negociación, junto con la chance de un acuerdo de corto plazo.

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, quiso aprovechar su histórica relación con el gremio metalúrgico como consultor privado para sondear un intento de reforma laboral sectorial en el rubro metalmecánico pero naufragó ante la negativa rotunda de la dirigencia de rediscutir el convenio colectivo, tal como había sucedido con los textiles. En cambio, la UOM se propuso liderar una marcha de la CGT pautada para el 4 de abril, con eje en el sector industrial, junto con espacios sindicales y sociales disidentes.