Trabajadores de minoridad enrolados en el Soeme realizaron ayer una protesta y toma pacífica de la sede del Organismo de la Niñez y Adolescencia de la Provincia, en 116 y 71, reclamando el cumplimiento de un acuerdo paritario sin ejecutar, así como mejoras en las condiciones de los institutos de menores del territorio bonaerense.

“Venimos desde 2008 haciendo el reclamo en paritarias, se firmó un acuerdo que no se está cumpliendo, hicimos mesas técnicas sectoriales en las cuales tampoco nos dieron respuestas”, dijo a este medio el secretario gremial de la filial La Plata del Soeme, Osvaldo Fiordomi.

En ese sentido, y como parte de las acciones llevadas adelante por el gremio, se presentó una nota dirigida a la titular del organismo, Pilar Molina, en la que se detallan los puntos expuestos con anterioridad en distintos petitorios, como el pase a planta permanente de trabajadores, nuevos planteles básicos, así como el concurso de directores, subdirectores y administradores.

“Son los mismos pedidos que ya habíamos hecho en paritarias y le solicitamos a Pilar Molina que nos reciba”, indicó Fiordomi, quien sostuvo que “este gobierno se comprometió a mejorar la situación de los asistentes de minoridad y en ningún momento nos hizo alguna oferta que mejore el estado del trabajador”.

Riesgo permanente

Las pobres condiciones laborales de los empleados de minoridad de la Provincia son parte de una profunda crisis por la que atraviesa el sistema.

A los graves problemas de infraestructura y superpoblación presentes en los institutos der menores se les suma el empeoramiento de una situación que desde hace más de un año viene siendo expuesta por el mencionado sindicato: la presencia de jóvenes mayores de 18 años en centros que solo deberían alojar a chicos de 16 y 17 años que han cometido infracciones a la ley penal juvenil.

“Cada trabajador está a cargo de más de diez chicos. No se tiene en cuenta que se trata de jóvenes que necesitan una atención más directa de, como máximo, un trabajador cada tres”, afirmó el secretario gremial del Soeme, Adrián De Marco.

El dirigente señaló, además, que “cada instituto tiene la problemática de alojar a chicos mayores de 18 años que deberían ser pasados a penales por cumplir la mayoría de edad. Eso representa un peligro constante, tanto para nuestros trabajadores como para los demás menores”.

Por su parte, Sergio Otero, secretario de Minoridad del gremio, agregó que “el gobierno de Cambiemos se comprometió a cambiar estructuras, y ahora hace oídos sordos, porque prefiere pagar horas extras en negro que tomar personal en blanco, ya que le sale mucho más barato”. “Cuando se recortan las horas extras, automáticamente se resiente la atención al chico, porque ese tiempo adicional representa dedicación de personal en atención al joven. No­sotros trabajamos con personas, no con papeles”, puntualizó.

De Marco coincidió en que “el diálogo con los funcionarios no existe. Estamos tratando de que la directora se digne a establecer una mesa de trabajo para abordar estos problemas, pero evidentemente su función deja mucho que desear. Parece que le queda muy grande el cargo”.

Pilar Molina, una funcionaria virtual

Este medio intentó sin éxito hablar con la directora del Organismo de Niñez y Adolescencia de la Provincia, Pilar Molina, quien no se encontraba en la sede del ente que dirige.

Tampoco había ningún asistente, secretario, o funcionario que la representase o respondiese por ella. De hecho, su oficina estaba cerrada, sin movimiento de personal alguno.

Una cronista de diario Hoy preguntó por la funcionaria en Mesa de Entradas, desde donde se comunicaron telefónicamente a su despacho sin éxito. Luego, ante la incertidumbre de los trabajadores del área sobre el mecanismo pertinente para obtener una entrevista con Molina, la periodista se dirigió a la puerta de su despacho, en el primer piso, donde permaneció por media hora aguardando ser atendida, hasta que efectivos policiales le informaron que la titular del organismo se había comunicado telefónicamente para pedir el desalojo del pasillo.

Durante la espera, se le consultó al personal del organismo sobre los días y horarios en los que puede ser encontrada la funcionaria en su lugar de trabajo, pero nadie supo dar certezas. Incluso, hubo quien dijo, directamente, “no conocerla”.

La protesta por la crisis en los centros de menores se replicó en La Matanza

Organizaciones sociales y de trabajadores se manifestaron en las puertas de un instituto de la localidad de Virrey del Pino en reclamo de mejores condiciones edilicias y ampliación del personal.

Representantes de ATE junto con integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos del Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires, entre otras organizaciones, se manifestaron ayer en las puertas del Centro Cerrado de jóvenes Virrey del Pino, en esa localidad del partido de La Matanza, reproduciendo los reclamos que se realizaron ayer en nuestra ciudad. 

Los manifestantes matanceros realizaron una radio abierta y una olla popular, en reclamo de mejores condiciones edilicias y de ampliación de personal para el instituto que aloja a sesenta chicos y linda con la Unidad Penitenciaria nº 56. Esa disposición edilicia genera una de las mayores protestas de los trabajadores ya que, según denuncian, “se vienen filtrando en el centro prácticas que tienen que ver con la cárcel de adultos”.

“El problema es tanto de los trabajadores como de los jóvenes detenidos, porque la realidad es que muchas veces este lugar funciona peor que las cárceles de mayores”, le dijo a este medio Beatriz Capdevilla, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. La representante matancera de la organización aseguró que “el Estado está violando los tratados internacionales con respecto a los derechos de la niñez, de la infancia y de la adolescencia”. “Si no hay una política gubernamental, no se puede hacer nada, ya sea un trabajador más que recuperar, una lamparita de luz que se quemó o traer un bidón de agua cuando el edificio se queda sin el servicio”, agregó.

Respecto al deplorable estado en la infraestructura de los centros de minoridad bonaerenses, la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia, María José Cano, sostuvo que “ninguna de las instituciones del Organismo Provincial de Niñez tiene mantenimiento. Están sin calefacción, sin agua caliente, con cloacas que estallan constantemente, baños que son inaccesibles”.

Según Cano, “a eso hay que sumarle el sobrecupo constante que se da dentro de los centros cerrados y que lo que se ha podido hacer en algunas instituciones es un lavado de cara, pero no lo que necesitan para mejorar esas condiciones edilicias”. 

Gisela Gauna, la única trabajadora social con la que cuenta el centro que aglutina a sesenta jóvenes, contó que, además de ella, se desempeña allí un psicólogo y cuatro asistentes de minoridad, que conforman guardias por día. El resto de los empleados está con carpeta psiquiátrica. Según relató, “estas guardias se completan con compañeros que hacen horas extras, lo cual es perjudicial, porque estar tantas horas metidos acá adentro los enferma”.

En consecuencia, piden “que se designe personal necesario para llevar adelante nuestras tareas como corresponde y que se garanticen los derechos de los jóvenes, que hoy están totalmente vulnerados”.

Ante esta situación, los manifestantes analizan avanzar con acciones judiciales concretas: una denuncia penal contra el Estado provincial y un habeas corpus colectivo.

Desde el Soeme vienen denunciando desde hace tiempo que la situación en el centro de Virrey del Pino es insostenible. Incluso, contaron que en los últimos días se registraron casos de violencia extrema, que derivaron en que dos jóvenes terminaran en el área de sanidad producto de heridas con elementos corto-punzantes, mientras que otros dos adolescentes se encuentran en el sector de admisión (denominada comúnmente como “leonera”) con medidas judiciales de resguardo físico.