Los efectos se pueden presagiar, pero el desastre se verá después, una vez que la tormenta ceda y el agua haya bajado. ¿Cuándo terminará esto? Nadie sabe, recién comienza.

En el Gobierno lo celebran, sonríen por el “gran acuerdo”, la vuelta al Fondo, festejan los miles de millones de dólares que llegarán como una bocanada de aire fresco para la época electoral, postulan estadísticas futuras, invisibles, casi imposibles. 

Mientras, la realidad habla por sus argentinos de carne y hueso: los 430.000 trabajadores cuyos puestos de trabajo están en riesgo por el parate en la obra pública, según ha advertido el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss.

“Hay que bajar el gasto”, dicen en el Gobierno y en lugar de atacar la bicicleta financiera que fuga divisas, obliga a subir las tasas o a devaluar, se apunta a la madre de la producción, como es la obra pública.

Ya antes del ir a golpear las puertas del FMI, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, había anticipado un recorte de $30.000 millones de inversión en obra pública. Ahora, el panorama se presenta doblemente sombrío: el sector contará con $70.000 millones menos en su presupuesto, “lo que paralizará trabajos de extensión de las redes de agua y cloaca, veredas y asfaltado de calles”, alertó Weiss. 

Millones de compatriotas seguirán sin agua, cloacas, ni veredas y otros tantos se preguntarán hasta cuándo pisarán calles de tierra. 

Los efectos sobre la economía real pueden ser devastadores. Porque no solo están en riesgo los obreros de la construcción que trabajan desde el primer al último ocaso, los que se levantan a las 6:00 y se acuestan a las 22:00. Son los albañiles, pero también técnicos, capataces, ingenieros, arquitectos, plomeros, electricistas, encargados de corralones y todos aquellos que se mueven al ritmo de esta rueda virtuosa que alienta el empleo, el consumo y el crecimiento.

Calculan especialistas que cuando el país toma un crédito de US$1000 millones para construir, el 40% regresa al Estado por impuestos que pagan contratistas, proveedores, obreros que cobran, consumen y aportan a la AFIP. 

En la Cámara de la Construcción dan un número más contundente: los beneficios para el resto de la economía representan 2,14 veces lo invertido. Recortar $70.000 millones en obras es ponerle paraguas a una lluvia de casi $150.000 millones. 

Dicen en el sector que atentar contra la obra pública es un acto criminal para la economía y para todo lo que mueve a un país, una provincia, una ciudadr. Tan criminal como la tala de árboles es un bosque. 

Desde la AFIP al PAMI, el ajuste que se viene

Tal como anticipó este diario, el Gobierno planifica un primer recorte de 30.000 empleos públicos. En la misma línea, la gobernadora María Eugenia Vidal puso en vigencia el plan de retiros voluntarios que afecta a unos 300.000 trabajadores bonaerenses.

En los próximos días, el presidente Mauricio Macri pisará un poco más el acelerador del ajuste y anunciaría un recorte del 25% en los 86 organismos públicos descentralizados del Estado, como el PAMI , la Anses, el INTI, el INTA y la AFIP, entre otros. La medida afectaría, sobre todo, a profesionales de carrera.

Una paradoja: 25% es el porcentaje en el que se incrementó el Estado desde la asunción de Macri, llegando a 21 ministerios, 87 secretarías, 207 subsecretarias y 687 direcciones, con sus choferes, sus asesores. La tijera de Macri no tocaría a ninguno de los que llegó con él.

La realidad que el ministro de Trabajo de la Provincia no quiere ver

“Despido de algún trabajador conflictivo” o “algún quite de colaboración por despido de cuatro o cinco trabajadores”, es todo lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, según ha expresado el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, quien reclama “una reforma laboral de fondo” para “bajar el costo laboral”.

Obnubilado por el canto de sirenas Pro, el funcionario parece ciego a la realidad, inocultable como un elefante: solo en el primer cuatrimestre del año se perdieron 12.247 puestos de trabajo, la mayoría en la Provincia. 

Allí está el caso de la metalúrgica Emepa, de Chascomús, dedicada a la producción ferroviaria, que en mayo despidió a 80 empleados. O el de la textil Texes, de la misma localidad, que en 2017 bajó las persianas y dejó sin trabajo a 140 personas.

La caída del consumo, la suba en todos los costos y la apertura indiscriminada de importaciones también han hecho lo suyo en empresas bonaerenses del rubro textil y del calzado como Paquetá, en Chivilcoy, o Karavell, que tras su cierre en Mercedes dejó a 65 personas desempleadas.

También en mayo, en San Nicolás, la fábrica de motocicletas Motomel despidió a más de 130 operarios; otros tantos perdieron sus puestos en la planta que la fábrica de electrodomésticos Newsan tiene en Campana; en Pilar, la panificadora Riera despidió a unos 17 trabajadores; ayer nomás, en La Plata, capital de la Provincia, la “baja en las ventas” de la estación de servicio INI, de 119 y 32, expulsó a otros 20 empleados. Los casos, con sus variantes, se repiten en la avícola Cresta Roja, de Ezeiza, donde peligran 800 empleos o en el Frigorífico de Pehuajó, donde fueron 130 las fuentes laborales que se perdieron.

La crisis, que golpea al sector productivo a lo largo y ancho de la Provincia, tiene sus efectos en el Estado: desde los más de 300.000 empleados alcanzados por el plan de retiros voluntarios a los mil despidos producto del cierre de escuelas o empresas estratégicas como Ferrobaires; o los mil puestos de trabajo que peligran en el Astillero Río Santiago.

Nada de eso ve o no quiere ver Villegas. Quizá, pesa en él la nostalgia de sus años en el sector privado, como abogado laboralista y jefe de Recursos Humanos en empresas como Telecom y Walmart, donde los despidos han sido moneda corriente. Aquellos trabajadores no lo recuerdan por haberlos protegido, sino por una anécdota repudiable: su defensa a la designación como encargado de Seguridad de Walmart del militar retirado del Ejército Alfredo Oscar Saint Jean (sobrino del exgobernador de facto de la Provincia, Ibérico Manuel Saint Jean, quien fuera jefe de Ramón Camps, el temible titular de la Bonaerense durante la dictadura y amigo de Raúl Kraiselburd).