La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, sabe que está transitando meses difíciles desde el punto económico y social. De hecho, lo reconoció abiertamente.

Hace pocos días, al anunciar algunas medidas para atenuar el impacto de la suba de precios, la mandataria reconoció que “la inflación es más de la esperada y está pegando mucho más en los alimentos”.

Al mismo tiempo en que trabaja para cerrar los números del ajuste que contendrá el proyecto de Presupuesto del próximo año, los funcionarios bonaerenses tratan de que no se multipliquen los reclamos de los empleados cuyos sueldos dependen de los fondos de la Provincia.

Es que de acuerdo a datos del INDEC, en el primer semestre de 2018 el índice de precios al consumidor en el Gran Buenos Aires alcanzó el 16 %. En julio, se estima que será del 3,7%.  Con estos números, ya quedó superado el 15% que la Provincia impuso como techo salarial para todo este año.

Los gremios continúan realizando reclamos para lograr una recomposición de sus sueldos. Paros, movilizaciones y presentaciones en los tribunales son moneda común entre docentes, judiciales y médicos. En concreto, piden que la Gobernadora los vuelva a convocar para negociar un incremento y les realice una oferta que les permita recuperar el poder adquisitivo.

Los sindicatos remarcan una y otra vez que el 15% ya quedó desfasado.

Además, el lunes, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) presentó un pedido ante el Tribunal de Trabajo n. 3 de La Plata para que se intime al Poder Ejecutivo a cumplir con un fallo de ese mismo juzgado, en el que se le ordenaba al Gobierno provincial aplicar la “cláusula gatillo” acordada en 2017 para los trabajadores del sector y a convocarlos a negociar en paritarias.

Esa resolución declaró la vigencia de “la cláusula convencional sexta del acuerdo salarial del año 2017 (cláusula gatillo)”, ordenándole al Ejecutivo que otorgue un aumento mensual “de acuerdo a la variación mensual del índice de precios al consumidor publicado por el INDEC”.

Para tratar de “calmar las aguas”, a principios de junio, el Gobierno bonaerense dispuso liquidar un pago a cuenta del 7% a los trabajadores del poder judicial de la provincia, pero este número no fue aceptado.

En este escenario, los funcionarios vidalistas enviaron un instructivo a la Corte provincial para aumentar los salarios de los trabajadores judiciales un 8% respecto de los haberes que percibieron en diciembre de 2017. Ese pago se liquidará en los próximos días.

Pero para los representantes gremiales, esta suma no fue suficiente. Quieren que los representantes bonaerenses se sienten a negociar, de lo contrario consideran que el fallo, en un año en el que se espera una inflación superior al 30 por ciento, sigue incumplido.

Esta situación puede llegar a generar rispideces en el Poder Judicial. Tanto jueces como empleados reconocen que

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En tanto los estatales, que cerraron un incremento del 15% en abril, reclaman la reapertura de paritarias. Tras el cimbronazo económico de abril, pretenden un aumento por encima del 20%, además del 15% (en tres cuotas) que ya otorgado.

En este sector, se liquidará con los sueldos de julio un aumento del 4% que estaba previsto pagar en setiembre.

Por su parte, médicos de hospitales que dependen de los fondos provinciales también pararon hace pocos días. Esta medida de fuerza afecta a 80 instituciones.

Los profesionales indican que las autoridades les ofrecieron solo 15% en cuotas y rechazaron la propuesta.

Los docentes provinciales también cuestionaron ese porcentaje de aumento en julio, más el 1,7% en concepto de "material didáctico" y la promesa de reabrir la paritaria en agosto. Convocaron a un paro, pero tras el llamado a conciliación obligatoria, solo el gremio de Suteba lo llevó adelante.

Ya hubo, al menos, nueve días de paro genera y no parece haber una solución inmediata a este problema. Por ese motivo, la Gobernadora dispuso por decreto cinco adelantos a cuenta del acuerdo paritario que en los primeros cinco meses del año fueron por un total de un 15% semestral (incluido el de hoy) más el presentismo que se viene pagando en forma trimestral.

"La gobernadora tiene la posibilidad de resolver este conflicto. Queremos resolver lo que planteamos, el 30% con cláusula gatillo, más en infraestructura y comedores", remarcó el titular de Suteba, Rodolfo Baradel.

Desde ese gremio cuestionan al gobierno bonaerense por la multa que se les impuso por incumplir la conciliación obligatoria y llevar adelante un paro de 48 horas.

El incumplimiento a la conciliación obligatoria se traduce en sanciones de entre 50% y el 2.000% del salario mínimo, vital y móvil de cada trabajador afiliado. Una vez determinado este porcentaje se multiplica por la cantidad de empleados enrolados en el gremio, que en este caso es de 70 mil docentes.

Recorte

El ajuste tendrá un impacto de entre $30.000 y $50.000 millones. El primero, equivale a todo el déficit de la provincia durante este año y es similar al presupuesto de infraestructura de 2018. Precisamente, la obra pública será la que sufra el mayor impacto.

La Provincia también deberá hacerse cargo (tras un traspaso) de los subsidios de empresas eléctricas, agua y transporte.

Es decir, se licuará gran parte de lo que Buenos Aires recuperó como compensación para retirar la demanda por el Fondo del Conurbano. En lugar de recibir $65.000 millones, percibirá una cifra cercana a los $25.000 millones.

Uno de los ítems que el Gobierno provincial analiza es el de la cantidad de trabajadores de planta permanente que se adhieran al plan de retiros voluntarios. El esquema que ofrece la posibilidad voluntaria de desvinculación laboral alcanza a casi 300 mil trabajadores. Y la decisión está en línea con los requerimientos de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que suscribió la provincia con Nación y que se completa con medidas de congelamiento de vacantes y limitaciones en el gasto público (no más que lo marcado por el índice de inflación oficial).