En medio de críticas y advertencias de la oposición y la justicia, comenzó esta primera semana de agosto a tratarse el proyecto de ley de Reforma Judicial impulsado por el Poder Ejecutivo. Fue el martes 4, en Comisión, en el Senado de la Nación, con la participación de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo. El encuentro fue realizado de forma virtual y Losardo estuvo durante varias horas, en las que escuchó posturas y respondió parte de las preguntas realizadas. La dinámica elegida al comienzo del encuentro -primero se realizaban todas las preguntas y después serían contestadas juntas- implidió que fueran respondidas en su totalidad. "Acá no hay jueces de la servilleta, acá no hay posibilidad de nombrar jueces a dedo", sostuvo Losardo, en alusión a uno de los grandes escándalos de la década menemista en materia judicial. Para los próximos días está previsto que siga el debate del proyecto, que tendría un cómodo paso por el Senado, donde el Gobierno espera aprobarlo para el 26 de agosto. 

Mientras eso sucede,  desde la Justicia se suman las voces que señalan críticas a los cambios que buscan introducirse, y se posicionan como una advertencia de lo que puede venir a futuro. Esta semana, ya dos Cámaras hicieron conocer sus disconformidades y planteos sobre el proyecto, en tanto que la Asociación de Magistrados, y Funcionarios de la Justicia Nacional se presentó a través de su titular, Marcelo Gallo Tagle, ante las comisiones Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales y allí hizo saber la postura de la entidad sobre al proyecto. Entre otros puntos criticó que se prevea la creación de un mayor número de juzgados que de fiscalías al tiempo que advirtió sobre la necesidad de abrir la consulta con las Cámaras Nacionales y Federales y los representantes de los tribunales orales.“La discusión de la reforma del sistema de justicia debe ser técnica y no política”, consideró.

 

 

Por su parte, Juntos por el Cambio (JxC) a través de un comunicado se refirió a la reforma, y a lo largo de varios puntos en los que hizo una serie de planteos, también aludió a los costos que esta conlleva. “En cuanto al impacto presupuestario del proyecto, se crean 323 cargos (jueces, fiscales, defensores y funcionarios). Solo de sueldos de los mencionados cargos, el costo anual aproximado es de $1.703 millones”, mencionaron. Tras lo que agregaron que “a ello se debe agregar la inversión necesaria en infraestructura estimando un costo aproximado de $1.211 millones; más un aproximado de tecnología de $122 millones . Esto arroja como resultado un monto mínimo de $3.037 millones, cifra necesaria para poder implementar el proyecto”. Y luego señalaron que: “realizar un gasto de esta magnitud en épocas de fuertes carencias económicas y sociales no parece una política razonable. Asimismo, tampoco se advierte cuál puede ser la fuente de financiamiento cuando el presupuesto del Poder Judicial de la Nación solo alcanza actualmente a cubrir los sueldos de agosto”.

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Justicia en alerta. En su exposición en Comisión, Gallo Tagle también afirmó que: “la reforma del sistema de Justicia viene siendo reclamada desde hace mucho tiempo por los integrantes del Poder Judicial, pero es necesario que lo hagamos bien, escuchando a todas las voces y analizando todas las cuestiones que puedan alterar las buenas intenciones que pueda tener este proyecto”. Luego enumeró las deficiencias que considera que tiene el proyecto presentado por el Ejecutivo, a juicio de la Asociación, como por ejemplo que se prevea la creación de un mayor número de juzgados que de fiscalías, mientras se impulsa la implementación en todo el país del sistema acusatorio, que pondrá la carga de la investigación de los delitos en los fiscales.

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La importancia de la implementación del sistema acusatorio -que ya se realiza desde 2019 en algunas áreas del país, con excelentes resultados- es uno de los puntos en los que más coinciden las voces de tribunales. El sistema, que dota de más poder, en las investigaciones a los fiscales, es desde hace tiempo la gran apuesta de la justicia y por eso, cuando se anunció la reforma, fueron varias las voces que coincidían en que, con la introducción de este sistema ya se solucionaban varios de los problemas del actual escenario judicial. En especial porque el sistema acusatorio acota el poder de los jueces, en lugar de ampliar el número de ellos, como contempla la reforma.

Esta semana, los primeros en sentar su posición sobre la reforma del Ejecutivo fueron los jueces de la Cámara del Crimen, quienes plantearon, a través de una acordada, que la reforma es inconstitucional. En tanto que quienes también dejaron plasmada su opinión a través de una acordada, los miembros de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal, que de aprobarse lo proyectado, se fusionará con la contencioso administrativa. "La unificación propuesta en el proyecto implica soslayar la especialidad de cada fuero, ganada durante décadas de funcionamiento autónomo", consideraron entre otros puntos los camaristas.