La reunión en Casa Rosada superaba la hora y –solo algunos- referentes de las cámaras empresarias de la pesca, marplatense y patagónica, se miraban de reojo para dar crédito a lo que estaban viviendo.

El presidente Macri, sentado en el medio de una larguísima mesa, seguía con atención el punteo con la reseña de temas pendientes: mejora de competitividad, relaciones laborales, carga impositiva en los combustibles, ART, infraestructura portuaria, acuerdos comerciales con México y Brasil, reducción de aranceles con China.

Lo de las Áreas Protegidas que impulsa el Ministerio de Medio Ambiente, y a lo que había ido la comitiva al Consejo Federal Pesquero en otro intento de voltear la iniciativa, había pasado a un segundo plano. Lo tenían al Presidente sentado del otro lado de la mesa y ocupado en sus problemas cotidianos.

También esta parte del gabinete de Agroindustria, secretario de Agricultura, funcionarios de Pesca, el Director del Inidep, técnicos de Afip y del Ministerio de Trabajo junto con representantes del Consejo Federal Pesquero. Todos oficiaban de consultores externos. “Fue una jornada de trabajo; parecía una reunión de directorio”, contó días más tarde uno de los asistentes.

Macri preguntaba y anotaba. Atrás habían quedado las bromas de la reunión de febrero con “Pototo” Moscuzza sobre el futuro de Aldosivi y la alusión reiterada a Boca en particular y al fútbol en general. A cada funcionario le solicitaba precisiones y plazos. Hasta Martin Merlini, que justo lo tenía enfrente, terminó tartamudeando cuando le pidió detalles sobre el avance de la recuperación del predio de los silos y lo instó a acelerar el proceso.

“Me comprometo a terminar con las trabas que no los dejan producir”, aseguraba el Presidente mirándolo a Moscuzza, al único que identifica junto a la figura, exinmensa, de Oscar Fortunato, su representante en el CFP, en tanto los instaba a invertir para generar más empleo y a no dejarse extorsionar por los “gremios mafiosos”, según confió otra fuente.

Macri eligió mirar hacia una sola vereda. En la otra no asoma una colección de Madres Teresas precisamente. Permisos de pesca de dudosa procedencia, otros extinguidos que renacieron con asombrosa facilidad, mentiras en la declaración de partes de pesca para pescar más merluza y un etc casi tan amplio como los que pedimos saber dónde está Santiago Maldonado.

Agosto será un mes difícil de olvidar para la patronal. Entrada en vigencia del Decreto 639 que duplicó en promedio, por un año, los reintegros a las exportaciones de distintos productos de merluza hubbsi y variado costero, aportados por la flota fresquera, y ahora este encuentro con el Presidente para avanzar en un plan de competitividad.

Actualizar el convenio 161/75 que une a la Cámara de industriales procesadores con el sindicato obrero de la industria del pescado es tal vez, el desafío más importante y el más difícil.

Una pista la entregó el Dr. Humberto Noel, presidente del Tribunal Laboral Nº2 de Mar del Plata, en el marco de un encuentro de Logística Portuaria y Comercio Exterior, cuando resumió detalles de la reforma laboral en Brasil.

“Se elimina la cuota sindical, los convenios tienen fecha de vencimiento y los acuerdos por empresa se negocian con una comisión interna, no con el sindicato, lo mismo que los despidos en masa”, dijo el magistrado.

En una medida que tendría impacto directo en la realidad laboral del puerto marplatense, Noel contó que la reforma brasileña considera que la empresa que contrata personal tercerizado no es responsable de esos trabajadores, y que los autónomos no pueden reclamar relación de dependencia.

Hasta ahora la patronal solo ha amagado con intentar introducir algunas variantes en un convenio que ya cumplió 40 años pero el gremio no quiere saber nada. Ni con la bolsa de trabajo para contratar personal temporario ni con priorizar la producción por sobre los ítems fijos.

La industria cambió. Múltiples factores redujeron el volumen de pescado que llega a muelle para descargar y procesar, y no todos pueden garantizar el aporte permanente de materia prima a una línea de producción. Pero falta diálogo para lograr un acercamiento.

“El derecho laboral debe ser razonable. Tenemos que ser sensatos y dejar de lado a los vivos”, intentó apaciguar Fernando Rivera, el presidente de Caipa, luego que Pablo Trueba, el titular del Simape, calificara como una “estupidez” los dichos de Noel.

La tensión subía en el hotel 5 estrellas mientras Trueba amagaba con abandonar el salón. El Juez aclaraba que solo había expuesto la reforma brasileña y el dirigente le recordaba que había dicho “deberíamos copiar”.

El mismo Trueba que ponía la sede gremial para que los otros sindicatos del puerto, a pedido de la patronal, salieran a cuestionar la iniciativa de áreas marinas protegidas. La reunión con el Presidente los dejó tan extasiados que no fue necesaria esa puesta en escena que estaban dispuestos a acompañar algunos sindicalistas.

Ya pocos se acordaban que Merlini había anunciado la operatividad del puerto las 24 horas para grandes buques y la planificación del dragado del año que viene, con una inversión de menos de 2 millones de dólares. “Los invitamos a invertir porque somos previsibles”, afirmó el Presidente del Consorcio, que evitó contestar preguntas. Por ejemplo, cuándo y cómo pagaran los 337 mil m3 de sedimentos que Canlemar dragó de más.

“No habrá derrame ni mejorará la actividad si no avanzamos en un acuerdo de productividad con todos los sindicatos y las autoridades sentados en la misma mesa”, refirió Diego García Luchetti, presidente de la Cámara de Armadores, al tiempo que reconoció que el precio del pescado en muelle aumentó con la vigencia del Decreto presidencial pero se desplomará cuando aumente la oferta que aporten los barcos que ahora pescan langostino en el sur.

Un rato después de la acalorada polémica, los directivos de TC2, la terminal de contenedores, anunciaron su proyecto para cruzarse enfrente, ocupar el predio de los silos y el espigón 3, donde a través de una iniciativa privada, proyectan construir TC3 con una inversión de 300 millones de pesos.

 

Más allá de las trabas judiciales que ha interpuesto Elevadores Mar del Plata, el expermisionario con permiso para ocupar el predio hasta el 2024, el área donde TC2 proyecta construir la nueva plazoleta hoy abriga una cava de más de 3 metros de profundidad, de casi 4 mil metros cuadrados, donde el Consorcio dispuso, los 23 mil m3 de sedimentos contaminados del último dragado. Y dispondrá de los que están por venir.

Emilio Bustamante, director de TC2, dijo que, en caso que haga falta, han presupuestado el costo para derrumbar la galería de los silos, cuyo estado es más que precario y encierra un peligro para quienes deambulan por el muelle.

Mientras Merlini cuenta los días para que Agroindustria Nación transfiera a Provincia y ésta al Consorcio el predio de los silos y así hacer el llamado a licitación, Bustamante y quien esté interesado en ocupar el área, deberían presupuestar el costo de tratamiento y remediación de dicho suelo.

Hoy cuentan con una membrana aislante y el Consorcio evalúa que costo es más barato para retiraros una vez que terminen de sacar el agua con bombas de achique. Pero los sedimentos del 2015 los arrojaron a cielo abierto. Quien se haga cargo del predio deberá encargar un estudio de factibilidad del proyecto sobre una tierra contaminada.

La demolición de los silos encierra una disputa judicial que puede congelar las buenas intenciones de avanzar con nuevos proyectos en un área, que en el mientras tanto, es utilizada para arrojar residuos de hidrocarburos.

Si en un par de años se destraba el avance de la licitación, se caen los silos, se alisa el terreno y se instala TC3 u otro permisionario, otra incógnita asoma desafiante detrás del terraplén que contiene los sedimentos contaminados.

Más allá que Bustamante revelara que pueden duplicar el movimiento de carga en el futuro nuevo espacio, no parece alcanzar para que debajo de los metales pesados prospere el brote verde del negocio.