En el 4to piso de la CGT se analizó rigurosamente el anteproyecto de reforma laboral que quiere implementar el Gobierno. La mesa de chica, junto a los representantes legales de la central, estaría concluyendo en la imposibilidad de avalar el borrador que le presentó el ministro Jorge Triaca a la Confederación General del Trabajo.

Un importante dirigente de la central sintetizó en que el escrito “beneficia a los empresarios y premia a los evasores”. “Es una reforma que no tiene manera de aprobación, es anti-obrera”, sintetizó.

Pese a lo que se dice en los diferentes medios y en los pasillos de Casa Rosada y el Ministerio de Trabajo acerca de que el triunvirato otorgaría el visto bueno, los rumores que circulan en la sede histórica de Azopardo al 800, se oponen a estas versiones. “Están apurados los muchachos (refiriéndose al Gobierno), trajeron el borrador y nos dijeron: ´El lunes nos juntamos a debatirlo´, pero no es así, esto lleva su tiempo”, apuntó la fuente de Sonido Gremial.

Otro consultado aseguró que muchos de los integrantes del espacio Cambiemos, tampoco estarían muy en acuerdo con este proyecto: “Hasta algunos legisladores del PRO están en contra de esta reforma”.

“El Gobierno quiere cambiar para peor la vida de los trabajadores, destruir el sistema jubilatorio, van a garantizar un Estado que en vez de estar para resolver las desigualdades que existen en la sociedad, estructuran  la garantía de las ganancias de las empresas”, criticó aun con más dureza otro dirigente ajeno a la CGT.

Todos los caminos llevarían a que las ilusiones del Gobierno de tratar la “ley” antes de fin de año se verían truncadas por la complejidad y seriedad con la cual los dirigentes sindicales le dedican al tratamiento de esta reforma.

La discusión no está cerrada, pero tampoco avanza. Todo indica que el proyecto se trataría en las Cámaras, espacio legislativo en donde el Partido Justicialista y los representantes gremiales ya estarían cerrando filas en la discusión de los artículos que más le preocupan al movimiento obrero.

El debate se daría “no antes de diciembre”, fecha clave ante las preocupaciones del Gobierno, a sabiendas de la asunción de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Senado de la Nación, con todo lo que al Gobierno le infiere.